Desapego a la realidad

PACHUCA, Hgo. 21 de mayo del 2026.- La negación es un mal recurso para eludir la adversidad. Alivia la circunstancia inmediata, pero nada resuelve y sí propicia que los problemas crezcan y, eventualmente, arrollen. Esto sucede en la vida de las personas, negocios y también suele estar presente en la política. La actitud del gobierno frente a lo que sucede incuba una bomba que arrollará a todos y pondrá al país en riesgo extremo ante un colapso del régimen de autoridad.

Muchas son las premisas falsas del proyecto obradorista; sin embargo, debe destacarse su capacidad para generar adhesión: primero, para dar cauce al descontento y, ya en el poder, con la narrativa propia de una gesta histórica trascendente. La 4a Transformación a eso alude, y el juego de símbolos e imágenes, junto con una disciplinada propaganda y una política social clientelar que sumó a amplios sectores de la población, dio origen a un nuevo régimen político con una amplia base de apoyo, incluyendo el oportunismo de las élites y el deterioro de la rendición de cuentas y del escrutinio al poder. Los resultados fueron desastrosos, pero el consenso persistió.

Después de casi ocho años y de haber librado las aduanas electorales, la situación está cambiando de manera dramática y acelerada. La narrativa épica pierde credibilidad a pasos crecientes. El deterioro económico volvió insostenible el esquema de transferencia de recursos que sostiene la red clientelar del régimen. Las finanzas públicas no aguantan y, por ello, se recurre a la deuda; su incremento, sin crecimiento económico, compromete el mediano y largo plazos, como lo revela el deterioro de la calificación creditica. Pero el mayor fracaso es la impunidad que remite a un doble efecto: la corrupción desbordada y el triunfo del crimen sobre el Estado.

En esta etapa, dos frentes muestran el agotamiento del régimen político. El más grave, por mucho, es la embestida judicial de EU mediante la solicitud de detención de funcionarios públicos en activo, con un primer golpe en Sinaloa. La postura del gobierno ha sido la negación y ha exigido pruebas, aunque éstas siempre han estado al alcance y deliberadamente ignoradas. Incluso recientemente el gobernador Rocha Moya se vio envuelto en un doble crimen: el secuestro de El Mayo Zambada y su entrega a las autoridades norteamericanas, así como el homicidio de Melesio Cuén, su rival político. La FGR documentó que las autoridades locales habían encubierto el asesinato y recurrieron a un montaje con el que se pretendía hacer creer que había sido ultimado en un robo.

El otro frente remite al plano electoral. El problema es doble. Por una parte, la incapacidad de Morena de competir sin trampa: se alteran los tiempos de campaña; su adicción al dinero es ostensible y, debajo de la mesa, se reproducen las relaciones comprometedoras con grupos criminales. Con un año de anticipación a los comicios selecciona candidatos; la amenaza no es el escrutinio y el debate, sino la actuación de las autoridades norteamericanas. Un retiro de visa sería suficiente para invalidar una candidatura. El otro problema es la pérdida de competitividad: Morena perderá más de lo que tiene; por sí misma, no alcanzaría la mayoría absoluta y, en coalición, tampoco la calificada. Peor aún, el resultado sería cuestionable por la inequidad, el dinero ilegal y las relaciones criminales, todo ante un INE y un Tribunal Electoral incapaces de aportar legitimidad.

La presidenta Sheinbaum parece vivir al día. Es decir, ha decidido salvar el momento sin importar los efectos que su postura. Existe la convicción, compartida por muchos, de que debió obsequiar la detención de los diez imputados para acceder a las pruebas de detención y, allí, determinar si había mérito para extraditarlos o, incluso, proceder a su juicio en el país. No sucedió así y el gobierno se precipitó por la pendiente de la impunidad, que puede llevar a Morena a ser asociada con organizaciones terroristas extranjeras, además de involucrar a otros funcionarios y políticos sobre quienes pesaría la solicitud de extradición.

Ante la magnitud de la amenaza y sus efectos devastadores sobre el régimen político, puede entenderse la resistencia del gobierno a ceder al curso judicial. Sin embargo, ni el país ni mucho menos el gobierno están en condiciones de negar lo que es evidente: la corrupción desbordada y la connivencia de la política con el crimen organizado, base de la embestida judicial.

Efectivamente, la negación es un mal recurso para eludir la adversidad.

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