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Al arranque de esta tercera semana de clases se ha esclarecido mucho el panorama que espera para la educación estatal, toda vez que se han revelado los planes de las autoridades y de los grupos movilizados al interior del sistema educativo estatal. Se vislumbra un ciclo escolar complejo, lleno de transiciones, así como de múltiples procesos desarrollándose paralelamente y afectándose mutuamente. Sostener la rectoría de la educación ya conseguida, así como continuar avanzando en la implantación del estado de derecho en todas las dependencias del sector educativo es una misión irrenunciable para el gobierno, máxime que ya se han dado pasos hacia la regularidad en tiempos recientes. Construir un punto de inflexión no se ve inalcanzable, siempre y cuando se cumpla y se haga cumplir la ley en todo momento.
Un aspecto particularmente importante para hacer realidad la ley y convertirla en resultados a favor de los derechos de las niñas, niños y jóvenes en Michoacán es presupuestar dignamente los programas destinados a hacer realidad las garantías educativas. La dependencia de nuestra entidad federativa de los recursos federales es aún enorme, por la escasa generación de riqueza, la baja recaudación local y la relación de subordinación que se generó durante muchos años entre órdenes de gobierno. Por ello es tan importante para Michoacán el Presupuesto de Egresos de la Federación, lo cual se acentúa particularmente para la Secretaría de Educación en el Estado, al ser la dependencia que recibe el mayor porcentaje del erario.
Al respecto, un plazo que nos alcanzó es el que estipula la normatividad en materia de presupuestación federal. El jueves pasado, la autoridad federal envió el Paquete Económico 2023 al Congreso Federal. Se publicó en la Gaceta Parlamentaria de ayer, en su anexo “B”.
En materia educativa, en las cifras agregadas, dentro de los recursos destinados al sector hay una buena noticia: destaca un incremento sustantivo al programa La Escuela Es Nuestra, para quedar en 27 mil 052 millones 859 mil 701 pesos, prácticamente el doble de los 13 mil 964 millones de pesos asignados para este 2022. Veremos cómo se direcciona este recurso, que originalmente colocaba en disyuntivas a las comunidades escolares, debiendo escoger entre invertir en infraestructura y mantenimiento, salarios de los docentes o desayunos y comidas de los estudiantes.
En el Paquete Económico 2023 también mencionada explícitamente en cinco ocasiones nuestra entidad federativa. Dos de ellas, para partidas relacionadas con sanidad e inocuidad agroalimentaria, así como para programas hídricos; otra más para mencionar el monto que se le destinará al Colegio de Michoacán, A.C., por un total de 166 millones 788 mil 224 pesos, que, combinados con sus ingresos propios estimados, de 2 millones 710 mil 494 pesos, hacen un total de 169 millones 498 mil 718 pesos. Esto implica que su sostenimiento depende en un 98.4 por ciento del presupuesto federal. También, se menciona un monto de 2 mil 311 millones de pesos para unidades descentralizadas estatales, las cuales merecerán desagregación en breve. Y está citado un monto de 9 millones 206 mil 379 pesos para la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, correspondiente a la consolidación de las universidades interculturales, específicamente, para el programa para el desarrollo profesional docente. Es decir, apoyo directo para mejorar los salarios de los profesores de la institución de educación superior citada. Con ello, no se perciben aún montos extraordinariamente altos para nuestra entidad federativa.
Veremos en próximos días conforme se conozca a detalle la información enviada por el poder ejecutivo federal al legislativo si hay mejoras, beneficios o hasta privilegios para el sistema educativo michoacano, toda vez que llegó el momento de que las promesas realizadas se manifiesten a través del presupuesto. Gobernar es presupuestar y promesa que no va acompañada de recursos para cumplirse es demagogia y charlatanería pura.
Los anexos respectivos que indicarán en el desagregado por entidad federativa exhibirán si efectivamente se concretará en alguna medida la anhelada federalización de la nómina educativa estatal o si ésta seguirá siendo una veleta en la cual sople la voluntad política del ejecutivo federal, como ha sucedido durante los últimos 20 años al menos.
Por ahora, con la información que contamos agregada podemos ver que el FONE contempla un total de 456 mil 672 millones 694 098 pesos para el ejercicio 2023. Comparándolo con el de 2022, cuyo monto es de 424 mil 326 millones 249 225 pesos, se muestra que se está proyectando realizar un incremento del 7.62 por ciento. Con base en los últimos datos publicados por el INEGI, la citada institución estimó el semáforo nacional de inflación, según el cual, durante la primera quincena del séptimo mes de 2022 la tasa anual de inflación fue de 8.16 por ciento. Es decir, bajo ese escenario, no habría un incremento al FONE para 2023 en términos reales. Con ello, a reserva de conocer específicamente los montos destinados para Michoacán de Ocampo, se vislumbra difícil un auténtico incremento destinado para el FONE de nuestra entidad. De comprobarse ese escenario, continuará sin existir una solución estructural para la nómina educativa de nuestra entidad. Por ende, los maestros michoacanos cuya modalidad de sostenimiento es estatal, una vez más esperarán durante el penúltimo año de esta administración pública federal que haya transferencia extraordinaria de recursos para que se les pague en tiempo y forma.
