El Gobierno mexicano nunca tiene la culpa: Caso Torreón

PACHUCA, Hgo., 6 de octubre de 2026.- Pareciera un caso cerrado. Dos responsables detenidos, una vinculación a proceso y una posible pena de hasta 60 años de prisión. Sin embargo, desde la dogmática del derecho penal surge una interrogante ineludible: ¿Es en verdad un caso cerrado, o es un caso cerrado pero no resuelto? ¿Qué responsabilidad le corresponde al Estado cuando el delito se gesta en un entorno digital que ha decidido no regular?

El jueves 1 de octubre de 2026, los hermanos Carlos y David ingresaron a las instalaciones de la Escuela Secundaria General Número 13, ubicada en el Ejido La Unión, en Torreón, Coahuila. Iban armados con machetes y explosivos de fabricación casera. En el interior asesinaron a una profesora e hirieron a cuatro personas más. Fueron detenidos por padres de familia y vecinos de la comunidad y entregados a las autoridades.
De las investigaciones se sabe que Carlos había estado recluido en un centro de rehabilitación por haber agredido a su hermano David con un cuchillo. Asimismo, se tuvo conocimiento de que ambos realizaron un pacto que firmaron con sangre y que escribieron la frase “la vida no tiene valor si no eres nadie”. En su habitación tenían escrito el nombre de Gabriel Alejandro Galaviz, quien en 2024 asesinó a tres mujeres, dos de ellas al interior del plantel de la Universidad Tecnológica de Guadalajara. A decir de sus familiares, permanecían mucho tiempo en internet y no eran sociables.
Ya fueron vinculados a proceso en audiencia ante el juez de control y podrían alcanzar una pena de hasta 60 años de prisión por los delitos que se les imputan, entre ellos el de homicidio.

Estos jóvenes hermanos se identifican como “INCEL”, acrónimo en inglés de involuntary celibate (célibe involuntario). Estos grupos se han deformado hasta constituir comunidades de hombres misóginos y resentidos con la sociedad. De acuerdo con estudios de la Universidad de Texas, el perfil predominante es el de hombres de entre 18 y 30 años, con altos niveles de soledad, ansiedad social, depresión, muy baja autoestima y un uso excesivo de internet.
No es el primer caso en México. En 2024, Gabriel Alejandro Galaviz mató a tres mujeres en Guadalajara. En septiembre de 2025 Lex Ashton asesino a puñaladas a un estudiante de Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur de la UNAM e hirió a un trabajador, en su intento de suicidarse salto de un edificio de tres pisos resultando con fracturas. El 24 de marzo de este año, un adolescente de nombre Osmar, de 15 años, ingresó a su escuela en Michoacán y asesinó a dos profesoras. El común denominador en estos delitos es que los probables responsables se han identificado como INCEL. ¿Son hechos aislados?

El 2 de octubre de 2026, la Presidenta de la República informó ante medios de comunicación que un grupo de expertos de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional elaborará un decreto que se publicará esta misma semana, cuyo objetivo es establecer la obligación de las plataformas digitales de retirar ciertos contenidos. Dicha declaración hizo referencia únicamente a los abusos infantiles, responsabilizando exclusivamente a las plataformas digitales.
Debe tomarse en cuenta que las plataformas digitales, como cualquier otra empresa, se rigen por las leyes de los países en donde distribuyen su contenido. Es decir, es el Estado quien establece los límites que considera necesarios y las reglas que deben cumplir las empresas de redes sociales.
La justificación del Estado basada únicamente en la culpabilidad de las empresas resulta jurídicamente insostenible. Desde Roma, el principio es claro: primero existen los conflictos sociales y después surge la respuesta del Estado mediante la legislación y regulación de esa interacción. La demora en cumplir con esa obligación legislativa constituye una omisión.
No es la primera vez que quien suscribe advierte sobre el uso indiscriminado de las redes sociales, porque generan adicción, porque el coeficiente intelectual de las nuevas generaciones ha disminuido en comparación con las anteriores, porque incitan a la violencia y porque México bajó significativamente su productividad en la prueba PISA, entre otros efectos. Resulta extraño que el gobierno apenas comience a trabajar en torno a este tema de orden público.

Haciendo un ejercicio de derecho comparado, en Alemania, Inglaterra, Australia y Canadá, por mencionar algunos países, las empresas digitales tienen la obligación proactiva de retirar contenidos de violencia terrorista y que incitan al odio y a la violencia, con multas del 6 al 10% de su facturación global. Estas normas están vigentes en Alemania desde 2017, en Australia desde 2021, en Inglaterra desde 2023 con la Online Safety Act y en Canadá con su última actualización en 2024.
En Estados Unidos, por su parte, ya llegaron a un convenio 47 estados de la unión americana con la compañía meta, propietaria de Facebook e Instagram, quien acordó pagar hasta US$17.1 mil millones, aproximadamente 20% de las ganancias antes de impuestos de Meta en 2025, en multas durante los próximos 10 años. Además de hacer cambios a sus plataformas en beneficio de los niños y adolescentes.

Son países que se han preocupado por la información que se distribuye a través de internet y que puede afectar a su población o incitar a la violencia. Mientras tanto, en México, la semana pasada nuestros legisladores aprobaron la denominada “Ley anti memes” a solicitud expresa de la Presidenta de la República.
Para ilustrar el contraste: si en este momento se envía un mensaje por WhatsApp a una persona en Canadá con una noticia sobre la violencia que hoy sacude a México, es probable que esa persona no pueda leerlo o que el contenido sea limitado, porque el gobierno de ese país ya reguló el uso de plataformas digitales en materia de noticias.
Imaginemos a una persona que siempre llega tarde a sus compromisos personales y aun así no entiende por qué nadie confía en ella, excusando su ineficiencia, atribuyendo culpas a los demás. Es lo mismo que hace todos los días nuestro gobierno federal.

No es correcto que el gobierno justifique su irresponsabilidad señalando la culpa de las empresas digitales sin asumir su propia función. Conforme al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado tiene el deber de prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos. La omisión de regular un espacio donde se incita al homicidio y al odio es, en sí misma, una forma de incumplimiento.
Ello sin perjuicio de la corresponsabilidad social. Como padres de familia tenemos la responsabilidad de vigilar a nuestros hijos y supervisar los contenidos que consumen los menores de edad en internet. Debemos restringir el uso indiscriminado de redes sociales e imponer tareas domésticas y actividades formativas para que se desarrollen armónicamente y sean útiles para la sociedad.

El gobierno nunca tiene la culpa, hasta que la propia ley le recuerda que sí la tiene. Como dice la frase que se le atribuye a Edmund Burke: “Lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada.”

Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Quadratín.