Ráfagas: Tula, dinero extraviado
PACHUCA, Hgo., 1 de febrero de 2016.- Mientras las autoridades migratorias ya deportaron a 77 de los 121 inmigrantes indocumentados que fueron detenidos el primer fin de semana de enero en diferentes operaciones en los estados de Georgia, Texas y Carolina del Norte, a Honduras, Guatemala y México, el gobierno federal estadounidense intenta en vano justificar estas acciones inhumanas.
Oficialmente se afirmó que afirmó que las detenciones afectaron a adultos y niños inmigrantes sobre los que pesaba una orden judicial final de deportación y que “tuvieron la oportunidad de presentar recursos ante un juez migratorio”. El Departamento de Seguridad Nacional ha insistido en varias ocasiones que los arrestos y deportaciones se han dirigido contra inmigrantes que tienen órdenes finales de deportación y que han agotado todos los recursos legales, al no tener derecho a reclamar asilo u otro alivio humanitario bajo las leyes estadounidenses.
De hecho, el portavoz del ICE defendió la semana pasada que las 77 deportaciones no se dirigieron contra individuos que tenían pendiente un recurso ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (la mayor instancia judicial para temas migratorios) y tampoco contra inmigrantes que todavía tenían plazo para presentar apelaciones.
Frente a ello, diferentes organizaciones de inmigrantes critican las redadas y aseguran que infligen un daño y angustia innecesaria a las familias, que quedan “rotas” tras las deportaciones. En Estados Unidos, los representantes de ambos partidos, republicanos y demócratas, están de acuerdo en que el sistema migratorio actual no funciona, pero mientras los republicanos apuestan por reforzar la frontera, los demócratas consideran necesario apoyar las medidas migratorias del presidente Barack Obama.
Estas medidas, proclamadas por Obama en noviembre de 2014, se encuentran ahora bajo el examen del Tribunal Supremo que deberá decidir sobre el futuro de cinco de los once millones de indocumentados que viven en el país, en su mayoría padres con hijos estadounidenses o jóvenes que llegaron al país de niños.
El vicepresidente de EEUU, Joseph Biden, ha tratado de apaciguar a los demócratas que se han quejado por la deportación de decenas de inmigrantes indocumentados, la mayoría centroamericanos, al asegurarles que ese proceso se hace de la forma “más humana” posible, sin embargo es evidente que el lado oscuro de la administración Obama, es en materia de la poca sensibilidad ante el sufrimiento que ocasionan las crueles redadas y consecuentes deportaciones indiscriminadas, dirigidas principalmente a los hispanos.
El mensaje de Biden llega después de que más de 140 congresistas y 22 senadores demócratas firmaran cartas a la Administración en las que expresaban su oposición a las redadas e instaban a un cambio de política frente a la inmigración ilegal en la frontera sur, mismo que cada vez que pareciera dar un paso para acercarse, termina dando 2 hacia atrás por cualquier motivo. Frente a ello, diferentes organizaciones de inmigrantes critican las redadas y aseguran que infligen un daño y angustia innecesario a las familias, que quedan “rotas” tras las deportaciones, el cual es termino bastante adecuado puesto que arrancar a un miembro de una familia dejándola sin apoyo y sustento, no beneficia en nada las condiciones económicas, políticas o sociales de los Estados Unidos.
“Deportemos a todos aquellos que supongan un peligro para este país, pero la noción de deportar a gente que es inocente, que no presenta un peligro para este país, la noción de dividir a familias, esa no debería ser nuestra política”, sería la más entendible política migratoria, pero en la cual no han podido coincidir Demócratas y Republicanos.