Balcón político: Cómo frenar los abusos y la discriminación social

PACHUCA, Hgo., 22 de abril del 2021.- Al parecer la capacitación a funcionarios públicos para evitar los abusos contra grupos vulnerables, no ha sido suficiente y por ello el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Poder Legislativo local, ha propuesto una iniciativa que reforma la ley para prevenir, atender, sancionar y eliminar la discriminación en el estado de Hidalgo.

Y fue el diputado Julio Valera Piedras, que se da tiempo para sus tareas como presidente estatal de su partido y acompañar a los candidatos de su partido a diputados federales y locales, quien dio cifras para sustentar la propuesta de su bancada.

Dijo, por ejemplo, que el Censo Nacional de Derechos Humanos 2020, a nivel federal y estatal, elaborado por el INEGI, arroja que en 2019 aumentó 34.7 % con respecto del año anterior, la cantidad de servidores públicos sancionados por los Organismos Protectores de los Derechos Humanos, al pasar de 588 a 792.

El 43.3 % de los funcionarios públicos sancionados, laboraban en alguna institución encargada de la función de seguridad pública o vialidad en el ámbito municipal, 26.2 % pertenecía a una institución encargada de brindar seguridad pública y/o vialidad en el ámbito estatal, 9.9 % de la presidencia municipal, 8.2 % de la Procuraduría General de Justicia y  3.9 % de la Secretaría de Educación Pública.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que 450 mil 054 servidores públicos recibieron cursos de capacitación, de los cuales 340 mil 790 son funcionarios federales y 102 mil 875 estatales y 6 mil 389 municipales.

Aunque los abusos contra quienes requieren de algún servicio, no paran, por lo que la bancada tricolor en el Congreso local, propone establecer “como un objeto de la Ley para prevenir, atender, sancionar y eliminar la discriminación en el estado, garantizar la no violencia institucional contra personas, grupos o comunidades, así como la debida diligencia en la actuación de esos servidores públicos.

También busca definir la violencia institucional, aquellos actos u omisiones de servidores públicos que discriminan o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos y las libertades fundamentales de personas, grupos o comunidades.

También se incluye contemplar como medida preventiva contra la discriminación y a efecto de garantizar condiciones de igualdad en el acceso a los derechos y oportunidades, generar mecanismos para garantizar el respeto, la no discriminación y la no violencia institucional por parte de los cuerpos de seguridad y servidores públicos.

Bueno, al menos la iniciativa ahí está, que se vuelva ley es ya otra cosa.