Iglesia: de las narcolimosnas a la opción policiaco-represiva

INDICADOR POLÍTICO

Como no había ocurrido desde la ruptura Estado-Iglesia desde finales de los años veinte por desconocimiento de la Constitución y el intento de crear una Iglesia mexicana, la alta jerarquía católica ha decidido olvidarse de las enseñanzas de la religión para convertirse en un grupo de presión que busca obligar al gobierno de la república a regresar a la narcoguerra represiva del pasado.

El detonador que ha conducido a la iglesia católica y a la comunidad de los jesuitas a una confrontación con el Estado para obligarlo a la represión militar-policiaca de los cárteles del crimen organizado fue el asesinato a mansalva y no premeditado de dos sacerdotes jesuitas en la sierra tarahumara donde se encontraban en labor pastoral desde hace muchos años.

Por su configuración religiosa y su influencia en la comunidad, los sacerdotes han sido considerados como parte de las fuerzas vivas del viejo régimen político priista, como instancias de intermediación social y sobre todo como una fuente de información de inteligencia sobre la situación política clandestina en comunidades donde no llega el brazo operativo y supervisor de la autoridad en seguridad.

Al margen de cualquier estrategia de seguridad desde 1975, las representaciones religiosas –católicas y protestantes– han tenido importante presencia social en zonas territoriales de la República, pasando de la denuncia en 1984 sobre la invasión de mariguaneros en las comunidades católicas del sur de la República a la colaboración como intermediarios sociales con los cárteles en las zonas de Jalisco y Tijuana, incluyendo el papel de cierta parte de la jerarquía católica como motor de los grupos insurgentes en zonas rurales como Guerrero, Michoacán y sobre todo Chiapas, donde sacerdotes católicos conocieron, consolidaron y protegieron el activismo del EZLN cuando se alzó en armas, le declaró la guerra al Estado y anunció una marcha guerrillera hacia la capital de la República para obligar a la renuncia del presidente Salinas de Gortari.

En este contexto, la comunidad jesuita tiene mucho que explicar sobre el conocimiento que tenía de las organizaciones delictivas en la zona tarahumara donde se dio una convivencia con las principales bandas criminales o en Tijuana donde hubo aportación del narcotráfico con recursos económicos para terminar el seminario católico. Y todavía sigue sin explicarse el caso del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, que había sido obispo de Tijuana, al quedar atrapado en el estacionamiento del aeropuerto de Guadalajara en medio de un tiroteo entre dos bandas de narcos, sin que se haya podido explicar hasta ahora qué estaba haciendo el cardenal en el estacionamiento cuando tenía permiso especial para estacionar su auto al pie de las escalerillas del avión para recibir a dignatarios de la jerarquía católica.

Como parte de su labor pastoral, los sacerdotes católicos tienen, como ningún otro sector social y político, el conocimiento exacto de la correlación de fuerzas sociales y delictivas en sus zonas de influencia. En este sentido, las autoridades tendrían que investigar qué tipo de relaciones tenían los sacerdotes jesuitas con la banda delictiva con la que se cruzaron los dos sacerdotes al defender a otros ciudadanos.

Los sacerdotes católicos han desarrollado su propia estrategia de seguridad pública con respecto a grupos criminales y en esa connivencia se encuentran las relaciones de sacerdotes con narcos en el triángulo dorado de Durango, en la zona dominada por narcos en Michoacán, en la zona de siembra de amapola de Guerrero y todavía en el área cada vez más contaminada de narcos De Tijuana.

Por cuenta propia y fuera de cualquier intento de entendimiento con la autoridad, algunos sacerdotes católicos han establecido acuerdos de convivencia con diferentes organizaciones de bandas criminales y de narcos, con la justificación de que con ello protegen a su comunidad de creyentes. Es decir, sacerdotes católicos poseen información de los grupos delictivos en zonas pastorales importantes.

En este contexto, la investigación del asesinato de dos sacerdotes jesuitas en la zona tarahumara debiera de ahondar en la indagatoria de las relaciones cotidianas del crimen organizado con las representaciones pastorales en áreas calientes del país. En el pasado, oficinas políticas del Estado mantenían relaciones con la jerarquía católica para intercambio de información sobre temas de seguridad regional.

Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Quadratín.