De libros de texto y gobiernos que no ven ni oyen

Miscelánea, salud y política

«Entre un gobierno que lo hace mal y un pueblo que lo consiente, hay cierta complicidad vergonzosa»: Victor Hugo.

Durante casi cinco años del gobierno actual, hemos atestiguado actos de abuso de poder y transgresión ocurrente por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador al tratar de imponer «transformaciones» por encima de la Constitución vigente. Su desprecio es total por las leyes, las instituciones democráticas y las dedicadas a la ciencia y el conocimiento.

Pero, en el último año de su gobierno, tratar de imponer unos libros de texto gratuito con el objetivo de establecer un nuevo modelo educativo, sin plan de desarrollo previo que establezca objetivos, etapas, directrices, metas, sin la revisión de contenidos por parte de los expertos en las materias, ni la opinión de profesores, esto sí que es aberrante.

Hace 64 años, el presidente Adolfo López Mateos emitió el decreto mediante el cual se creó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), cuyo objetivo fue hacer posible la educación gratuita y obligatoria, como consecuencia el 16 de enero de 1960 se entregó el primer ejemplar a la niña María Isabel, alumna de la escuela rural Cuauhtémoc, del municipio El Saucillo, en San Luis Potosí.

El investigador Elizer Ixba Alejos, en la Revista Mexicana de Investigación Educativa, cita que desde el porfiriato y en los gobiernos de Álvaro Obregón, Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho se realizaron esfuerzos para proveer de materiales de lectura y cartillas de alfabetización a las escuelas del país, la polémica surge con el libro de texto gratuito-único-obligatorio.

La calidad de único-obligatorio hizo mucho ruido, pero finalmente la educación privada, aunque los recibía recomendaba a sus alumnos adquirir otras obras. Los libros de texto gratuitos (LTG) surgen legalmente como producto de autores mexicanos pues el gobierno de López Mateos –dice Ixba– «buscaba granjearse a un sector del magisterio involucrado en el negocio de los libros, mostrarse como un Estado que anteponía los intereses de los mexicanos al de los extranjeros».

Desde un principio en los LTG se mantuvo restringida la participación de los exiliados españoles en la educación nacional y para complacer a EE.UU. al margen de la influencia cubana –de los «rojos comunistas»–. En el devenir la Conaliteg demostró insuficiencia para producir los libros, por lo que los gobiernos en turno buscaron a editoriales afines para concesionar este negocio.

La distribución sí se mantuvo como atribución exclusiva de Conaliteg. Esto no ha sido ajeno al gobierno de la llamada Cuarta Transformación. Si embargo, la responsabilidad del contenido es competencia de la Dirección General de Materiales Educativos de la Subsecretaría de Educación Básica, encabezada por el inefable Marx Arriaga Navarro, quien desde el principio fue cuestionado por su carga ideológica cuatroteísta.

Gran escándalo y protestas, además de amparos ha provocado la manera sigilosa en que se elaboraron y se han ocultado por espacio de casi cinco años, contrariando la ley –ignorando consultas con expertos–. Los nuevos libros de texto para el ciclo educativo 2023-2024 son para preescolar, primaria y secundaria. Bajo el título de Nueva Escuela Mexicana, en el último año del sexenio de AMLO se busca imponer un nuevo modelo educativo.

Los nuevos LTG contienen proyectos para abordar los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje de cada grado, se eliminan los libros por materias (matemáticas, español, ciencias naturales, historia, geografía, etcétera).

Los expertos, centros de investigación de educación superior, pedagogos, organizaciones sociales, científicos coinciden en que se eliminan conocimientos fundamentales –conceptos, ejercicios, etc.–, y contienen errores garrafales gramaticales, en matemáticas, ciencias naturales, lecto-escritura, etcétera.

Sin embargo, pese a existir dos amparos en contra de las autoridades educativas, promovidos por la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) y Educación con Rumbo, por la cancelación de la prueba piloto y la suspensión de la impresión y la distribución de los libros de texto gratuitos, hasta ayer no los habían recibido en la SEP, por lo que su titular Leticia Ramírez Amayac aseguró que todo avanza para iniciar clases con los nuevos libros el 28 de agosto próximo, según manifestó ayer el presidente: “no hay ningún impedimento para distribuirlos”.

