En Contexto | El menosprecio al federalismo

No es que los gobernadores que dejaron de pertenecer a la Conago para constituir una nueva alianza busquen hacer “politiquería electorera” con vistas a 2021 o intenten desestabilizar al gobierno; al contrario, a pesar de sus discursos y de muchas de sus actitudes, simplemente tratan de garantizar la estabilidad de la república y defender la institucionalidad que contempla la Constitución. Algo que el presidente López Obrador no entiende o no le interesa.

La pugna entre los mandatarios estatales y el gobierno federal no es nueva, aunque se recrudeció a partir de la estrategia establecida por el gobierno federal para enfrentar la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.

A partir de ese momento se marcó claramente la pérdida de respeto por el presidente a hacia las soberanías estatales y municipales, lo que se refleja en el menosprecio de la asignación de insumos básicos para enfrentar la pandemia, el uso político y restrictivo de los recursos fiscales federales, imputar a los gobiernos locales la responsabilidad del pago de cuotas de agua de convenios internacionales cuando es un tema federal, hasta pasar por la amenaza de retirar a las fuerzas de seguridad pública.

Las presiones y las descalificaciones del presidente López Obrador no han desalentado a los gobernadores de Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Chihuahua, Aguascalientes, Baja California Sur, Durango, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán, que representan a diferentes partidos políticos y que, en ocasiones, también atraen al temperamental morenista de Baja California.

El interés real de este grupo básicamente defiende cuatro grandes temas: el fortalecimiento de los sistemas de salud, acordar una estrategia para la reactivación económica, impulsar una política pública de energía verdes, el tema educativo y, sobre todo, analizar el pacto fiscal a la luz de la Austeridad Republicana, que implica recuperar su soberanía federal, lo que parece ir en contra del interés de la Cuarta Transformación.

Sucede que el federalismo, es un régimen de alta complicación técnica y política que tiene que garantizar la coexistencia de dos soberanías distintas: la nacional y la local; esto es, la de los poderes federales y la de los estados.

Tal parece que el presidente de la república no entiende que la naturaleza del pacto federal determina esa coexistencia en la que, si bien hay un gobierno unitario que representa un régimen federal en donde los estados ceden facultades, pero como son territorios con entidad política propia las facultades delegadas no son definitivas sino representativas, por lo que el gobierno federal no puede apropiarse de ellas o centralizarlas, porque modificaría por la fuerza el modelo político al margen de los votantes y cambiaría arbitrariamente el contenido constitucional, para lo que a López Obrador los ciudadanos no le dieron facultades.

Desde la Constitución de 1824, México adoptó el federalismo como forma de organización política, se confirmó en la Carta Magna 1857 y en la de 1917 que está vigente, donde se establece que las entidades y la federación tuvieran tareas específicas.

El modelo político de libre asociación de los estados se declaró de manera formal como una forma de garantizar la democracia y evitar estructuras autocráticas.

Aunque hay que reconocer que la operación del federalismo fue distorsionada por el presidencialismo de los gobiernos priistas y por los del PAN, que derivaron en la concentración de poder bajo el dominio de un solo partido durante largos periodos que han traído la involución política y el retraso socioeconómico.

Tanto el centralismo administrativo como el presidencialismo se tradujo en la ausencia de equilibrios políticos y administrativos, incentivó la opacidad en la gestión pública, evitó la rendición de cuentas, para favorecer a la corrupción y tiende a anular tanto a la democracia como al bienestar social.

Si la intención fuera la de transformar al país, habría que tomar la iniciativa federalista de los gobernadores para replantear al sistema político nacional para que los estados de la república cuenten con la infraestructura que les permita resolver las problemáticas locales y para profesionalizar las instituciones en los estados, pero también las del gobierno federal.

Que grave sería si el desdén y la burla que desde Palacio Nacional se lanza a los reclamos federalistas de los gobernadores es para regresar al presidencialismo centralizador que tanto se criticó durante la larga campaña.

Es momento de asumir una transformación nacional con certidumbre, sin falsas ilusiones y con solidaridad.

@lusacevedop

Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Quadratín.