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CIUDAD DE MÉXICO, 25 de septiembre de 2018.- Han transcurrido cuatro años desde que los 43 estudiantes de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa desaparecieron en el municipio de Iguala por presuntos integrantes del crimen organizado que—según la versión oficial—se trataban de miembros de los “Guerreros Unidos” que confundieron a los alumnos con sus rivales, “Los Rojos”, que se disputaban la zona y que hasta el momento los padres de familia desconocen cuál es el paradero real de los jóvenes.
43 estudiantes desaparecidos, nueve muertos y al menos 27 heridos fue el saldo de los hechos violentos que ocurrieron la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en una fecha que sepultó la imagen y credibilidad del gobierno de Enrique Peña Nieto y que evidenció la colusión entre el crimen organizado y las autoridades de todos los niveles.
Según el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron secuestrados, torturados, asesinados y quemados en el basurero de Cocula, una versión que él mismo denominó como “la verdad histórica” y que dejó más dudas que certezas tanto para los familiares de las víctimas como para la ciudadanía en general que no creyó en esta recopilación de los hechos.
Ante las dudas y cuestionamientos que existieron sobre la actuación de la Procuraduría General de la República (PGR), los activistas y familiares de los desaparecidos pidieron la intervención de instancias internacionales y fue el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quienes realizaron su propia investigación, sin embargo, nunca pudieron contar con toda la información necesaria para solventar las irregularidades en las pesquisas iniciales.
El caso Ayotzinapa es probablemente el que más le dolió al gobierno de Peña Nieto y el que sepultó la publicidad de las reformas estructurales, pues no sólo provocó manifestaciones masivas en las principales ciudades del país, sino también en otras naciones y quedará grabada en la memoria colectiva como en su momento lo fue la masacre de los estudiantes de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968 para el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz—aunque contextos y situaciones diferentes—y como lo fue la matanza de Acteal en 1997 para Ernesto Zedillo.
A 48 meses de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, las familias, los padres, hermanos, esposas y amigos de los alumnos que buscaban ser profesores siguen sin saber certeramente qué fue lo qué sucedió en la noche de Iguala, la más triste de sus vidas.
Aunque la PGR detuvo a 129 personas involucradas en el caso Ayotzinapa, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinó que los aprehendidos fueron torturados por las autoridades mexicanas para que confesaran su presunta responsabilidad en un desaseado proceso que fue evidenciado por instancias internacionales.
Otra duda constante que permanece en el imaginarios colectivo, específicamente de los defensores de derechos humanos, ha sido la actuación del Ejército mexicano, pues el 27 Batallón de Infantería no respondió ante los hechos violentos que sucedieron la noche del 26 de septiembre y que, según Murillo Karam, fue positivo, ya que acudirían a apoyar a la autoridad legalmente constituida en ese momento, que eran los policías municipales—que trabajaban para el crimen organizado–, por lo que se han cuestionado la omisión castrense en ese caso.
Al respecto, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a implementar una comisión de la verdad para esclarecer completamente el caso, no obstante, será complicado que se logre saber verdaderamente cómo ocurrieron los hechos, pues la PGR ha desarrollado una investigación con una versión que ha difundido desde hace cuatro años y será difícil que encuentren nuevos elementos en la pesquisa.
Ante la falta de pruebas que es altamente probable que se encuentre en la investigación que desarrollará el próximo gobierno federal, la presión mediática también crecerá para López Obrador, pues el sentido de impunidad será un aspecto negativo que afectará la imagen del nuevo mandatario.
Nota aparte: Ayotzinapa es un caso del cual se ha escrito, hablado tanto en los medios de comunicación como en las platicas casuales, no obstante, hay una coincidencia legítima sobre un sentido de impunidad y la descomposición del tejido social para que en Guerrero, como en otros estados, ocurran tragedias que debieran ser inenarrables.