Preocupa que, a la par de la federalización de la nómina educativa estatal hay una gran cantidad de necesidades abiertas en un estado en rezago sistémico en el rubro educativo. Conforme se transparenten las especificidades del presupuesto de egresos para el año próximo sabremos si el discurso transformista posee raíces capaces de alimentar las aspiraciones revulsivas para un sistema educativo sumido en sempiterna crisis. No hay hasta ahora programas presupuestales extraordinarios que permitan revertir en poco tiempo las circunstancias en las cuales nos encontramos en Michoacán. No cabe duda de que, nadie hará por nuestra entidad lo que los michoacanos no estemos dispuestos a hacer. En ese tenor, este ciclo escolar en curso resulta definitorio, por la alineación política entre la federación y el estado, por el momento en el que transita la reforma educativa rumbo a su implementación, traducida en el pilotaje del modelo y en la procrastinación de su implementación hasta el ciclo escolar próximo, ya que la actual administración congeló la reforma educativa de 2017, con lo cual los planes y programas de estudio correspondientes a 2011, 2017 y 2022 estarán coexistiendo en este ciclo, de acuerdo con el marco normativo vigente. Si se logra gestionar el normado, regularización y presupuestación para procesos educativos aún inacabados puede hacerse un cambio estructural en el sector educativo estatal.
Esforzarse por desarrollar el sistema educativo estatal, por exigir planeación y presupuestación dignas y articuladas no es un absurdo, es un derecho. Construir una mejor sociedad son reto y aspiración colectivas. Las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a las leyes reglamentarias, a los modelos educativos, planes y programas, libros de texto son naturales e incluso, exigibles, por ser consustanciales a la evolución social. Pero deben realizarse con pertinencia, en forma, consultivamente y privilegiando el conocimiento científico para formar a las generaciones que habrán de superarnos en todos los aspectos. Sin embargo, no ha habido mayor éxito hasta el momento. En la historia de desencuentros por la mejora continua de la educación nacional, sería injusto referirse a la actual administración federal solamente, cuando las reformas a los planes y programas de estudio en la educación mexicana han sido mayormente fallidas durante los últimos 30 años. Si estas circunstancias no están presentes y no hay posibilidad de concretar las reformas, no tiene caso realizarlas sexenio tras sexenio. Sin embargo, las aspiraciones permanecen. La planificación y la presupuestación contribuyen decisivamente a convertir los sueños en realidades. En materia de administración pública, no todo lo que sucede está en los planes ni en los presupuestos, los imponderables abundan; empero, lo que sí sucede exitosamente muchas veces está debidamente planificado y presupuestado.
Recordamos que, hace 13 años, en el marco del lanzamiento de Mexicanos Primero Michoacán, se pusieron en la agenda pública una serie de prioridades para transformar el sistema educativo estatal. Recuperar la rectoría de la educación estatal, generar un rescate integral de las finanzas educativas estatales, federalizar la nómina educativa estatal, realizar pago vía nómina bancaria a los trabajadores de la educación, entregar plazas docentes por concurso y bajo asignación meritocrática, erradicar la corrupción del sistema educativo estatal, realizar procesos de ingreso a las escuelas normales con evaluaciones externas, elevar la calidad de la educación, realizar evaluaciones diagnósticas para conocer el logro en el aprendizaje de los estudiantes de educación básica, sacar las noticias educativas de la nota roja, entre otras más. Prácticamente todas continúan apareciendo en los instrumentos de planeación para el desarrollo en turno, con avances heterogéneos. Juzgue usted, amable lector: a la fecha, ¿cuántas de ellas se han alcanzado? ¿Cuántas siguen en proceso? ¿Cuántas lucen inalcanzables y utópicas? El tiempo es el recurso más escaso y se erige en juez inexorable respecto a la efectividad de los pasos dados en aras de convertir las buenas intenciones en realidades transformadoras. El presupuesto digno y bien conformado permite aprovechar mejor el tiempo, mientras que la falta de recursos convierte los esfuerzos en ilusiones inalcanzables.
Justamente, en el marco del Día Internacional de la Alfabetización, la UNESCO, la UNICEF y la CEPAL emitieron un comunicado conjunto francamente pesimista, respecto a la redoblada dificultad que se vislumbra para alcanzar las metas contempladas en el Objetivo para el Desarrollo Sostenible número 4, relacionado con la educación, en el contexto latinoamericano.
En México ni en Michoacán sorprendería un anuncio de esa índole, estando normalizada la costumbre de leer malas noticias cuando se trata de conocer evaluaciones, diagnósticos y escenarios anticipados, preponderantemente. Empero, no debe dejar de llamar a la acción esta clase de circunstancias para actuar localmente. Que México no vaya a alcanzar los objetivos no es obstáculo para que en Michoacán se alcancen los objetivos y metas fijadas en el Plan de Desarrollo Integral para el Estado de Michoacán 2021-2027 (PLADIEM). Ese escenario debe de contemplarse para ajustar lo planificado a escala estatal y construir escenarios realistas de una vez antes de que la realidad nos alcance y nos sorprenda. La presupuestación, tanto a escala federal como estatal es indispensable para construir el sistema educativo posible que nuestras generaciones en formación merecen. Estemos atentos respecto a los pasos que un gobierno verdaderamente educador dé al respecto y exijamos se dignifique el sistema educativo. Hoy más que nunca se requiere un presupuesto proveedor de condiciones, más que una inaceptable burocracia saqueadora.
Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Quadratín.