Ráfagas: Tatiana Ángeles, cuentas pendientes
CIUDAD DE MÉXICO, 2 de octubre de 2018.- Durante casi seis años Javier Duarte de Ochoa vivió en opulencia de manera cínica con los recursos públicos de los veracruzanos saqueando las arcas del estado y aunque la Auditoría Superior de la Federación (ASF) evidenció los desfalcos y los periodistas de Animal Político revelaron las formas de triangulación de su administración, el exmandatario estatal fue condenado a sólo nueve años de prisión y una multa irrisoria de 58 mil pesos.
Javier Duarte se convirtió en el gobernador más criticado y cuestionado por la manera en la que endeudó a Veracruz y gastó el dinero de los ciudadanos en múltiples propiedades y comodidades lujosas, por lo que ante la presión social de los medios de comunicación y las constantes acusaciones de sus opositores, finalmente la Procuraduría General de la República (PGR) giró la orden de aprehensión contra el ex mandatario, aunque le dio todas las facilidades para que escapara.
El gobernador veracruzano renunció a su encargo el 12 de octubre de 2016, a un mes de que el Miguel Ángel Yunes iniciara su gobierno, pero sólo dos días después de su renuncia la PGR giró la orden de aprehensión en contra de Duarte, quien para ese momento ya había escapado.
Según la ASF, durante los cinco años del gobierno de Duarte se desviaron más de 65 mil millones de pesos, cifra que fue imposible ocultar incluso para los colaboradores del ex gobernador, mientras que los estudiantes universitarios dejaron de percibir sus becas, los pensionados y jubilados tampoco obtuvieron sus remuneraciones, además de que la Universidad Veracruzana (UV) dejó de percibir presupuesto público para su funcionamiento.
A ese contexto se suma el incremento de la inseguridad en Veracruz durante el gobierno de Duarte, pues los Zetas pelearon las principales plazas con el creciente Cártel Jalisco Nuevas Generación, lo que generó miles ejecutados, desaparecidos, ahorcados, calcinados, desmembrados y disueltos, aunado a que los periodistas y activistas sociales fueron constantemente amenazados y Veracruz se convirtió en una enorme fosa.
En el gobierno de Duarte 17 periodistas fueron asesinados y la mayoría de los crímenes siguen impunes, mientras que otros más tuvieron que exiliarse para salvar sus vidas, pero el cordobés ante el problema de ingobernabilidad recurrió al apoyo del gobierno federal que solapó a la administración duartista, debido a que fue una de las personas que apoyó con una mayor cantidad de recursos a Enrique Peña Nieto en su campaña presidencial en 2012.
Ante esta situación y la presión de los medios de comunicación que evidenciaron casi semanalmente alguna irregularidad cometida en el sexenio de Duarte, el gobierno federal tuvo que investigar y detener al “Javidu”, quien fue aprehendido en un hotel lujoso de Guatemala y extraditado al reclusorio norte de la Ciudad de México, donde permanece recluido.
Sin embargo, después de 17 meses recluido Duarte se declaró culpable de los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que se le condenó a nueve años de prisión, una multa de 58 mil pesos y se le decomisaron 41 propiedades que adquirió en su gestión, pero al proceso se le deberán restar los 400 días que ha permanecido en la cárcel e incluso su defensa legal afirmó que podría salir libre en dos años al pedir la mitad del castigo.
Aunque Yunes ha reiterado que tiene elementos suficientes para que Duarte esté en la cárcel 15 años más por el delito de peculado, la PGR no ha girado órdenes de aprehensión por dichos delitos, por lo que al no constituirse oficialmente las acusaciones sólo estaría enfrentando su proceso por los delitos sentenciados.
Duarte es un ejemplo de la impunidad de la que gozan los delincuentes y políticos que pueden utilizar todo el sistema a su favor para evitar la justicia, una muestra clara de la corrupción, impunidad y amiguismos que han debilitado la credibilidad de las instituciones.
Nota aparte: Si a Javier Duarte sólo se le pudo sentenciar a nueve años con la posibilidad de salir en dos, en el caso de Roberto Borge y César Duarte los castigos podrían ser aún menores, ya que Borge todavía no es sentenciado y el otro Duarte goza de su libertad y su paradero es desconocido, al fin y al cabo el gobierno de Peña Nieto se acabó y la responsabilidad recaerá en la gestión de López Obrador.