El costo del desprecio a la legalidad

PACHUCA, Hgo., 27 de agosto de 2026.- La ética del credo obradorista es muy singular. Para los de fuera el repudio sin importar quién sea o qué represente, así sean las madres buscadoras, las mujeres indignadas por la violencia de género, los padres con hijos de cáncer, los opositores, los periodistas, líderes de opinión o medios independientes. Para los de casa cheque en blanco, protección, inmunidad e impunidad.

Un mundo diseñado a la medida de la polarización. La supremacía moral acaba con los límites; el movimiento todo lo justifica. El país y el gobierno sometido al régimen político. Hubo quien pensó que el rechazo morenista al regreso de Rubén Rocha Moya significaba el inicio de una nueva relación de la presidenta Sheinbaum con el país y una revaloración de la legalidad y de la institución presidencial.

El desaguisado regreso del gobernador al cargo ocurrió porque se le permitió, lo debió de hacer Andrés Manuel López Obrador. Ficción política creer que a Rocha Moya lo iluminó la luz de la ocurrencia repentina para regresar a la investidura. También recuperar el cargo lo permitió el hecho de que nunca abandonó el poder, mantuvo el bastón de mando. La estructura rochista quedó intacta, a manera de compensación por el “sacrificio” de dejar el cargo. Todo se disculpa a los de casa y la connivencia de la política con el crimen recrea la sospecha de complicidad más allá de lo local.

El obradorismo nunca había removido un gobernador. Es un rasgo propietario. No era respeto ni mesura a los gobiernos subnacionales. Ha sido desprecio, desdén. Como nunca los gobiernos locales, incluso los morenistas padecen un feroz centralismo en finanzas y seguridad, pero este estado de impunidad propicia la corrupción, la connivencia con criminales y un impulso para reproducirse en el poder mediante el control del proceso sucesorio.

La presidenta Sheinbaum y la nomenclatura morenista asistió en Sinaloa a una aleccionadora experiencia en el primero y único caso de remoción de un gobernador y para el caso, uno de los más próximos al líder moral y en el que la complicidad entre crimen y política es más ostensible por ser el territorio del cartel con más presencia en el mundo. La lección está a la vista: la legalidad es límite y a su vez fortaleza de todo régimen.

No se entendió y ahora se regresa al mismo punto de partida; la simulación se apodera de la vida pública en el país y en Sinaloa. Rocha Moya y el senador Inzunza quedan apestados; no así lo que importa, la impunidad. Sinaloa mantiene un lugar privilegiado en la agenda de seguridad nacional; la connivencia del narcotráfico y la política tiene larga y lejana historia; sin embargo, lo que ocurrió en 2021 con Rocha Moya candidato no guarda precedente. Los narcos se hicieron del poder político y participaron activamente en la elección.

Sinaloa es monumento a la impunidad.

Ese es el problema de origen, con la complicación de que al igual que el contrabando de combustible y su vinculación con los carteles del narcotráfico en Estados Unidos está debidamente judicializado con pruebas procesadas por un gran jurado. La idea de que la embestida judicial es una acción política e ideológicamente motivada por el gobierno de Trump, es ignorar la realidad.

Para México una falta doble: la complicidad del gobierno y del aparato político con el narcotráfico y la impunidad estructural producto de la ausencia de procuración y administración de justicia criminal. Dos errores están presentes en la complacencia del gobierno de México para atender la solicitud de detención del gobernador Rocha Moya y 9 colaboradores.

La primera es asumir que la gestión política puede contener la acción judicial, no fue así. Incluso hay una mala lectura del caso general Cienfuegos. Las autoridades no procedieron porque a pesar de la detención el proceso penal no había iniciado; además, para el procurador W. Barr no había pruebas suficientes.

El otro error, asumir que un resultado adverso de Trump en las elecciones de noviembre frenaría la exigencia sobre la detención y extradición de funcionarios mexicanos. Más allá de los excesos de Trump, la agenda contra el narcotráfico resulta de seguridad nacional, por lo mismo, bipartita. No olvidar que el secuestro de El Mayo ocurrió en el gobierno de J. Biden.

Necesario para todo aprender de errores.

El tema no es la rebelión de un gobernador y un senador incriminados; tampoco si López Obrador promovió la rebelión. El problema es la impunidad por ausencia de justicia.

Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Quadratín.