Contexto Político: Sin distingos

Hace casi un par de meses, la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, resolvió el amparo en revisión 806/2017, bajo la Ponencia del ministro Eduardo Medina Mora, por unanimidad de cinco votos. Amparo en el que se analizó, y resolvió la constitucionalidad de la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para “congelar” las cuentas bancarias de las personas físicas o morales.

México forma parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), ente intergubernamental que fue creado por el Grupo de los Siete (G-7), el cual tiene como finalidad fijar estándares para promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos. Nuestro país se encuentra obligado a cumplir las medidas impuestas por el grupo.

México además forma parte del Egmont Group Of Financial Intelligence Units, instancia que reúne a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) del mundo. Pero quizá la más importante vinculación, es la que tienen las instituciones bancarias globales al formar parte del Grupo Wolfsberg, agrupación conformada por representantes de Transparencia Internacional, y con las principales instituciones financieras globales, como HSBC, CREDIT SUISSE, CITIGROUP, SANTAN-DER, UBS, BARCLAYS, BANK OF AMERICA, DEUTSCH BANK, y BANK OF TOKIO entre otras muchas más, con la finalidad de elaborar directrices sin precedentes de antilavado de dinero para la banca privada, contra el lavado de dinero procedente de la corrupción.

El preámbulo obedece, a que hace unos días, precisamente el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo en el marco de la presentación de su libro, “Sin filias ni fobias” expreso ante periodistas de diferentes medios de comunicación, que las cuentas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) fueron bloqueadas porque hubo una alerta de carácter internacional a cargo del sistema financiero.

Y ante la alerta recibida, era primordial “cumplir con las obligaciones del Estado Mexicano” de ahí que se procedió al congelamiento de las cuentas bancarias de la universidad.

El mismo presidente del Patronato Universitario Gerardo Sosa, manifestó respecto al tema, que “Cuando aquí HSBC nos ofrece mejor interés y mejor rendimiento, conciliamos el asunto y ordenamos que los recursos que estaban en Credit Suisse se trasladaran a HSBC. Aquí confundieron traslado con lavado”.

“Traslado y no lavado de dinero” de 151 millones de dólares, investigados y congelados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que dice, pertenecen a un fondo de trabajadores de la universidad, acumulado desde hace 20 años, que les genera rendimientos.

Un juez de distrito negó el descongelamiento de las cuentas bancarias de la institución educativa. Y trascendió que se interpuso el recurso de revisión en contra de la negativa.

El tema habrá de resolverse en tribunales, y se espera sea con apego a las leyes vigentes. Lavado de dinero o no, el juez avaló la validez del congelamiento de los activos.

La cultura de la legalidad en una democracia, exige una armonía entre el respeto a la ley, y las convicciones morales. Sociedad y gobierno, tienen la responsabilidad de promover y mantener el Estado de derecho.
Es decir la aplicación uniforme y sin distingos de la ley.