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PACHUCA, Hgo., 27 de mayo de 2026.- La crisis de basura en la región Tula-Tepeji continúa sin una solución definitiva luego de que el gobernador Julio Menchaca Salazar reconociera que el rechazo ciudadano frenó el proyecto de un nuevo esquema regional de manejo de residuos impulsado junto con el gobierno federal.
El mandatario estatal admitió que uno de los principales obstáculos fue la inconformidad social y la falta de información clara hacia la ciudadanía: “Hubo un rechazo y más por falta de información”, declaró. Asimismo, Menchaca confirmó que Petróleos Mexicanos (Pemex) ya cuenta con un predio relacionado con el proyecto, luego de los acuerdos alcanzados entre la paraestatal y el gobierno estatal: “Ya le pertenece el terreno a Pemex”, señaló.
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El espacio contemplaba originalmente la instalación de un Parque de Economía Circular, proyecto federal que buscaba atender el problema regional de residuos sólidos mediante la separación, reciclaje, tratamiento y aprovechamiento energético de la basura. La propuesta formaba parte de los llamados Polos de Desarrollo para el Bienestar y pretendía reducir la dependencia de rellenos sanitarios tradicionales, así como disminuir la cantidad de desechos enviados a disposición final.
De acuerdo con información presentada previamente por autoridades federales, el parque contemplaba procesos tecnológicos para el reciclaje, valorización de residuos y aprovechamiento industrial, además de disminuir los tiraderos clandestinos y la contaminación generada por basureros a cielo abierto. El proyecto también buscaba convertirse en una alternativa para resolver la saturación del relleno sanitario regional de Tula, cuyo colapso operativo generó afectaciones en municipios de Hidalgo y el Estado de México.
Sin embargo, colectivos ambientales y habitantes de la región manifestaron su rechazo al considerar que existía poca claridad sobre los impactos ambientales, el manejo de residuos y los posibles riesgos sanitarios en una zona históricamente afectada por la contaminación industrial. La oposición social creció principalmente en municipios como Tula de Allende, Atitalaquia y Tlaxcoapan, donde ciudadanos acusaron falta de transparencia y escasa socialización del proyecto.
Incluso, tras las protestas y el rechazo comunitario, el gobierno federal comenzó a valorar la posibilidad de mover el proyecto hacia otra entidad. Ante este panorama, Menchaca Salazar reconoció que el problema rebasa la capacidad de un solo ayuntamiento, ya que actualmente existen alrededor de 400 tiraderos y puntos de disposición irregular en los municipios cercanos.