(W) Ecos Sindicales: Operación Panal
A las autoridades en diversos municipios, se les ha complicado conciliar la protección de la vida de sus gobernados y la necesidad que tienen los comerciantes de subsistir en tiempos de pandemia y algunos de ellos han llegado al extremo de la represión y la amenaza en contra de quienes salen a las calles a protestar para exigir que se les permita continuar con sus actividades, lanzando un llamado de alerta: “abrimos o morimos”.
Ayer y hoy, la plaza Juárez de Pachuca, fue el escenario que usaron restauranteros de esta capital para pedir a la autoridad estatal y la municipal, empatía y sensibilidad, para llegar a un acuerdo que les permita abrir con las limitaciones a que obliga la presencia del Covid-19, y para que las autoridades cumplan con su estrategia de reducir al máximo el número de contagios y muertes.
“Los restaurantes no somos focos de contagio”, se leía en una gran manta mostrada en la explanada de la plaza Juárez, donde decenas de comerciantes se manifestaron para pedir la ayuda del gobierno.
En calles como Doria, Allende, Hidalgo y Guerrero, los comerciantes, algunos vestidos de negro, con pancartas también manifestaron su necesidad de abrir, pues de lo contrario corren el peligro de cerrar definitivamente sus negocios.
Algunos se quejaron de que la venta de comida para llevar no cubre las necesidades mínimas de un negocio que paga renta, empleados, servicios y los insumos diarios.
En municipios como Huejutla, Mineral de la Reforma, Actopan, Progreso, tula de Allende, entre otros más, las manifestaciones han sido recurrentes desde el año pasado, precisamente cuando las autoridades establecen el semáforo rojo y obligan al cierre de negocios no esenciales y en aquellos esenciales, como fondas, cocinas económicas y restaurantes, reducen los espacios para los comensales al 30 por ciento de su capacidad.
Pero ahora que se les ha obligado al cierre total, es que han salido a las calles nuevamente, para que las autoridades se sienten a platicar con ellos y juntos busquen las medidas que permitan a las autoridades cumplir con la reducción de muertes y contagios por Covid, y a los negocios de comida, mantenerse abiertos, con las medidas pertinentes de protección, para evitar el cierre definitivo.
Pero ha habido reacciones de las autoridades locales, que desbordan los niveles de la tolerancia, como en Tulancingo, donde un grupo de comerciantes, que se manifestó la semana pasada, para acusar que las autoridades los han engañado con falsas promesas de apertura y luego viene la amenaza de usar hasta a la Guardia Nacional, si es necesario, para someter a los manifestantes.
En Actopan, la presidenta municipal Tatiana Angeles Moreno, luego de varias confrontaciones con los comerciantes anunció ayer el cierre de la presidencia y de los comercios, por lo menos hasta el 14 de febrero. Esta medida incluye a la presidencia municipal, donde sólo habrá atención a la ciudadanía en ciertos trámites.
El famoso tianguis de los miércoles, tampoco se instalará, todo ello con el propósito de evitar más contagios. “No queremos más muertes”, dijo la alcaldesa postulada por Morena.
Erika Rodríguez Hernández, presidenta estatal del PRI, también les entró a las declaraciones y criticó a quienes en plena pandemia “hacen su agosto”, lucrando con la necesidad de la gente que se ha visto afectada por el coronavirus.
Pidió “solidaridad y empatía” y manifestó su rechazo a “la usura y el lucro indebido”, de aquellos que se aprovechan de la necesidad de la gente, con la venta de productos que se requieren para la atención de pacientes con Covi-19.
Con todo y ello, el semáforo rojo se mantendrá hasta el 14 de febrero y luego las autoridades verán qué medidas toman, si se prolonga el cierre de negocios o se toman medidas más empáticas con los comerciantes y la gente que por necesidad requiere salir a las calles a ganarse la vida.
Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Quadratín.