BUITRES DE LA CIUDAD: Les importamos poco, esa es la verdad

PACHUCA, Hgo., 14 de agosto de 2015.- Uno de los errores más comunes en el Gobierno es creer que la entidad está blindada de lo que ocurre en el resto del país. “Esto no pasa aquí”, “son casos aislados”, “no es un asunto grave”, se vocifera desde la boca soberbia de funcionarios de todos los niveles, hasta que, por natural curso del caos universal, la realidad les golpea en la cara.

Creían que la violencia hacia las mujeres era un asunto menor hasta que a principios del año 2013 fueron asesinadas con evidentes motivos de odio siete mujeres en el municipio de Tula.

Las activistas presionaron, la sociedad civil se pronunció, y al gobierno hidalguense le tocó tipificar los feminicidios en la entidad. No obstante se han negado a emitir una alerta de género.  28, 5 años; 7 agresiones

Ahora vuelven a repetir la escena.

Creen que la emergencia por los recientes asesinatos de periodistas en el país (104 en 15 años; 7 en lo que va de este 2015, una agresión cada 26 horas) no es algo que incumba a Hidalgo.

Me ha tocado escuchar con preocupación a algunos miembros de la administración estatal decir que no son graves las ocho agresiones a periodistas ocurridas en  la entidad en este año. Faltaba más.

Es posible que algunos miembros del Gobierno crean que Hidalgo no es México, o que por alguna mágica razón, aquí se vive una realidad alterna. Que el reciente escándalo suscitado por el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa el pasado 31 de julio, no rompe el mito de las

“ciudades refugio” para periodistas amenazados, como se supone que era el Distrito Federal.

¿Por qué están tan seguros?

Evidentemente porque deben ser conscientes que tal violencia contra periodistas en México no es propiciada en su mayoría por el narcotráfico o delincuencia común, sino por los gobiernos mismos en cualquiera de sus niveles. Alivio para quienes ejercemos este oficio en Hidalgo, ya que el Gobierno no tiene la intención de amedrentarnos más allá de lo que, de por sí, siempre ha hecho: amenazas, coerción y persecución laboral, golpes, indefensión legal, bloqueo informativo, violaciones a derechos humanos… Por no hablar de los engaños políticos a los que intentan someter a  las y los trabajadores de la prensa estatal, mediante la reciente Ley de proyección a periodistas

Ahondemos en eso.

Se ha creado en Hidalgo una Ley de protección a periodistas estatales, la cual incluye a defensores y defensoras de derechos humanos.

En tal legislación se establece la creación de una “Comisión” que a la sazón pretenden llamar “Comisión Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas y

Colaboradoras Periodísticas (¿colaboradoras periodísticas? ¿Entenderán el significado y alcances de ese término?), la cual fungirá como instancia observadora de violaciones a dicha norma.

El problema es que la senda comisión está integrada por puros miembros del gobierno  y solamente un representante del ámbito periodístico.

Según el artículo cuarto de su capítulo dos, la “junta de gobierno” de la comisión quedará integrada por un representante de la secretaría de Gobierno, de la Procuraduría, de seguridad

pública, del congreso del Estado, del poder judicial, de la Comisión de Derechos Humanos, y

“defensor de audiencia” (una figura con funciones de censor) y “un representante del gremio de periodistas acreditados en el Estado”.

¿Dije que la Ley incluye a activistas de los derechos humanos? Pues bien, según el ante proyecto de reglamento de la Ley, no tienen asiento en la comisión que dice, les defenderá.

Le cuestioné esto a un representante del gobierno estatal y lo que obtuve como respuesta me pintó de facto la realidad, la terrible realidad, a la que estamos sometidos las y los periodistas en el Estado.

Dijo mi fuente que tal comisión está hecha así porque se consideró por parte de quienes elaboraron el reglamento que ésta debe ser “ejecutiva”, y por eso él entiende que sus integrantes tengan facultades legales para tomar decisiones. Decisiones, claro, pero que se tomarán ignorando las opiniones de periodistas y hechas fuera del ámbito de su realidad. Una genialidad, pues.

Así es que hay Ley, pero no hay reglamento, ni comisión, ni presupuesto; pero eso sí, hay un Fiscal, integrado a la Procuraduría General de Justicia estatal.

¿Y qué es del Fiscal hidalguense contra delitos a periodistas?

La responsabilidad recayó en un doctor en derecho de nombre Héctor Zarate de larga trayectoria en la burocracia local, cuya experiencia periodística se circunscribe a ser cronista de corridas de toros.

Dos meses después de su nombramiento, apenas este jueves 13 de agosto, el gobierno le organizó un desayuno para presentarlo ante periodistas estatales. Ahí, reporteros y reporteras le cuestionaron sobre su trabajo, sobre su qué hacer y sobre su conocimiento de las agresiones al

gremio hidalguense en los últimos 5 años. Zárate excusó su ignorancia aduciendo: “sólo llevo 2 meses” en el cargo.

No es menor lo que ignora el fiscal Zárate, ya que se han documentado de manera independiente 28 casos de violencia contra periodistas hidalguenses en os últimos 5 años, de los cuales, los últimos 8 han ocurrido tan sólo en los dos meses recientes. Es decir que, por decir lo menos, la flamante fiscalía  debería ponerse a trabajar en lugar de organizar desayunos.

Pero en la administración estatal ya están cerrando la cortina. El último año de Gobierno ya empezó y lo más evidente es que el tema de la seguridad a periodistas recaerá en la próxima

administración, la que, entre que llega y barre lo regado, atendería el asunto por ahí del año 2017

¿Será? Por la vida y seguridad de las y los periodistas y activistas en Hidalgo, ojalá que no.

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