Foro Público: Poder Judicial, un latente conflicto de intereses

CIUDAD DE MÉXICO La semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos que prohíbe a los funcionarios de los poderes de la Unión percibir ingresos más elevados que el presidente de la República, en el cual el Poder Judicial al ser parte de éstos estuvo involucrado como juez y parte del caso que falló a su favor.

Aunque los senadores de oposición interpusieron la acción de inconstitucionalidad por violentar la división de poderes, la Suprema Corte determinó suspender dicha normativa jurídica, razón por la cual los funcionarios de todos los poderes seguirán obteniendo los ingresos económicos que para la mayoría de los mexicanos son exagerados.

Ante el fallo a favor de los intereses económicos de los senadores de oposición y de los ministros que atendieron la acción de manera prematura, los representantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se manifestaron en contra al asegurar que se trató de una resistencia de los poderes tradicionales para no bajarse los sueldos, los cuales son de los más elevados y no necesariamente aseguran que no incurrirán en actos de corrupción.

Uno de los argumentos más sólidos para mantener salarios tan elevados para los servidores públicos en México es que de esa manera se blindan ante cualquier acto de corrupción, sin embargo, esto no significa que verdaderamente sea cierto, ya que se ha evidenciado que la corrupción la pueden cometer todos los funcionarios y entre más remuneraciones obtienen más altos son los intereses económicos que buscan obtener.

Ministros de la SCJN que obtienen más de 600 mil pesos mensuales parece una grosería si se compara con los ingresos que perciben más de 52 millones de mexicanos que se encuentran en pobreza extrema y reciben menos de un salario mínimo, así como los profesionistas que pueden tener sueldos de apenas dos salarios mínimos, lo que provoca indignación entre los ciudadanos.

A esto se le suma que la percepción de impunidad, corrupción y desconfianza que existe entre la ciudadanía hacia los servidores públicos es cada vez más elevada, la decisión de mantener sueldos elevados no parece la más viable si se considera que muchos de estos funcionarios desean continuar con sus carreras políticas y sus imágenes como los impulsores de una iniciativa contraria a los deseos de los ciudadanos parece la menor viable.

Sin duda la separación de poderes es fundamental para garantizar un Estado democrático, pero en un escenario en el que la comunicación es tan importante y el mensaje que emiten los defensores de los altos sueldos es de seguir con altas remuneraciones parece un suicidio político, principalmente si se toma en cuenta que son de las funciones que menos credibilidad genera hacia la ciudadanía, los encargados de la imagen institucional del Poder Judicial tendrán que revertir los puntos negativos que genera, por lo que tendrán hacer una campaña intensiva que modificará la respuesta negativa que hay sobre este sector.

Pero los senadores del PRI, PAN, PRD y MC no fueron los únicos que han interpuesto amparos contra la normativa impulsada por Morena, pues el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha recibido dos mil 835 amparos de servidores públicos, de los cuales 331 corresponden a jueces, 336 a magistrados, mil 37 a secretarios, 215 a actuarios, 514 a oficiales y 125 externos.

La pugna entre quienes buscan preservar sus salarios y quienes impulsan la llamada “austeridad republicana” continuará en los próximos días, no obstante, en la medida en que el tema no se resuelva seguirá ganando adeptos entre quienes piden disminuir los sueldos de los servidores públicos para que no ganen más de 108 mil pesos mensuales.

Una disposición que debe tomarse en cuenta es que las competencias y méritos de los servidores públicos se mantengan en la medida de que sean quienes ganen más quienes estén más preparados, calificados y capacitados en realizar alguna función en aras de mejorar y eficientizar el servicio público.

Nota aparte: También el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) acreditó la elección de Puebla en la que la panista Martha Erika Alonso resultó ganadora, sin embargo, esta decisión ha generado polémica entre los seguidores de Morena que esperaban una nueva elección extraordinaria a unos días del cambio de poderes en dicha entidad.