Balcón político: Usos y costumbres

Para nadie es un secreto la firmeza de los habitantes del Valle del Mezquital, cuando de exigir lo que consideran merecer cuando las autoridades no cumplen con sus promesas o cuando ocurre un incidente vial y no dudan un segundo en aplicar los usos y costumbres que históricamente han marcado la vida de miles de comunidades, que así aplican sus modos de organizarse y hacer cumplir con las tareas que a cada habitante le confieren, so pena de sufrir alguna sanción si el encargo no se ha cumplido a cabalidad.

El tema ha sido tocado recientemente en la tribuna del Poder Legislativo local y aunque se exige el cumplimiento irrestricto de la ley, también se exalta el respeto a la forma de organizarse de las comunidades indígenas de nuestra entidad, pero advierten que, en muchos casos, al amparo de la aplicación de los usos y costumbres se cometen una serie de abusos cobijados por la impunidad.

Recientemente atestiguamos tres casos de la fuerza de los grupos indígenas organizados, que de diversas formas obligan a las autoridades a respetar sus formas de gobierno, incluso a realizar acciones hasta ahora desconocidas.

Como ocurrió con el alcalde de San Salvador, Armando Azpeitia Díaz, quien bajo presión de los habitantes de Boxaxni, se comprometió a cumplir con la ejecución de una obra comprometida desde el año pasado, consistente en el techado de la cancha de usos múltiples de la localidad.

Pero, lo singular del caso fue que para que no les den vueltas a los manifestantes, obligaron al alcalde, a sus funcionarios de primer nivel y a los regidores a “donar” un mes de sus salarios para iniciar con la obra.

En ese mismo municipio, pero de la comunidad de Caxuxi, los vecinos retuvieron a dos bomberos y un agente de seguridad pública, luego que la unidad de Bomberos arrolló a una mujer que viajaba en una motocicleta.

Los vecinos exigían inicialmente una “indemnización” de 600 mil pesos para las curaciones de la lesionada, a cambio de devolver el camión, una lancha y equipo de buceo, además de los tres retenidos.

Finalmente, a cambio de la promesa de obras, soltaron a los retenidos, pero se quedaron en prenda con unidad y equipo.

Otro problema de usos y costumbres ocurre en el municipio de Ixmiquilpan, donde la alcaldesa Araceli Beltrán Contreras, se negó a reconocer a las nuevas autoridades de seis comunidades, por considerar que “hubo impugnaciones” a los procesos de votación.

Los afectados acudieron a la alcaldía a exigir respeto a sus usos y costumbres y se les reconozca como autoridades legítimas y legales y acusaron a la presidenta de “autoritaria” y de poner en riesgo la gobernabilidad del municipio.

Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Quadratín.