Ráfagas: Voracidad panalista
Históricamente, los grupos sociales organizados en el país, han luchado, primero por promover la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones de gobierno y que nuestras autoridades lo hagan con honestidad y transparencia, pero en el camino, muchos de esos grupos, se han topado con la renuencia, la desatención y el desdén gubernamental, y en no pocos casos, con la fuerza pública para ser persuadidos de no insistir en querer ser parte de esa élite que toma decisiones a nombre de millones de personas, en muchos casos, en perjuicio de esos millones que demandan democracia y transparencia.
A nivel federal, desde 1997 se ha dado una lucha por buscar que el Estado reconozca legalmente a esos organismos, la mayoría creados, para apoyar las demandas de grupos vulnerables o enfocados a temas específicos relacionados con los derechos humanos, la libertad de expresión, la protección del medio ambiente, el feminismo, entre otros muchos.
El 30 de abril, en la residencia oficial de Los Pinos, se firmó la Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo de las organizaciones Civiles y hasta el 30 de enero del 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación.
En Hidalgo, la lucha de grupos organizados, también lleva sus años y de acuerdo con cifras oficiales, en el 2017 había un registro nacional de 796 OCS´s de las cuales 335 accedieron a los apoyos del gobierno federal, para sus actividades.
De ese año al 2020, la cifra en organizaciones ha crecido hasta llegar a 870, de las cuales unos 400 representantes de 176, participaron en foros y reuniones de discusión que derivaron en que el Congreso local y su respectiva comisión, aprobaran hoy el dictamen que crea la Ley Estatal de Fomento y Fortalecimiento a las Acciones de las organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Hidalgo.
Con esta iniciativa, presentada por el titular del Poder Ejecutivo, Omar Fayad Meneses, se busca crear el marco lgal y regulatorio que de mayor participación en los asuntos públicos a las OSC´s.
Se busca, que dicha ley convierta a las OSC´s en agrupaciones de interés jurídico y público, precisamente por su capacidad de organización y de convertirse en protagonistas de impulso en temas centrales como la defensa de los derechos humanos, educación, medio ambiente, salud, seguridad pública.
Dicha ley, también permitirá a estas agrupaciones, acceder a apoyos y estímulos, de manera igualitaria y transparente. También se crea un mecanismo de participación en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas.
En suma, se busca brindar recnocimiento y certidumbre a la relación entre el gobierno y estos organismos ciudadanos.
También, de paso, se podrá dar una “cepillada” a organizaciones patito o creadas con fines ajenos a los del verdadero altruismo y que en el fondo se convierten en careta de estrategias políticas o simplemente para sacar dinero, con el argumento de la defensa de causas sociales.
Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Quadratín.