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PACHUCA, Hgo., 24 de noviembre de 2015.- La preocupación y ansiedad se apoderó de algunos integrantes de la LXII legislatura local de Hidalgo, y no es para menos, en unos meses concluirán su periodo y su futuro político es incierto, o dicho en otras palabras, se quedarán sin chamba a partir de agosto del próximo año.
Y es en medio de esta nostalgia por el cada vez más cercano fin de la actual legislatura local (para algunos analistas la peor desde hace décadas), debido a que pocos serán los diputados que logren continuidad en su carrera política, si es que el PRI les da la oportunidad de participar en las elecciones del 2016.
Criticada duramente por sus desaciertos y desinformación a la hora de aprobar leyes, así como por la inmadurez política y mental de algunos de sus integrantes, de la LXII legislatura el PRI rescataría cuadros que le garanticen no sólo el triunfo en las próximas elecciones, sino la recuperación de municipios importantes hoy en poder de la oposición.
Por ello, últimamente se menciona con insistencia los nombres de las diputadas locales, Dora Luz Castelán Neri, Edith Avilés Cano y Mabel Gutiérrez Calderón, quienes aspiran a ser candidatas del PRI a las presidencias municipales de Acaxochitlán, Actopan y Tizayuca; y que con la cuota de equidad de género podrían concretar sus aspiraciones.
Misma situación buscan concretar los legisladores Héctor Pedraza Olguín, quien podría ser postulado en Ixmiquilpan, (municipio gobernado por el PAN y sometido a los intereses de los hermanos Charrez), así como Javier Amador de la Fuente, a quien candidatean como aspirante por su natal Jacala, o en un escenario nada favorable terminaría con un cargo de bajo perfil dentro de la próxima administración estatal.
Sin embargo, mientras algunos piensan cómo mantenerse vigentes políticamente, otras más aprovechan al máximo sus últimos meses para amasar propiedades, dinero y todo cuanto se pueda sacar del Congreso local, como es el caso de la diputada Nadia Carolina Ruiz Martínez, quien tomó protesta en febrero del 2015 tras la salida de Gloria Hernández Madrid, actual diputada federal.
Carolina Ruiz fue balconeada por el periodista Carlos Camacho, ya que al tomar posesión como diputada su declaración patrimonial estaba en ceros y no contaba con ningún inmueble, pero bastaron un par de meses para que se hiciera de un crédito en Santander para adquirir una vivienda en el exclusivo fraccionamiento Residencial Provenza, un terreno en Apan, así como el manejo discrecional de 60 mil pesos mensuales que el Congreso local le otorga para “gestión social” y los cuatro justificantes alterados de gasolina que presentó ante el área administrativa del Congreso y que en un mes sumaron alrededor de 20 mil pesos.
El asunto –narra el propio Carlos Camacho en la edición 618 de la revista Vía Libre- no tendría nada de malo, si no fuera porque la legisladora no sólo trata con la punta del pie a sus 8 empleados, sino porque no les paga, encima los amenaza de muerte y tampoco paga a sus proveedores, como tampoco ha pagado la renta de su casa de gestión social desde el mes de junio.
Así las cosas en el Congreso local, que pasará a la historia con más pena que gloria, eso sí, entre la nostalgia de algunos y las ambiciones y abusos de otras más.