Cuando educar deja de ser garantía: el retroceso educativo en México

PACHUCA, Hgo., 15 de septiembre de 2026.- La educación es un derecho fundamental consagrado en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Todo Estado constitucional tiene la obligación de velar porque sus habitantes reciban una educación de calidad, desde la niñez hasta la formación profesional, pues ello coadyuva a mejorar la calidad de vida y a ejercer plenamente la ciudadanía. Como advirtió Derek Curtis Bok, exrector de Harvard: "Si usted cree que la educación es cara, pruebe con la ignorancia".

El artículo 3º CPEUM establece que la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. Este mandato se complementa con el artículo 1º constitucional, reformado en 2011, que incorpora el principio de progresividad de los derechos humanos y la prohibición de regresividad, en concordancia con el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
En la concepción garantista de Luigi Ferrajoli, los derechos fundamentales se distinguen porque a ellos corresponden prohibiciones y obligaciones a cargo del Estado, cuya violación es causa de invalidez. Los derechos sociales no son concesiones democráticas, sino expectativas a cuya satisfacción el Estado está jurídicamente obligado. 

El principio de progresividad obliga a que los derechos humanos avancen, no retrocedan. Por ello, cuando el aprendizaje disminuye, las brechas permanecen y millones de estudiantes no alcanzan las competencias básicas, el debate deja de ser solamente pedagógico y adquiere una dimensión constitucional.

Con los gobiernos de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) se modificó el rumbo de la política educativa mediante la Nueva Escuela Mexicana (NEM). De acuerdo con lo expuesto en conferencias matutinas del Ejecutivo federal, el modelo busca el trabajo colaborativo y superar el individualismo. La instrumentación recayó en la Dirección General de Materiales Educativos, entonces a cargo de Marx Arriaga Navarro. 
Los nuevos Libros de Texto Gratuitos generaron una controversia nacional. Fueron señalados por errores estructurales y por una marcada ideologización, acusación que el propio funcionario rechazó, al negar adoctrinamiento comunista. Más allá de la polémica ideológica, el debate jurídico relevante es si el nuevo modelo garantiza el interés superior de la niñez y la calidad educativa exigida por el artículo 3º. 

La prueba PISA, administrada por la OCDE a jóvenes de 15 años en 91 países, es el principal referente internacional de competencias. Los resultados de 2025, publicados en septiembre de 2026, colocaron a México en el lugar 37 de 38 países de la OCDE.
México obtuvo 388 puntos en matemáticas, 408 en comprensión lectora y 414 en ciencias. Se trata de los puntajes más bajos del histórico disponible desde 2009, lo que implica un retroceso de más de 20 años. La dimensión más grave: siete de cada diez estudiantes no alcanzaron el nivel mínimo en matemáticas, mientras que en lectura y ciencias la proporción fue de cinco de cada diez. 
Lejos de presentar un plan correctivo inmediato, la respuesta oficial consistió en cuestionar la validez del instrumento. La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que PISA presenta sesgos al no considerar los contextos específicos de cada nación y que tiene muchos problemas al evaluar con los mismos parámetros a poblaciones con realidades distintas. 

Desde el garantismo, la regresividad se configura cuando el Estado reduce el nivel de protección ya alcanzado de un derecho social sin justificación razonable y sin medidas compensatorias. Si en 2009 México alcanzó 419 puntos en matemáticas y en 2025 descendió a 388, existe una pérdida objetiva de 31 puntos. La obligación del Estado no es solo de no lesionar, sino de tutelar y satisfacer.
La brecha entre escuelas públicas y privadas, constatada también en PISA, no exime al Estado. El argumento de que las escuelas públicas obtuvieron mejores resultados que las privadas en la muestra nacional no subsana el incumplimiento del estándar internacional mínimo.
Venustiano Carranza citó en su exposición de motivos para la promulgación de la constitución de 1917 que un pueblo sin educación es más fácil de manipular. Su proyecto consagró en el artículo 3º la educación laica y gratuita como pilar del nuevo Estado, precisamente para emancipar al ciudadano del dogma. 
Dinamarca y Suecia, países con mejor desempeño histórico también registraron caídas en PISA 2025 y han adoptado medidas opuestas a la descalificación del instrumento.
Dinamarca, con 478 puntos, por debajo de la media europea de 482, anunció una prohibición total del uso de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos en escuelas, tanto en aulas como en patios de recreo, vinculando directamente el uso de móviles con los malos resultados en PISA. 
Suecia, uno de los países más digitalizados, inició desde 2025 la eliminación de la obligatoriedad de herramientas digitales en educación infantil y destinó 200 millones de euros para reemplazar pantallas por libros físicos. La lección comparada es clara, ante la crisis de aprendizaje, refuerzan lo impreso, la atención y la lectoescritura, no el discurso ideológico. 
La triste realidad en México es otra:

1. El derecho a la educación en México muestra indicadores objetivos de regresividad, prohibida por el artículo 1º constitucional.
2. La Nueva Escuela Mexicana requiere una evaluación jurídica y pedagógica independiente, basada en evidencia, no en adhesiones políticas.
3. Desacreditar PISA sin ofrecer un instrumento alternativo con validez internacional no exime al Estado de su obligación de garantizar el nivel mínimo de competencias.
4. La experiencia danesa y sueca demuestra que la mejora educativa implica decisiones impopulares pero basadas en evidencia: limitar distractores digitales y fortalecer materiales impresos.
   Como sostuvo Ferrajoli, sin garantías primarias y secundarias los derechos sociales quedan como declaraciones sin eficacia. Invertir en educación es costoso; no hacerlo, mucho más.
   ¿Estamos dispuestos como sociedad a exigir resultados educativos y reconocer que, cuando el aprendizaje retrocede, también está en riesgo el derecho constitucional a la educación de toda una generación?

Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Quadratín.