Infonavit, delincuencia organizada
El régimen político cambió. La concentración de poder significa que mucho ahora dependa de la presidenta Sheinbaum, pero también hay un entorno desafiante en extremo en tres planos: la inseguridad pública, el frente exterior y la economía. Cada uno representa una amenaza mayor de no actuar con acierto. La democracia mexicana como era conocida -poder presidencial acotado y desconcentrado, constitucionalidad por un Poder Judicial Independiente, pluralidad en la representación política, órganos electorales independientes, etc.- queda atrás. Se recupera el poder presidencial vertical y articulador de todo lo público. Pero no es el regreso al pasado no democrático, el país ingresa a un terreno inédito hacia el autoritarismo. La militarización de la vida pública, la polarización y la popularidad de quien detenta la presidencia son las nuevas coordenadas. Nada que se le parezca.
El poder judicial ha sido destruido. En este año habrá de integrarse la primera parte a través de una elección directa de juzgadores. El desdén del régimen al proceso, a pesar de su importancia y de que fue decisión suya emprenderlo, queda en evidencia con la imposición de tiempos estrechos y restricciones presupuestales de consideración, ante una autoridad electoral penosamente sometida, que difícilmente puede articular resistencia o reclamo por la falta de apoyo. Es una elección destinada al fracaso por la previsible baja afluencia a las urnas; la modificación de los centros de votación, el diseño en su conjunto es un absurdo. La boleta lo muestra. La realidad es que el modelo de elección hace imposible lo fundamental, un voto ciudadano informado y con presencia suficiente para que sea representativo de la sociedad. De por sí la determinación de elegir juzgadores con voto popular es discutible, mucho más la definición del proceso electoral, no sólo la jornada, sino todo lo que le antecede, sin considerar las dificultades para resolver las impugnaciones antes, durante y después de la elección.
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