Desaparición forzada, cuando el silencio del Estado mexicano es cómplice

PACHUCA, Hgo. 7 de abril del 2026.- La desaparición forzada de personas constituye, en el derecho internacional, una de las más graves violaciones a los derechos humanos. Su definición, plasmada en la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas —instrumento que el Estado mexicano firmó en 2007 y ratificó en 2008—, es el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad perpetrada por agentes del Estado, o por particulares que actúan con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguida de la negativa a reconocer dicha privación o del ocultamiento del paradero de la persona, sustrayéndola así de la protección de la ley.

En un acontecimiento de la mayor trascendencia jurídica y diplomática, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas ha solicitado formalmente a la Asamblea General de la ONU que examine la situación de México. La gravedad de la petición radica en su conclusión preliminar: la práctica de las desapariciones forzadas en territorio nacional podría ser generalizada o sistemática, configurando así la hipótesis de un crimen de lesa humanidad. Dicha conclusión no es precipitada; se sustenta en un meticuloso análisis de información recabada desde 2012, una visita a nuestro país en 2021, el cúmulo de solicitudes de acción urgente y los propios informes que el Estado mexicano ha proveído.

El núcleo de la advertencia del Comité yace en dos señalamientos de profunda implicación para la responsabilidad del Estado. Primero, la posible aquiescencia estatal ante los actos de violencia y desaparición cometidos por la delincuencia organizada, es decir, la omisión o silencio del Estado.
Segundo, la fundada sospecha de que funcionarios públicos hubieran participado, por acción u omisión, en la comisión de estos crímenes.

Si bien el fenómeno no es nuevo, su incremento exponencial se asocia al inicio de la estrategia de seguridad denominada "guerra contra el narcotráfico" durante la administración del presidente de la República Felipe Calderón. Un caso emblemático que evidenció la participación de agentes estatales fue el de Jethro Ramsés Sánchez Santana, desaparecido en Morelos después de un pleito en la feria de las Flores y cuyo cuerpo fue hallado meses después en el estado de Puebla. Las investigaciones posteriores confirmaron que fue torturado y asesinado por elementos del Ejército Mexicano, ilustrando la más cruda expresión de este delito.

El ejemplo más claro es la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quienes en 2014 después de que acudieran a la Ciudad de Iguala a hacer manifestaciones y tomar autobuses, fueron asegurados por policías municipales, pero nunca hubo registro de las detenciones, posteriormente se supo que los jóvenes fueron entregados a miembros de la delincuencia organizada y hoy después de casi 12 años y con tres gobiernos federales diferentes, siguen desaparecidos y no se ha explicado ni a sus familiares ni a la sociedad porque ocurrió ese acontecimiento y quienes son los verdaderos responsables.
Es pertinente subrayar que la solicitud del Comité no busca, en primera instancia, iniciar procesos penales específicos, sino activar mecanismos de cooperación técnica, asistencia financiera y acompañamiento especializado de la ONU, reconociendo que la capacidad de respuesta del gobierno mexicano parece estar rebasada.

Políticamente, la situación presenta una paradoja insoslayable. La oposición que en su momento señaló las políticas de seguridad de Calderón como causa de la violencia y las desapariciones, una vez en el poder, ha gobernado al país sobre un notable incremento de desapariciones. Cifras documentadas por la prensa indican un aumento del 11% en el número de personas desaparecidas tan solo entre 2024 y 2025, lo que cuestiona la efectividad de las estrategias implementadas en los últimos años.

Actualmente, el fenómeno ha mutado. Una parte de los registros corresponde a víctimas de enfrentamientos entre grupos criminales, cuyos cuerpos son ocultados en fosas clandestinas para manipular las cifras de homicidios. Otra vertiente, igualmente alarmante, es el reclutamiento forzado de jóvenes, quienes, bajo el engaño de ofertas laborales, son cooptados por la delincuencia. La negativa a colaborar se castiga con la desaparición. El descubrimiento en Teuchitlán, Jalisco, de un centro de adiestramiento y exterminio, según reportó la BBC el 12 de marzo de 2025, es prueba fehaciente de este modus operandi.

Las cifras del comité contra la desaparición forzada de personas son un llamado de urgencia. Con más de 4,500 fosas clandestinas localizadas y un registro que, a febrero de 2026, asciende a 132,400 personas desaparecidas, la magnitud de la tragedia es innegable. Esta cifra equivale a la desaparición de la población entera de una ciudad como Tula de Allende, Hidalgo.

Frente a esta realidad, la postura del Ejecutivo Federal, al manifestar que el informe del Comité no refleja la situación actual de México, resulta, cuando menos, inapropiada e irresponsable.

Ante este escenario, es imperativo que el gobierno federal transite de la negación a la cooperación. Abrir las puertas al escrutinio y apoyo de las Naciones Unidas, investigar con rigor la posible colusión de servidores públicos y redefinir una estrategia efectiva para debilitar al crimen organizado son acciones impostergables. No debe pasarse por alto que la calificación de estos actos como crímenes de lesa humanidad abre la puerta, bajo el principio de jurisdicción universal y la competencia de tribunales internacionales, al eventual enjuiciamiento de altos funcionarios del Estado mexicano, por ser los máximos responsables de garantizar la seguridad y la protección de los derechos humanos en el país.

¿Cuántas desapariciones más deben ocurrir para admitir que no se trata solo de incapacidad, sino de una responsabilidad directa del Estado? México no puede seguir negando la tragedia; debe abrirse al escrutinio internacional y garantizar justicia a las víctimas.

Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Quadratín.