Educación por ocurrencia

PACHUCA, Hgo. 12 de mayo del 2026.- La Secretaría de Educación Pública es una de las instituciones pilares del Gobierno mexicano. Creada en 1921, tuvo como primer secretario a José Vasconcelos, quien estableció redes de escuelas rurales para llegar a cada rincón del país, además de fomentar la construcción de bibliotecas en todo el territorio nacional y la impresión a gran escala de libros.

Actualmente, es una de las secretarías con mayor presupuesto dentro del Gobierno. A lo largo de los años se ha transformado para presentarse como referente internacional en materia educativa. La educación, a partir del México posrevolucionario, tomó importancia central en las políticas públicas. Se llegó a decir que las tres figuras más importantes de una comunidad eran el presidente municipal, el sacerdote y el maestro. Prueba de esa relevancia es que el artículo 3º de la Constitución consagra el derecho a la educación y sus principios rectores: universal, inclusiva, pública, gratuita, laica y de excelencia.

La Ley General de Educación, como ley secundaria, precisa que los educandos son la pieza más importante del Sistema Educativo Nacional y que por ello debe garantizárseles educación de excelencia. En el papel, el mandato suena impecable. En los hechos, el informe 2025 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) exhibe otra realidad: aulas saturadas en educación básica, imposibilidad de medir el aprendizaje porque el Gobierno no ha colaborado con las evaluaciones internacionales, y un gasto educativo inferior y desigual respecto al promedio de los países miembros. No saber cómo aprenden nuestros alumnos significa no saber si somos competitivos. Esa opacidad es el primer incumplimiento.

Primera decisión: la SEP recorta el calendario sin consultar

La Ley General de Educación, en su artículo 87, dispone que el calendario escolar será determinado por la autoridad federal y deberá contener un mínimo de 180 y un máximo de 200 días efectivos de clase, ajustable por acuerdo con autoridades locales siempre que se cubran los planes y programas. El ciclo 2025-2026 contemplaba 185 días, del 1 de septiembre de 2025 al 15 de julio. La semana pasada, el secretario de Educación Pública federal anunció en redes que el calendario se reduciría para concluir el 5 de junio y no el 15 de julio, aduciendo la ola de calor y la celebración del Mundial de Fútbol.

La decisión se tomó sin sustento técnico previo y sin convocar a quienes la ley reconoce como parte del sistema: maestras y maestros, padres y madres de familia, universidades e instituciones particulares. Maestros de varios estados denunciaron que no fueron tomados en cuenta y advirtieron que será imposible cubrir los contenidos. La Unión Nacional de Padres de Familia criticó la falta de consulta a padres, docentes y directivos. Aquí, donde la ley exige planeación y participación, la SEP decidió unilateralmente.

Ayer por la tarde, después de convocar nuevamente a todos los secretarios de educación del país, el titular de la SEP dio un mensaje indicando que se respetará el calendario escolar y las clases terminarán el 15 de julio. Excelente noticia, pero muestra un gobierno que no tiene comunicación entre sus áreas y que además advierte la incompetencia y soberbia del secretario de Educación.

Segunda decisión: el Ejecutivo improvisa una consulta en el IPN

En la misma semana, el Ejecutivo federal anunció que para elegir al nuevo titular del Instituto Politécnico Nacional se realizará una consulta con los alumnos para que postulen una terna de candidatos. La medida, que en principio parecería democratizadora, se invalida por su origen. La propia presidenta declaró: "Se me acaba de ocurrir, pero lo vamos a hacer, vamos a hacer una consulta en el Poli para la próxima dirección, vamos a democratizar la elección del director del Politécnico Nacional en una consulta para que la comunidad elija a tres, a una terna, ¿cómo ven?" E instruyó públicamente al secretario de Educación a presentarle una propuesta sobre cómo llevar a cabo ese proceso.

Jurídicamente, la ocurrencia es grave. Conforme a la Ley Orgánica del IPN, corresponde a la titular del Ejecutivo federal nombrar directamente al director general. Tradicionalmente, la designación ha sido una facultad presidencial, a diferencia de universidades autónomas como la UNAM. No existe reforma legal, ni reglamento, ni carácter vinculante para la consulta anunciada. Aquí, donde la ley no prevé consulta, el Ejecutivo la inventa.

Estamos ante un gobierno que invierte la lógica del Estado de derecho. En educación básica, donde debió consultar al sistema educativo, recorta el ciclo escolar y abandona la excelencia y el interés superior de la niñez. En educación superior, donde debió actuar conforme a la ley vigente, improvisa un mecanismo participativo sin base normativa. Dos decisiones, un mismo vicio: gobernar por ocurrencia. La primera subordina el aula al Mundial. La segunda subordina la institucionalidad a la voluntad presidencial. Ambas vulneran el artículo 3º constitucional.

La educación no admite atajos. Exige días efectivos de clase, evaluaciones serias y procedimientos legales. Mientras las decisiones se tomen en redes sociales o en conferencias matutinas, seguiremos teniendo leyes que suenan a poema y realidades que duelen como fracaso.

Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Quadratín.