Educación: que nadie se desconecte

La ingente necesidad de las generaciones jóvenes de aprender es demostrable y también fácil de inferir: reconstruir las comunidades de aprendizaje, recomponer el rumbo y recuperar la inercia y el tiempo perdido serán labores titánicas. Lograr presencialidad plena en las escuelas se ve realmente cuesta arriba por todas las circunstancias que influyen en ese gran objetivo.  Empero, dividirlo en objetivos específicos, tales como lograr que los estudiantes se matriculen, estén oficialmente formando parte del sistema educativo, que aprendan, se conecten, se comuniquen y convivan, que tengan acceso a un modelo híbrido en alguna medida para ejercer sus derechos educativos no se vislumbra tan complicado. Se debe de trabajar intensamente para alcanzar todo aquello que arrope al derecho a aprender, que sea digno, garantista, constitucional, lo que consideremos que nuestros hijos se merecen.

Es un hecho que el cierre del ciclo escolar traerá consigo ciertas irregularidades en la entidad, toda vez que se están ya realizando clausuras y entrega de documentación, a pesar de que el final del calendario escolar vigente se marca hasta el próximo viernes 9. Además de que implicará dirimir la postura que debe asumir la autoridad educativa local respecto al delicado tema de la reprobación, fijar el calendario administrativo para el periodo intermedio entre el actual ciclo escolar y el próximo y determinar las acciones a seguir para mejorar las condiciones imperantes para el arranque del ciclo escolar 2021-2022 el 30 de agosto.

Más aún, los tiempos políticos mencionan que, el próximo primero de octubre entrará otra administración en el sector educativo. Faltan escasos 90 días para que ese plazo inexorable se cumpla, los cuales constituyen demasiado tiempo para no conseguir resultados ni dejar huella positiva en pro del derecho a aprender de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la entidad.

Lamentablemente, la inercia manifiesta que la nueva administración recibirá el primero de octubre un sistema educativo con 18 meses y medio sin presencialidad plena, con una herencia de décadas de mediocridad, ingobernabilidad, corrupción y violencia rampantes en su seno, con escuelas derruidas, sin servicios básicos, equipamiento, consumibles ni conectividad a Internet, así como un gremio balcanizado, malas prácticas enquistadas y miles de personas ajenas a la vocación docente cobrando como tales. Es difícil que se reviertan tendencias tan apabullantes, pero la lucha debería hacérsele, toda vez que la omisión también es materia de responsabilidad administrativa, laboral y penal.

Paralelamente, resulta del dominio público que, por el rezago histórico y recientemente acumulado, la situación que prevalece para el ejercicio de los derechos educativos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Michoacán es más adversa aún que en el promedio de las entidades de nuestra república. Entonces, se requiere emprender acciones simultáneas para poder garantizar que los estudiantes puedan ejercer sus derechos en las mejores condiciones posibles. La solución para tales efectos, sabidamente se encuentra en la Ciudad de México. Es decir, solamente con coordinación y contribución decidida del Gobierno Federal pueden solucionarse los grandes males que socavan la educación estatal.

Por ello, resulta estratégico que se aprovechen estas semanas transicionales, porque en virtud de cómo se aproveche este tiempo se pueden revertir inercias, se pueden modificar actitudes, sensibilizar a propios y a extraños respecto a la inmensa trascendencia que conlleva lograr que ningún estudiante ni trabajador de la educación quede desconectado de su comunidad de aprendizaje. Sin duda alguna, muchos quisieran se permaneciera en silencio, a la expectativa, en la omisión o en la preparación de la entrega-recepción, pero hay inmensas responsabilidades educativas que no pueden ni deben permitirse se abandonen. Es más, en caso de que suceda, debería anticiparse un castigo ejemplar para quienes propicien mayores laceraciones al aprendizaje de los estudiantes michoacanos.

Por ejemplo, una situación que se debe de tomar muy en serio es el proceso de ingreso a las escuelas normales, que sigue avanzando y no se ha sabido de que se tomen medidas al respecto para sanearlo, transparentarlo y devolverle la credibilidad perdida a pulso. Se habla de que se buscará invitar a dependencias del gobierno federal para verificar el proceso, pero éste ya comenzó y no se sabe de qué haya actores externos supervisando el apego a normativa del proceso. Es más, ¿bastaría la intervención federal para poner orden en el nigérrimo proceso de ingreso a las normales?

