Con antecedentes de agresión sexual, quiere ser consejero del IEEH

PACHUCA, Hgo., 19 de agosto de 2015.- A principios de julio comenzaron los concursos del Instituto Nacional Electoral (INE) para elegir a los consejeros y consejeras de los Organismos Públicos Locales (OPL). Dieciocho entidades participan, incluido el Estado de Hidalgo.

El proceso en esta entidad ha arrojado sorpresas. Por ejemplo, que el actual consejero presidente del aún llamado Instituto Estatal Electoral de Hidalgo  (IEEH), Mario Pfeiffer Islas, quedó fuera del concurso porque no aprobó la etapa de ensayo.

Otras aún más desagradables como que uno de los aspirantes, José Arturo Sosa Echeverría, actual coordinador jurídico del IEEH, participa con antecedentes de acoso y violencia sexual contra trabajadoras del organismo electoral hidalguense.

Estas acusaciones comenzaron en diciembre del año 2011 mientras se realizaban los Foros públicos para la creación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Hidalgo. Ahí, trabajadoras del IEEH tomaron la palabra para denunciar el hostigamiento sexual que enfrentaban por parte de Sosa Echeverría.

Dijeron que altos funcionarios del IEEH, entre ellos el entonces presidente del organismo y actual diputado federal suplente del PRI por el distrito de Tula, Daniel Rolando Jiménez Rojo, tenían conductas misóginas y acosaban sexualmente a las trabajadoras.

Así lo informé cuando en ese entonces era reportero de la agencia CIMAC y de la agencia Desde Abajo. Estuvo en el Foro. Recuerdo la tensión en sus rostros; sus miradas resecas sobre quienes ahí las escuchaban; las palabras que rompían con sollozos de furia el miedo y el silencio.

Muchas de ellas dijeron no se habían atrevido a denunciar eso antes porque entre las trabajadoras había madres solteras quienes temían perder su trabajo si hacían público el acoso de Sosa Echeverría. Sin embargo, ahí estaban, decididas a quebrar la impunidad.

Además, dijeron que los consejeros electorales y los representantes de los partidos políticos ante el Consejo General del IEE no hicieron nada, a pesar de los pedidos de ayuda y de haber conocido los casos de agresión sexual.

De la única persona al interior del IEE que obtuvieron solidaridad fue de la entonces consejera María de Jesús Hernández.

Ella, en el día que el consejo general electoral sesionaba para dar nombramiento al propio Sosa

Echeverría como coordinador jurídico del IEE el 26 de octubre de 2007, denunció ante el pleno las agresiones por las cuales era responsable quien en ese momento tomaba posesión.

No obstante, Jiménez Rojo y los demás consejeros la callaron y retaron  a demostrar sus acusaciones. Recuerdo que el presidente del IEE dijo entonces, “meter las manos al fuego” por Sosa Echeverría.

Entrevisté a las mujeres acosadas sobre esa situación y recuerdo su contestación plena de frustración:

“La violencia existe y somos víctimas y testigas quienes hemos padecido esto ¿Cómo comprobar las miradas libidinosas, las sucias invitaciones, los chantajes sexuales? Pero nosotras sabemos que existe”.

En ese entonces los trabajos de la Ley estatal contra la violencia hacia las mujeres eran presididos por las entonces legisladoras locales Irma Beatriz Chávez Ríos del PAN y Tatiana Ángeles Moreno del PRD, además de Julio Menchaca Salazar, del PRI. Las dos primeras, que estaban organizando el foro aquel, se comprometieron ante activistas y funcionarias del Instituto Hidalguense de las Mujeres (IHM) a llevar el caso ante el pleno del Congreso estatal.

Ahora Sosa Echeverría aspira a ser consejero del organismo local del INE en Hidalgo. ¿Será la llegada de este tipo de personajes lo que más convenga a un Estado sumido en el descrédito

político?

Claro que nadie le ha regalado nada a nadie en este proceso de selección, de tal manera que hasta el reconocido abogado Pfeiffer Islas ha quedado fuera. Sin embargo sería una mala señal para el de por sí autovitupereado presidente del INE a nivel nacional, Lorenzo Córdova (revívase el caso “yo gran jefe toro sentado”) permitir la inclusión de un consejero con estos antecedentes. No es un asunto moral – que podría serlo-, sino la denigrante acción individual de quien aspira a interpretar la ley con semejante calidad ética.

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