Balcón político: Un pleito particular que se vuelve público

Eduardo Javier Baños Gómez, empresario de la educación y secretario de Turismo, es acusado por su hermano Lucio, de falsificar la firma de su difunto padre para apoderarse de un inmueble, con la presunta ayuda de la notaría número 4  del distrito judicial de Apan, cuyo titular Alejandro Martínez Blanquel, fue acusado de fraude al intentar un despojo al dueño de la exhacienda de Leona Vicario a su actual dueño.

El asunto ya ha sido difundido en ocasiones anteriores en medios informativos de esta entidad, pero ahora, el presunto agraviado Lucio Baños, acudió a la revista semanal Proceso para publicar en la sección “Carta del Lector”, su queja y reclamar la acción de la justicia en contra de su propio hermano.

Dice que en agosto pasado se enteró que su hermano, el titular de Turismo en el gobierno estatal,  había falsificado la firma de su difunto padre, quien falleció el pasado 8 de marzo. Recordó que el 15 de abril del 2015 se protocolizó la escritura pública número 70,141, libro 1,111, ante la desaparecida notaría número cuatro.

En apariencia, la escritura habría sido firmada en vida por el finado, donándole a Javier Baños la casa en cuestión, aunque el quejoso notó que la firma había sido falsificada y para corroborar su tesis, solicitó el dictamen de los peritos en caligrafía y grafoscopía, Mario Pedro Baños Briseño y Raúl Enrique Franco Rendón, quienes ratificaron la falsificación de la firma.

El 27de agosto, Lucio Baños, acudió a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), el 27 de agosto pasado, para presentar la denuncia correspondiente, radicada bajo el número NUC 12-2020-08313, de la que a la fecha no se ha notado avance alguno.

El 7 de octubre, el perito Héctor Pérez Mejía, con experiencia de 20 años laborando en la PGJEH, a petición de Lucio Baños, elaboró  un dictamen técnico pericial  en el que se determina científicamente que Eduardo Javier Baños Gómez falsificó la firma que se le atribuye a su padre.

La misiva tiene como propósito, dice el demandante, evitar que por corrupción e influyentismo, el acusado pretenda eludir la acción de la justicia y exige que se actúe conforme a derecho.

Recuerda el denunciante que en el caso de la notaría número cuatro de Apan, fue revocada por el gobierno estatal, tras conocerse de un caso de presunta defraudación, cuando el fedatario intentó despojar de la exhacienda que fue propiedad de Leona Vicario, a su nuevo dueño, lo cual se conoció el 10 de diciembre del 2017, en la misma revista Proceso.

Un asunto que debió dirimirse en el plano familiar, pues se trata de un pleito entre hermanos por una herencia, ha trascendido al terreno de lo público, más tratándose de un funcionario del gobierno estatal, que en otros espacios ha sido cuestionado por su bajo rendimiento en la promoción turística de la entidad.

Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Quadratín.