El año pasado, los desplantes intencionados de un funcionario reventaron la supervisión externa. ¿Por fin se atreverán a instalar un comité de observación y transparencia sin integrantes en abiertos conflictos de intereses? Si bien, retóricamente se descartan venta de espacios para el ingreso a normales en el estado por parte de las autoridades educativas, a la fecha no hay transparencia en cuanto al cobro de fichas, que se dice fueron dos mil 254. ¿Serán todas o habrá duplicidad otra vez? ¿Ingresó ese dinero a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado? Y ello, sin contar que se ofertan subterráneamente cursos de preparación extralegales, que mucho menos cuentan con validez oficial y por supuesto, tampoco ingresan tales cobros a las ya menoscabadas arcas michoacanas. Asimismo, tal y como el año pasado, bajo toda reserva, se desconoce quién imparte esos cursos, en qué lugares y en qué condiciones, además del tráfico de claves de exámenes que ya se rumora y asoma de nueva cuenta. Los precios, una vez más ya se comenta que oscilarán alrededor de los cuarenta mil pesos, a reserva de que las leyes de la oferta y la demanda modifiquen tal monto. En caso de que no suceda algo extraordinario, deberemos irnos preparando para recibir otra generación digna de Harvard u Oxford, con puntajes perfectos, pero quienes difícilmente podrán acreditar una postura ética digna, vocación docente y capacidad académica durante 40 o 50 años que estarán cobrando como trabajadores de la educación.

Otro proceso que merece seguimiento estrecho es la certificación del ciclo escolar 2020-2021, toda vez que ya incluso se montó una plataforma en línea para reconocer tanto a los estudiantes que cursaron el año bajo el programa educativo oficial, como para aquellos quienes emplearon programas alternativos, en su respectivo color de la CNTE. Con ello, los estudiantes que cursaron otras asignaturas, con otros contenidos diferentes a los oficiales serán acreditados como cualquier otro. Mientras cada fracción sindical se entrometa con los planes y programas de estudio y los manipulen a su conveniencia política, con ausencia de rigor científico y metodológico, pero contando con la total connivencia y permisividad de la autoridad educativa estatal, quienes hasta les validan su plataforma en línea será casi imposible sacar a Michoacán del rezago educativo. Más aún, si la autoridad se presta a tales efectos, de acomodar el calendario, la plataforma y la certificación del ciclo escolar sin remediar la situación está incurriendo en profundas responsabilidades, que deberían de gravitar en el marco de la entrega-recepción constitucional que inminentemente sucederá. Quienes ganan con la impresión, distribución y venta de libros de texto gratuitos, con el tráfico de boletas y certificados definitivamente son las redes de corrupción que someten a miles de familias michoacanas con las estructuras paralelas que han conformado para mantener una fuente de recursos que en nada benefician el derecho a aprender de los estudiantes.

En contrapunto, por ahora quien sí parece comprender la importancia de no dejar pasar más tiempo y desde ahora gestionar a favor de la educación michoacana es Alfredo Ramírez Bedolla, candidato a gobernador por MORENA, quien obtuvo la constancia de mayoría en las pasadas elecciones del 6 de junio. Es de reconocerse que, sin esperar a que se evaporen ni la mediatización ni la judicialización del proceso electoral, ya se apersonó en la Ciudad de México y entregó una carpeta de gestoría ante el titular del poder ejecutivo federal, de entre cuyos temas se destaca el impulso a la concreción de la federalización de la nómina magisterial en la entidad, medida que forma parte cardinal del rescate integral de las finanzas educativas michoacanas, que desde Mexicanos Primero Michoacán hemos pedido desde hace más de una década, ante gobiernos de diversa composición partidista.

Esperemos que las gestiones que se realicen tengan éxito y se aterricen en políticas públicas, normativas y presupuesto que posibiliten contar con unas finanzas sanas, pagos puntuales y completos para todos los trabajadores de la educación sin distingo alguno, así como recursos adicionales para equipamiento, mantenimiento de infraestructura, construcción de instalaciones y dotación de consumibles para cada comunidad educativa.

Así tal cual lo deseamos para las comunidades escolares, esperemos que ni los funcionarios presentes, ni tampoco los aspirantes a serlo, se desconecten de la realidad y se mantengan trabajando o gestionando a favor de la educación estatal. Maestros, estudiantes y sus familias deben permanecer conectados. Uno solo que quede fuera del sistema educativo representaría una expresión profunda de inequidad. Abandonar y simular educación para un millón trescientos mil estudiantes sería un genocidio cultural. No podemos permitir semejante atropello. Merecemos un gobierno educador.

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