58 años después de Tlatelolco, el mundial revive la represión autoritaria

PACHUCA, Hgo, 09 de junio del 2026.- A 58 años de Tlatelolco, México vuelve a ser sede inaugural de un evento global. El paralelismo entre los Juegos Olímpicos de 1968 y la Copa Mundial FIFA 2026 no es anecdótico: reaparecen la protesta social masiva, la tensión entre seguridad y libertades, y la responsabilidad del mando.

El 12 de octubre de 1968 se inauguraron los Juegos Olímpicos en la Ciudad de México, la primera justa deportiva global celebrada en nuestro país. México, entonces considerado en vías de desarrollo, invirtió cinco años en construir la infraestructura necesaria para recibir a más de 5,500 atletas de 112 países.

Apenas diez días antes había ocurrido la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco, donde elementos del Ejército reprimieron y asesinaron a jóvenes que se manifestaban para exigir mayores derechos estudiantiles.

Desde entonces, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz quedó marcado por esos hechos, pese a su frase posterior en el Informe de 1969: "Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado”.

Han transcurrido casi cincuenta y ocho años. Muchos de aquellos jóvenes fundaron organizaciones comunistas y, después, partidos de izquierda.

Entre los estudiantes del 68 estaba Annie Pardo Cemo, entonces profesora y estudiante de posgrado del Instituto Politécnico Nacional, representante de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas ante el Consejo Nacional de Huelga. Hoy, su hija, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza la Presidencia de la República. La ironía histórica es evidente, quien hoy ocupa el Ejecutivo proviene directamente de la generación reprimida en 1968.

Estamos a días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que por primera vez reunirá a 48 selecciones, la inauguración está prevista en la Ciudad de México con el partido de la selección mexicana. México será el primer país en organizar tres mundiales, aunque esta vez conjuntamente con Estados Unidos y Canadá.

Todo parece emoción y júbilo popular. Sin embargo, como en 1968, la primera mandataria no celebra con entusiasmo la realización del torneo en territorio nacional. Es la primera coincidencia.

La segunda es la protesta. Se anuncian movilizaciones del magisterio, que acusa a la titular del Ejecutivo federal de incumplir promesas de campaña sobre aumentos salariales significativos y la abrogación de la Ley del ISSSTE. También se organizan los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa, y transportistas en diversos puntos del país.

A ello se suma un frente exterior complejo, en los últimos meses, el gobierno de Estados Unidos ha iniciado procesos legales contra gobernadores emanados del partido en el poder, lo que tensa la relación bilateral.

El Poder Ejecutivo emanado de la izquierda mexicana parece haber olvidado sus orígenes y califica de "conservadores" y "de ultraderecha" a quienes disienten y se manifiestan.

Jurídicamente, esa descalificación es irrelevante. La Constitución es clara y no admite permisos previos para protestar: La manifestación de las ideas no será objeto de inquisición judicial o administrativa. Es inviolable la libertad de difundir opiniones e ideas por cualquier medio, sin restricciones indirectas. No se podrá coartar el derecho de reunirse pacíficamente con objeto lícito; una asamblea para presentar una protesta no es ilegal si no hay injurias ni violencia. Toda persona tiene derecho a entrar, salir, viajar por el territorio y mudar de residencia sin requisitos semejantes a pasaporte.

La Suprema Corte ha invalidado la exigencia de autorización previa para protestas, al considerar que viola el derecho a la protesta y genera efecto inhibitorio, y ha reiterado que la falta de aviso no invalida la manifestación. La CNDH advierte que limitar la protesta afecta sobre todo a quienes carecen de otros canales de expresión.

Los operativos en autopistas para impedir el arribo de contingentes a la capital colisionan frontalmente con estos preceptos. No basta invocar orden público, toda restricción debe ser legal, necesaria y proporcional.

En este contexto, la disyuntiva del Estado es clara: negociar con los demandantes, aun a costa de concesiones difíciles de cumplir, reprimir para disuadir o vigilar que las protestas sean bajo protocolos.

Ya hay un antecedente grave. En días recientes, durante un repliegue policial cerca de Palacio Nacional, el profesor Proceso Columbo González González, originario de Guerrero, fue herido y perdió un ojo. Su estado de salud es grave y, de sobrevivir, quedaría ciego de por vida.

Este hecho no puede agotarse en la responsabilidad individual del agente que disparó. La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza obliga a investigar la cadena de mando, quien ordenó el repliegue con "armas no letales" que demostraron ser letales debe responder por abuso de autoridad y lesiones graves.

La titular del Ejecutivo se ha mostrado en las últimas semanas molesta, inquieta y autoritaria. Es lo contrario de lo que una representante del Consejo Nacional de Huelga de 1968, hubiera esperado de su hija.

Son momentos en que cualquier evento social puede salirse de control. Los ojos del mundo estarán puestos en México durante el Mundial. No se trata solo de imagen internacional, sino de coherencia constitucional.

Por el bien de todos, el gobierno debe operar con eficacia jurídica, no con contención policial. Negociar no es ceder; es cumplir el mandato de los artículos 6, 7, 9 y 11 constitucionales.

Como canta Ricardo Arjona en "Caudillo": "qué fácil se acomodan los ideales a capricho". Que la historia no registre, otra vez, que los ideales se acomodaron al poder.

Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Quadratín.