Balcón político: Rodríguez Calderón, ningún delito

José Alberto Rodríguez Calderón niega ser el “alto funcionario” que recibió un soborno de dos millones de dólares para favorecer el traslado de Joaquín Guzmán Loera de un penal de Ciudad Juárez al del Altiplano en el Estado de México, lo que presuntamente facilitaría su fuga.

El ex comisionado del Organo Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social en el sexenio pasado, recordó que estuvo como titular durante la estancia de Guzmán Lorea (en el penal de Ciudad Juárez) tres meses, antes estuvo durante nueve meses Eduardo Guerrero Durán y “los últimos tres meses, directamente yo”.

En ese tiempo se aprobaron reformas a la Ley Nacional de Ejecución Penal, el 16 de junio del 2016, con las que se trasladaban atribuciones de autoridades penitenciarias al ámbito judicial. “La facultad y la autorización para hacer traslados de un penal a otro ya no quedó en manos de las autoridades penitenciarias sino de los jueces de Ejecución”.

Por tanto “ya no teníamos ni atribución, ni facultad de hacer movimientos de trasladar a personas privadas de su libertad de un penal a otro, eso queda en manos de los jueces y ellos no dependían del sistema penitenciario, sino del Poder Judicial”.

En octubre, cuando yo llegué, ya no teníamos ni la atribución ni la facultad de hacer movimientos de trasladar a personas privadas de la libertad de un penal a otro”, reiteró en su aclaración a diversos medios informativos.

“Cómo es posible entender que un grupo tan importante de la delincuencia organizada pueda pactar con un funcionario mexicano, quién, no lo sé, yo no lo soy, categóricamente lo reitero, no tengo la menor idea de quién haya recibido ese dinero, si es que lo hubo. Yo me deslindo absoluta y totalmente: mi historia es de trabajo, profesionalismo y dedicación a más de 30 años de trabajo jurídico”.

Negó, además, haber sido citado por autoridad alguna en los Estados Unidos simplemente porque “yo no he cometido ningún ilícito, ninguna irregularidad por eso doy la cara. No voy a permitir que se manche mi imagen”, sostuvo.

La aclaración del ex procurador de justicia de Hidalgo vino luego que se difundieron declaraciones de Dámaso López “El Licenciado”, ligado a Joaquín Guzmán Loera, en las que acusa a Emma Coronel, esposa del narcotraficante preso en Estados Unidos, de haber planeado la fuga del líder del Cártel de Sinaloa, del penal del Altiplano para lo cual habrían sobornado a un alto funcionario mexicano con la entrega de dos millones de dólares.

De Refilón.

En la Cementera Cruz Azul, siguen los pleitos entre los socios. A través de una carta firmada por José Antonio Marín Gutiérrez, presidente del Consejo de Administración y Víctor Manuel Vázquez Rangel, presidente del Consejo de Vigilancia, denuncian que “un grupo minoritario de socios y personas ajenas a la empresa, la mantienen secuestrada y se han robado 160 mil toneladas de cemento, causando un quebranto por más de mil 250 millones de pesos, en perjuicio de más de 10 mil 500 familias.

Los firmantes pidieron una reunión con legisladores del Congreso local, para exponer su situación y que los diputados sean el canal de acceso a autoridades del gobierno federal, para buscar una solución al conflicto que lleva años sin resolverse.

Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Quadratín.