
Ecos y huecos sindicales / Adiós USICAMM
PACHUCA, Hgo., 12 de junio de 2018.- A más de dos semanas de las elecciones del 1 de julio, se han contabilizado en México 112 asesinatos políticos, lo que evidencia una debilidad institucional que ningún gobierno se ha responsabilizado, desde las esferas municipales hasta las estatales y la federal, por lo que la mayoría de estos homicidios continúan impunes.
De los 112 políticos que han sido asesinados desde el inicio del proceso electoral, 28 fueron precandidatos, 14 candidatos y el resto fueron alcaldes, regidores, diputados, síndicos y ex funcionarios públicos, por lo que podemos decir que se trata de una jornada violenta que vulnera a las instituciones y a un Estado incapaz de garantizar seguridad a sus ciudadanos.
Aunque probablemente el crimen organizado esté involucrado en muchos de estos homicidios, lo cierto es que esta tendencia creciente de asesinatos debilita a las instituciones que se deberían encargar de garantizar la seguridad e integridad de los candidatos que aspiran a un cargo de elección popular, por lo que si no podemos proteger a las personas públicas, los ciudadanos pueden sufrir cualquier delito con total impunidad.
En Hidalgo este año se han contabilizado dos ejecuciones de ex funcionarios municipales y el alcalde de Pacula, Alejandro González Ramos, cuyos casos continúan sin esclarecerse y demuestran un problema que se vive en el país y que tanto la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Gobernación (Segob) no han podido solucionar a nivel nacional, mientras que en el estado la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH) no ha detenido a los responsables.
El último caso ocurrió apenas el viernes pasado en Coahuila, donde el candidato a diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Piedras Negras, Fernando Purón, fue asesinado al salir de un debate, por lo que prácticamente en ningún lugar los aspirantes a puestos de elección popular están seguros y deben contar con elementos de protección.
Una de las principales demandas de la ciudadanía a los gobiernos de todos los órdenes es la seguridad, un tema que cada vez es más complejo de resolver y cuya desconfianza ha provocado que en algunas comunidades intenten linchar a los delincuentes por la desconfianza que también existe en los cuerpos policiacos o la insuficiencia de los mismos.
La agravante situación de inseguridad que afecta al país desde hace años también ha permeado a los candidatos en un proceso electoral y aunque el Instituto Estatal Electoral (IEEH) ha referido que sólo dos candidatos han solicitado seguridad, el proceso electoral de 2018 quedará marcado como una de las campañas más violentas en el país.
La primera garantía que debe ofrecer un Estado es la seguridad y si éste no es capaz de brindarla hay debilidad en sus instituciones que deben ser subsanadas inmediatamente para evitar más agresiones, pues la responsabilidad que buscan tener los candidatos puede afectar los intereses de ciertos grupos que pueden verse perjudicados.
Faltan más de dos semanas para que concluya el proceso electoral y las condiciones de seguridad para los candidatos aún no están aseguradas, más en los municipios del país azotados por la violencia producida por el crimen organizado y en las entidades que representan focos rojos como Guerrero, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Baja California y Jalisco.
A esta situación le añadimos los periodistas que han sido asesinados en México tan sólo en 2018, pues se han contabilizado siete comunicadores ejecutados, por lo que el periodismo sigue siendo una de las profesiones más riesgosas en el país.
En este sexenio se contabilizan 46 periodistas asesinados, siendo Veracruz la entidad más insegura para los comunicadores, y cuyos casos—en su mayoría—siguen impunes y apenas el dos por ciento de los consignados han sido sentenciados.
Nota aparte: La estigmatización de las personas que han sido asesinadas en el proceso electoral es una de las razones por las cuales las autoridades atribuyen los crímenes, principalmente a nexos con el crimen organizado o por cuestiones pasionales.