Ráfagas: ¿Malos manejos en la Comisión de Búsqueda de Personas?
INDICADOR POLÍTICO
Guerrero es, como otros en México, un Estado fallido.
En 1979, el escritor Ricardo Garibay publicó un amplio reportaje en Proceso para retratar las desigualdades sociales de Acapulco y dio el primer aviso de la agudización de contradicciones entre riqueza y pobreza, sin que las élites públicas y privadas entendieran la imagen de un volcán a punto de estallar.
Acapulco ha sido desde entonces la imagen de la polarización social: abrumadora mayoría de marginados –casi hasta el 90%– frente a una élite pública y privada que se apoderó de las riquezas turísticas y convirtió el puerto y sus playas en la costa azul mexicana.
A Garibay, a pesar de su habilidad para el manejo del lenguaje contundente, le hizo falta explorar los bajos fondos sociales del Estado: la guerrilla, los cacicazgos, el sometimiento de las autoridades a los intereses de los más ricos, la efervescencia social de la pobreza que se acumulaba en una violencia azuzada por el calor y la marginación en grados extremos.
La salida social tampoco fue entendida y sólo se enfocó en términos de seguridad política del Estado: los grupos guerrilleros de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas a finales de los años 60, la efervescencia estudiantil a nivel universitario y el activismo permanente de los normalistas que estudiaban bajo el agobio de las contradicciones sociales.
La primera gran represión ocurrió en 1961 por decisión del gobernador Raúl Caballero Aburto de aplastar al movimiento universitario con la utilización de las Fuerzas Armadas. Y ahí quedó el modelo de atender contradicciones sociales con el uso de la fuerza, involucrando al Ejército en actividades que correspondían a los políticos ya las policías. La relación entre pobreza-protestas-represión llegó a su punto máximo cuando el presidente Luis Echeverría benefició al cacicazgo de su amigo personal Rubén Figueroa y lo hizo gobernador en 1975; el cacique, que llegó al llamar la atención de documentalistas franceses, instauró un régimen de terror para aplastar por la fuerza cualquier protesta social.
El PRI gobernó Guerrero hasta comienzos de abril de 2005, cuando el expriísta Zeferino Torreblanca Galindo, vinculado desde entonces al cardenismo y a López Obrador mismo, llegó a la gubernatura en nombre del PRD, con la gran oportunidad de que la izquierda que protegió a la guerrilla tendría la oportunidad de construir nuevas relaciones de poder desde la presidencia.
Sin embargo, el PRD no fue más que una expresión del viejo PRI: el sucesor de Torreblanca fue el exgobernador interino priista Angel Aguirre Rivero, y con él llegaron a espacios municipales otros expriistas y perredistas, entre ellos los de Iguala que se involucraron en el 2014 en el secuestro y desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. El PRI tuvo un fugaz regreso de 2015 a 2021 a través de Héctor Astudillo Flores, pero la dinámica lopezobradorista impuso a Evelyn Salgado Pineda como gobernadora sólo por el hecho de ser hija de Félix Salgado Macedonio, cuya candidatura a gobernador fue tumbada por el INE.
A lo largo de más de 60 años, la élite gobernante nacional osciló entre el PRI, el PAN, el PRD y Morena, pero en Guerrero siguió acumulando contradicciones sociales y políticas por dinámica propia y sobre todo en el escenario de una pobreza social que ha colocado al estado, junto con Chiapas, entre las dos sociedades con mayores contradicciones sociales que han llevado a rupturas de la estabilidad por el accionar de guerrillas y grupos de poder caciquiles.
La destrucción del Acapulco turístico por la furia del huracán Otis se presenta como una gran oportunidad para nuevos enfoques sociales en reconstrucciones de comunidades afectadas por rupturas sociales derivadas de furia de la naturaleza, pero los primeros compromisos presidenciales se quedaron estancados en el viejo modelo de rehacer el Acapulco turístico que se edificó sobre la miseria de la mayoría de la población que nunca ha tenido posibilidad de recoger los beneficios de las bellezas naturales.
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SINALOA. Sergio “el Pio” Esquer Peiro anunció su intención de buscar la candidatura por Sinaloa al senado por el Frente Amplio y estuvo respaldado por asociaciones de agricultores, colegios de profesionistas, empresarios y miembros de la sociedad civil, enfocando sus propuestas en reactivar y mejorar al agro mexicano, apoyar al agricultor con créditos , precios justos y certidumbre, usando su experiencia como presidente de la asociación de agricultores del Río Culiacán y presidente del consejo económico para el desarrollo económico de Sinaloa. O sea, que habrá tiro.
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