
La calculada victimización
Como en diciembre del 2020, el partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) cuestionó la actuación de los árbitros electorales y esta vez demandó la remoción de cuatro de los siete integrantes del consejo general, uno de ellos que concluye su labor el 3 de septiembre próximo y los otros tres hasta el 3 de septiembre del 2026.
Se trata de Augusto Hernández Abogado, Christian Uziel García Reyes, Miriam Saray Pacheco Martínez y Francisco Martínez Ballesteros, acusados de ser parciales en su actuar y se les vincula con una red de asociaciones civiles que buscan desestabilizar a Morena.
De acuerdo con el calendario establecido por el Instituto Nacional Electoral (INE) que designó a los siete consejeros electorales de Hidalgo, José Augusto Hernández Abogado, el más cuestionado, concluye su gestión en 11 días y los otros tres demandados por Morena, terminarán hasta el 3 de septiembre del 2026.
Junto con Hernández Abogado, también se van el mismo día Salvador Franco y Blanca Tolentino. La presidenta Guillermina Vázquez Benítez, terminará su gestión el 3 de septiembre del 2022, dos días antes de que se realice el relevo en el poder ejecutivo estatal.
En diciembre del 2020, la fracción de Morena en el Congreso local, encabezada entonces por el diputado Ricardo Baptista González, promovió la remoción de los siete integrantes del consejo general del IEEH, por considerar que no fueron imparciales en su actuar durante los comicios para la renovación de los 84 ayuntamientos de la entidad.
El INE respondió y le dio la razón a Morena, por lo que promovió la remoción de todos los consejeros electorales a más tardar el 30 de abril del 2021, pero como Hidalgo estaba en proceso para la renovación del poder legislativo local, que se empató con las elecciones de diputados federales, atendió la petición de los integrantes del IEEH de posponer la remoción, aceptada implícitamente por los propios consejeros electorales.
Ahora, Morena a través de sus presidentes del Consejo Estatal y del Comité Estatal, Alejandro Caballero Cerón y Sandra Alicia Ordóñez Pérez, además de Juan Carlos Chaires, representante de Morena ante el IEEH, dicen en su queja que para el caso de Hernández Abogado está vinculado con diversas asociaciones civiles de las cuales presenta solicitudes o ejecuta acciones al interior del organismo electoral en materia indígena, “que es precisamente el interés de la comisión especial de derechos político electorales de los pueblos y comunidades indígenas que él preside”.
Luego se le vincula con la defensa jurídica de la firma jurídica del Centro y Camacho y Asociados para litigar acciones en materia de derechos político electorales s de los pueblos y comunidades indígenas.
Lo más grave, dice la acusación, es que utiliza a las asociaciones y formas jurídicas como recurso para defender o atacar asuntos que son competencia del consejo general del IEEH y de ese modo incide en temas como la aprobación de candidaturas a diputados locales.
Fueron ellos, los consejeros señalados, quienes negaron el registro de la fórmula de candidatos de representación proporcional de Morena, ubicados en el número uno de la lista de ese partido, Francisco Xavier Berganza Escorza y Andrés Caballero Cerón, candidaturas que luego fueron aprobadas por el tribunal electoral
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