¿A qué mujeres queremos para la SCJN?

En los últimos años, se han presentado un conjunto de reformas encaminadas a conseguir una paridad de género en diversas áreas del gobierno. Uno de los casos más concretos, es cada vez mayor presencia de  mujeres en el Congreso de la Unión.

¿Por qué no extender esta paridad de género a instituciones como la Suprema Corte de Justicia? Un organismo de 194 años, que hasta el momento sólo ha tenido a 13 mujeres como integrantes.  Otros ya se lo han cuestionado en el pasado e incluso ya lo han solicitado a los presidentes en turno.

En septiembre de 2015, la Asociación Mexicana de Juzgadoras mandó una carta al entonces presidente Enrique Peña Nieto, solicitándole que las ternas de candidatos para suceder a los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza se compusieran sólo de mujeres.  Cosa que no sucedió, y sólo mandó una.

En cambio, durante su corto mandato, por segunda vez, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha enviado una terna exclusiva de mujeres para suceder a un ministro de la Suprema Corte, abriendo la posibilidad a que sean ahora tres las que ocupen uno de los 11 asientos.

Y por supuesto que no es suficiente, pero son decisiones que  sus antecesores claramente no estuvieron dispuestos a dar.

El panista Felipe Calderón tuvo cinco veces la oportunidad de enviar ternas exclusivas de mujeres y no lo hizo en ni una sola ocasión, es decir, si envió a mujeres dentro de las ternas, pero ninguna de ellas llego a ocupar una silla. Las posibilidades simplemente eran menores y quizás también la voluntad de los legisladores que deciden.

Pero no basta que lleguen, nunca está de más una pregunta no menor: ¿a qué mujeres queremos para ocupar el importantísimo cargo de jueza constitucional?

Durante su comparecencia, la hoy ministra Yasmín Esquivel Mossa se declaró “a favor de la vida”, desconociendo lo que ha resuelto la Corte en materia de aborto.

La próxima semana serán las comparecencias de Diana Álvarez, Ana Laura Magaloni y Margarita Ríos-Farjat, pongamos mucha atención.

Acá un breve perfil de las tres mujeres:

Margarita Ríos-Farjat

Es abogada y maestra en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Nuevo León; doctora en Política Pública por el Tecnológico de Monterrey; también ha tomado cursos de especialización en el Instituto de la Judicatura Federal y la Bolsa Mexicana de Valores.

Trabajó en el Poder Judicial de la Federación; ejerció en diferentes firmas de abogados, profesora de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y coordinadora de cátedra en la Universidad Metropolitana de Monterrey.

Coadyuvó a integrar el colectivo Coalición Anticorrupción y fue miembro del comité directivo de la plataforma civil “Cómo Vamos Nuevo León”.

Ana Laura Magaloni

Es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y licenciada de Derecho por el ITAM. Es profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos CIDE y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 2.

Ha sido investigadora visitante en el European Law Research Center de la Universidad de Harvard y profesora visitante del International and Comparative Law Research Center en la Universidad de California en Berkeley.

Ha sido una precursora en México de los estudios empíricos sobre instituciones de justicia, con particular énfasis en las instituciones de persecución y enjuiciamiento penal, el juicio de amparo y la Suprema Corte.

Diana Álvarez Maury

Es licenciada en Derecho por Instituto Tecnológico Autónomo de México y cuenta con un posgrado en Administración de Empresas.

Fue catedrática por más de 15 años en las materias de Derecho Constitucional, Garantías Individuales, Teoría del Estado, Sistema Político y Legislación Electoral.

Actualmente se desempeña en la Secretaría de Gobernación (Segob) como subsecretaria de Prevención y Participación Ciudadana.

Hasta antes de su puesto en la Segob, se desempeñaba como consultora y asesora en temas jurídico-políticos.

Según los sondeos Ana Laura Magaloni, es la candidata favorita de la oposición, especialistas, académicos y organizaciones civiles, por su perfil autónomo e independiente, además de que proviene de la academia, y sobre todo porque actualmente no ostenta ningún cargo público.

En tiempo real

1.- Parece que los Javier Lozano, de un bando; y los Abraham Mendieta del otro, están buscando un premio a la estridencia.

La noche del sábado, el politólogo Abraham Mendieta lanzó un video en sus redes sociales, en donde señala que ha sido constante víctima de ataques por parte de Javier Lozano, donde destaca el uso de lenguaje xenófobo.

Desde entonces las redes sociales, se han llenado de insultos de uno y otro bando, el detalle que llama la atención es que son radicales, y dejan en medio de todo este caos de descalificaciones, mensajes de odio e insultos a los moderados, ciertamente la gran mayoría.

2.- Desde el pasado 23 de noviembre entró en marcha el Registro Nacional de Detenciones.

“Este registro representa un instrumento jurídico único en su género, a nivel mundial, que pondrá a nuestro país a la vanguardia en materia de derechos humanos, ya que será una herramienta fundamental para prevenir delitos como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y tortura”, afirmó el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo.

La plataforma permitirá por primera vez dar seguimiento puntal en todo el país de lo que pasa con una persona detenida y, por medio de una plataforma de consulta pública, conocer en tiempo real su nombre, el lugar en el que se encuentra, el motivo de la detención y la autoridad responsable de retenerla.

Sin duda y por los tiempos que vivimos, este mecanismo será un instrumento de transparencia para la tranquilidad de las familias mexicanas, además podría dar más confianza ciudadana en las policías, algo de lo cual, no gozan precisamente.

3.- Integrantes de la comunidad LeBarón pidieron al gobierno de Estados Unidos que los cárteles mexicanos sean catalogados como organizaciones terroristas antes de que cumplan con su objetivo de construir un narcoestado en México.

En la misiva que busca recolectar 100 mil firmas antes de Navidad para que el presidente Donald Trump les conteste en menos de 30 días, aseguran que los cárteles mexicanos asesinan por sí mismos a muchas más personas que todos los grupos terroristas oficialmente reconocidos.

No cabe duda, que las consecuencias del caso LeBarón podrían complicarse seriamente.