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Con el gusto de los que esperan que la Casa Blanca salve a México del proyecto de fortalecimiento del Estado de la 4ª-T, el secretario estadounidense de Estado, John Kerry, estuvo ayer en México para utilizar la política de cambio climático como un mecanismo de presión política contra la reforma eléctrica del gobierno mexicano y favorecer los intereses de las empresas privadas americanas.
Kerry, aplastado como candidato presidencial demócrata en 2004 por el presidente George Bush Jr., fue rescatado por Biden con el encargo de reconstruir la política exterior imperial de Estados Unidos y regresar a los tiempos de la guerra fría ideológica y económica que fue perdida por la Unión Soviética de Gorbachov.
El gobierno de Biden ha posicionado el tema de cambio climático como un instrumento de coerción contra los demás países del mundo, obligando a gastos extraordinarios que debiliten las finanzas públicas de los potenciales adversarios de Washington.
Para el caso de México, Biden y Kerry están destruyendo el famoso y muy promocionado espíritu del Entendimiento Bicentenario bilateral para centralizarlo en la nueva hegemonía de la Casa Blanca en temas vitales como narcotráfico, migración, subordinación económica y productiva a los intereses de las empresas estadounidenses en el marco del Tratado de Comercio Libre y ahora en la agenda estadounidense de recomendar respeto a la libertad de prensa en México, cuando la Casa Blanca de Bush Jr. y de Obama limitaron el ejercicio de la prensa libre en Estados Unidos y tienen a varios periodistas arrinconados en demandas que han llegado a la Corte Suprema.
Kerry está redefiniendo la política exterior de la Casa Blanca en su tránsito de la famosa diplomacia de las cañoneras que justificó guerras de dominación imperial por la actual diplomacia de defensa de las empresas privadas en el extranjero, en este caso México, contra decisiones soberanas para regular la inversión extranjera estadounidense antes dedicada a la exacción de recursos naturales y económicos.
La agenda de cambio climático se quiere aplicar en México para obligar al retiro de la iniciativa de ley de reforma eléctrica que está revisando de manera crítica los contratos que le entregó el gobierno de Peña Nieto a empresas extranjeras, sobre todo estadounidenses, a fin de reconstruir la preponderancia del Estado mexicano sobre el recurso de la generación privatizada de energía eléctrica.
La Casa Blanca, el Departamento de Estado, legisladores de ambos partidos en el Capitolio y la embajada de Estados Unidos en México han intensificado sus presiones sobre el gobierno mexicano para impedir la aprobación de la ley con amenazas de ejercicio de poder político institucional, sustituyendo los tribunales de controversias que deberán de aplicarse en el caso de las empresas afectadas.
En este sentido, la Casa Blanca está usando el cambio climático como un mecanismo de dominación imperial estadounidense sobre México y otros países y violentando los acuerdos soberanos y sobre todo las relaciones bilaterales que quisieron ser reconstruidas con el espíritu del Entendimiento Bicentenario y que hoy carecen de valor por el activismo de Washington sobre decisiones de soberanía mexicana.
El peso asimétrico de la política exterior de Estados Unidos se ha puesto al servicio de los intereses de las empresas estadounidenses y sus utilidades en el sector eléctrico que han sido conminadas a revisar contratos que beneficiaban las utilidades y no la prestación de un servicio social. De ahí que el secretario de Estado de la Casa Blanca deba ser tratado como un abogado litigante de negocios de empresas estadounidenses y no como el representante de una nación.
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