El Instituto Mexicano para la Competitividad fue tajante en rechazar el nuevo plan de estudios presentado por la SEP, por no revertir el rezago educativo de dos años ocasionado por la pandemia, generar estudiantes carentes de habilidades imprescindibles para su futuro profesional y además romper la conexión entre la educación básica y la media superior, lo que podría resultar en mayor abandono escolar.

Pero lo más lamentable es que buscan el adoctrinamiento de niños y jóvenes, aseguran analistas. Por ejemplo, se menciona la tragedia del Colegio Rébsamen (09-2017) que costó 26 vidas como tema de corrupción, pero se exculpan a la delegada en Tlalpan, la ahora corcholata morenista Claudia Sheinbaum y a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, que autorizó al DGO (Director General de Obra) responsable de la irregular ampliación.

Habrá quien defienda la actuación de los morenistas gobernantes con justificaciones con la manida frase: los gobiernos del pasado también quisieron imprimir su sello, pero nunca antes se buscó destruir el régimen institucional que se fue construyendo a través de los años, los cambios son al gusto de un solo hombre, encumbrado en una montaña de mentiras, con narrativas ajenas a la realidad para manipular (chantajear) al pueblo bueno que depende de los apoyos sociales, aliado tácticamente con militares y grupos delincuenciales para tratar de mantenerse en el poder.

Los liderazgos mesiánicos o populistas cunden ya por otras entidades del país, por ejemplo, en Oaxaca, el morenista Salomón Jara Cruz, como si no tuviera funciones más acordes con su cargo, este año organizó la Guelaguetza, lo tomó tan personal que eliminó al Comité de Autenticidad que desde hace 30 años se integró con personas destacadas de la cultura para preservar la esencia de una tradición, con calidad en la danza, música e indumentaria.

El mandatario de origen zapoteco creó su propia Comisión Intercultural, y sin mediar explicación ni agradecimiento alguno hizo a un lado la expertis de profesionales oaxaqueños orgullosos de su origen dedicados en cuerpo y alma en forma honorífica desde hace cuatro décadas  a organizar este evento, como es el caso del maestro Fernando Rosales –autor de Donají, la leyenda–, y con menos años pero igual entrega de Jorge Emilio Pérez Arias, así como de Donají Hernández García, entre otros profesionales de las artes dancísticas,musicales y escenográficas.

Lo cierto es que el impacto para el turismo nacional o extranjero que desconoce la esencia de este colorido y alegre encuentro intercultural de las 8 regiones y la reciente incorporación de la cultura afro-oaxaqueña, la Guelaguetza está presente desde 1932, y siempre es formidable, un espectáculo imperdible, así lo gozaron los asistentes al auditorio del Cerro del Fortín el pasado 24 de julio, segunda fecha de celebración, con la presentación de la tercera y cuarta y última funciones.

Sin embargo para los oaxaqueños de nacimiento o descendientes, la Guelaguetza debe mantenerse como un espectáculo de primera línea, cuya autenticidad sea indiscutible y su contenido admirable para propios y extraños, turistas y oaxaqueños, y para ello es necesario incluir a los expertos que cuiden este legado. No a los amigos ni a improvisados que combinen desfile de etnias con música discordes.

Difícil es trabajar en equipo, más aún cuando un gobernador decide emular las cuestionables prácticas presidenciales. Hay tanta sincronicidad en desconocer la autonomía de los jueces que a propuesta de Salomón Jara el Congreso estatal hace una semana disolvió el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca (TJAO).

El gobernador nombró otro con integrantes a modo, con el agregado de “ser contra la corrupción”, unos días después se apresó al secretario del órgano disuelto, Juan Edy “N”, por delitos contra la administración de justicia. Mientras la SCJN resuelve esta lamentable controversia se restituyó a los integrantes originales.

Los temas a debate crecen entre los poderes ejecutivos federal y estatales como el de Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Michoacán, y otros gobernantes que no ven ni oyen, tampoco resuelven. La disputa es con organizaciones sociales y ciudadanas, académicos, expertos, familiares de víctimas de homicidio y de desaparecidos, madres buscadoras, padres de Ayotzinapa, jueces, adversarios políticos, magistrados, etc.

Las causas que ameritan urgente solución se multiplican y abarcan una gran diversidad de temas sociales, educativos, de salud, seguridad pública, justicia, políticas públicas, registros oficiales de muertos y desaparecidos, acusaciones de encubrimiento gubernamental a militares, actos anticipados de campaña…

Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Quadratín.