Balcón político: ¿Será posible?

PACHUCA, Hgo., 13 de abril del 2021.- La diputada local de Morena, Doralicia Martínez Bautista, propuso en la sede del Poder Legislativo, imponer sanciones y multas a quienes cobren “derecho de piso”, una actividad que beneficia, principalmente, a los grupos delictivos y del crimen organizado.

Ella, originaria de la huasteca hidalguense, considera que aplicando penas de seis a 15 años de cárcel y multa de hasta 750 días de salario mínimo, se inhibirá esta práctica que daña a quienes generan la mayor parte de la economía en el país; los micro, pequeños y medianos comercios, que se convierten en blanco de los extorsionadores y de los grupos delictivos que en su catálogo de actividades ilícitas incluyen el “cobro de derecho de piso”, y quienes se resisten sufren severas consecuencias, que les pueden costar hasta la vida.

La legisladora, consideró que el cobro de derecho de piso, es una de tantas formas de extorsión en las que “servidores públicos o miembros de la delincuencia organizada, obtiene cuantiosas ganancias, a costa de ciudadanos emprendedores y empresarios, que invierten su tiempo y patrimonio en el desarrollo de un negocio lícito, quienes lamentablemente se ven obligados a pagar un impuesto (tributo) a bandas criminales, para poder desarrollar de sus actividades.

Puso ejemplos de sitios donde eso ocurre, como en Michoacán, Guerrero, el Estado de México y la Ciudad de México. Hidalgo, dijo, no escapa a este tipo de actividades ilícitas, que van de la mano de otras conductas delictivas como despojos, fraudes, secuestros, homicidios.

Echó mano de los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), para señalar que el delito de extorsión sumó dos mil 602 casos de enero a abril del 2020. También habló del impacto que tiene en los productores de aguacate en Michoacán, pues su producción representa el 4.4 % del Producto Interno Bruto en el país.

No puede decirse que su planteamiento es importante, pero de ahí a que se apruebe una ley para sancionar el derecho de piso y luego que se aplique, resulta un tanto complicado. Pero, lo que cuenta es la intención de la diputada por cambiar el lamentable estado de cosas en las que por desgracia, parecen imponerse los grupos delictivos por sobre nuestras autoridades.

DE REFILON

En la misma sesión del Congreso local, la diputada local por Tepeapulco, Mayka Ortega Eguiluz, expuso el caso del ex trabajador de DINA, en Ciudad Sahagún, quien reclama el pago de una indemnización por negligencia médica, atribuida al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que a su vez, se niega a cumplir con el argumento de que “no cuenta con presupuesto para cumplimentar la sentencia”.

El trabajador afectado cumplió durante 20 años con sus deducciones para financiar el funcionamiento del IMSS y a partir del 2013 comenzó su suplicio que derivó en una penectomía total. En 2015 entabló una demanda contra el IMSS y en mayo del 2019 el Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió a su favor. Estamos en el 2021 y el IMSS no asume su responsabilidad.