(W) Ecos Sindicales: Operación Panal
Parecía que al alcalde de Tulancingo, el priista Fernando Pérez Rodríguez, le iría bien en su gestión de ya casi cuatro años; se supondría que sus años como locutor en la estación de radio XENQ, le permitió cercanía y empatía con la gente; que su trabajo como diputado local, le serviría de expertis, para su trabajo como presidente municipal, más aún cuando había recuperado ese municipio antes en manos del PAN, para su partido el tricolor.
Pero, en los últimos días han arreciado las acusaciones en su contra y ahora se han extendido hasta su antecesor, Julio Soto Márquez, ambos acusados de manejos turbios con los recursos públicos.
Contra este último, quien pretendía postularse de nuevo en pos de la alcaldía, se ha iniciado una carpeta de investigación en la Fiscalía Especializada de Delitos de corrupción, por un nada claro manejo con terrenos que eran del municipio y luego fueron a parar a manos de sus familiares.
De acuerdo con información recogida por la reportera Catalina Martínez, colaboradora de la revista Vía Libre, en días pasados, el regidor Pedro Hiram Soto Márquez, denunció al alcalde Pérez Rodríguez y a su tesorero Joel Santillán Trejo, por los presuntos delitos de ejercicio indebido del servicio público, cohecho y peculado.
Resulta que, según la acusación, intentó “comprar” la voluntad de los regidores, para firmar un contrato para un proyecto de actualización catastral, que era innecesario, que requeriría un supuesto gasto de seis millones de pesos, a cambio otorgaría a los regidores un bono de entre 80 mil y 120 mil pesos.
Pedro Hiram Soto Márquez denunció al presidente municipal Fernando Pérez Rodríguez y a su tesorero, por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, cohecho y peculado, con la acusación de querer aplicar un recurso de seis millones de pesos en la actualización catastral y para lograrlo daría un bono de entre 80 mil y 120 mil pesos para cada regidor.
También se cuestiona el manejo poco claro, del proyecto del Parque de Aventura, que no fue aprobado por la asamblea municipal, además de que anda en el aire un recurso por seis millones de pesos que habría autorizado el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, para el programa “Un sueño, un Deseo”, y como al parecer no se ejerció ese recurso, el gobierno federal exigió la devolución del dinero, que se tuvo que cubrir con los impuestos de los vecinos de Tulancingo, según la queja de sus denunciantes.
En suma, se habla de un posible desfalco por 18 millones de pesos, además de que el alcalde ha sido cuestionado por la determinación de la asamblea municipal, de obligar a la ciudadanía a usar cubre bocas, para reducir el impacto de la pandemia por el coronavirus, cuando muchos vecinos no tienen recursos suficientes para subsistir y de no usar el cubre bocas, serán multados o privados de su libertad.
Más aún, la sindico hacendario Verónica Cortes en representación de la fracción partidista del Revolucionario Institucional, la regidora Catalina Espinoza Domínguez de Nueva Alianza, Isaac Miguel Gómez de Encuentro Social, Gilberto Samperio de Acción Nacional y José Antonio Vértiz Aguirre de Verde Ecologista de México, hablaron sobre el inicio de carpeta de investigación con el número FEDC/UNIDAD01/075/2020 en contra del expresidente Julio Cesar Soto Márquez por peculado y otros hechos posiblemente constitutivos de delito; iniciada ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, también por, ejercicio indebido del servicio público, uso indebido de documentos y lo que resulte en contra del arquitecto Julio Soto Márquez e involucrados.
La acusación, afirman, se basa en una escritura pública detectada en el proceso de la actual entrega-recepción por cierre de gobierno, en un contrato de donación de un terreno en inmediaciones de Jaltepec (lugar de residencia de los Soto Márquez), en donde actualmente se encuentran las instalaciones del Centro de Desarrollo Comunitario en dicha comunidad.
Con este panorama el partido más perjudicado es el PRI, que seguramente postulará al empresario, ex alcalde y ex diputado federal, Jorge Márquez Alvarado, quien contenderá contra Damián sosa Castelán, propuesta de Morena, aunque pudiera también ser del Partido del Trabajo.
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