Balcón Político: Covid-19, desempleo y ahora robos y saqueos

Podría suponerse que al prolongado encierro en casa, la reducción en las actividades comerciales y económicas en el país, traen como problema colateral el aumento de la delincuencia común, esa que se dedica a atracar transeúntes, pasajeros en combis, desvalijar autos, asaltar a propietarios o empleados de comercios pequeños, sobre todo en colonias de la periferia de Pachuca.

Cuentan amigos y vecinos, entre ellos mi hermano, que en los últimos 15 días han sido víctimas de los ladrones comunes, sin que el daño sea reparado o ya de menos que las autoridades encargadas de brindar seguridad y poner orden, hagan su tarea.

A mi hermano le desvalijaron su auto, que diario estaciona a la puerta de su casa, en un callejón con, obviamente, una salida a la calle; un menor de edad que caminaba por las calles de San Bartolo, fue atacado por los ladrones que lo despojaron de su celular.

En la zona que territorialmente controlan para menesteres políticos, las organizaciones Movimiento Antorchista, de Guadalupe Orona; Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), de Martha López Ríos y Edith Ibarra, de la Unión de Fuerzas Indígenas y Campesinas (UFIC), la delincuencia común ha sentado sus reales.

Un repartidor de gas fue despojado de 15 mil pesos, producto de las ventas del día; en una calle de esa zona, en la que conviven alrededor de 10 colonias, especialmente la más conocida como 20 de Noviembre, los ladrones desvalijaron toda una fila de autos.

En una diagonal a la calzada Veracruz, una pareja fue atracada por cinco sujetos que aparentaban ir a comprar cervezas y botanas. Sometieron al dueño junto con su esposa, los ataron y desvalijaron la tienda.

Los uniformados, muy “celosos de su deber”, no se apareen por los lugares donde recurrentemente se cometen este tipo de delitos, menos ahora que están más empeñados en cumplir a pie juntillas las ordenes de las autoridades municipales de Pachuca, que a partir del viernes pasado amenazaron con aplicar multas equivalentes a entre 5 y 20 salarios mínimos, conmutables por retención en las galeras de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, o labor comunitaria, a todo aquel que no porte “obligatoriamente” cubre bocas.

Habría que polemizar con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), para ver si esta medida no atentan contra los derechos elementales de los ciudadanos y con la propia autoridad municipal, si no tiene un propósito recaudatorio. Aunque una acomedida regidora del ayuntamiento de Pachuca, ha anticipado que no se trata de juntar dinero sino de concientizar a la gente para que se cuide y cuide a los demás.

Por cierto, los agentes de seguridad pública municipal y de tránsito, encargados de aplicar el orden, parecen ser los primeros en romperlo, escudados en un uniforme que les hace sentir que “somos la autoridad” y los ciudadanos estamos para respetarlos y permitirles, incluso, el abuso de su autoridad.

Han convertido el acceso a un colegio y a unas oficinas de una organización campesina, en paso de doble circulación, para llegar a las instalaciones de su corporación, algo que no estaba permitido pues era paso de un solo sentido; quitaron dos postes que impedían el paso vehicular de la avenida principal del fraccionamiento Campo de tiro hacia las canchas deportivas, para usarlos ellos mismos como su camino y así evitar dar vuelta hasta la glorieta de El Bombero.

Podría pensarse que lo hacen para ahorrar combustible, pero no, porque precisamente el tramo del retorno del bulevar El Minero hacia las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, lo toman como pista, aceleran al máximo, aunque a 200 metros deben frenar para pasar el tope que regula precisamente el paso vehicular y evita que pasen a gran velocidad y se evite un accidente. Aunque apenas hace unas semanas ocurrió un percance en ese punto.

Qué se puede hacer, si “son la autoridad”, esa que ahora tiene su vista puesta en hacer valer la disposición del uso obligado de cubre bocas, en lugar de atender a todos aquellos que en dos semanas han sido víctimas de los delincuentes.

Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Quadratín.