Indicador Político: Carlos Ramírez

4T: reforma del Estado para continuidad o ruptura de neoliberalismo salinista

A lo largo de cuatro partes, aquí se ha tratado de analizar el escenario de desafío de la 4T de cara a la herencia neoliberal de Carlos Salinas de Gortari (1979-1994). El punto central se puede plantear así: el neoliberalismo no es ideología, sino un modelo de desarrollo nacional y un Estado subsidiario.

Salinas de Gortari se tardó catorce años para construirlo, desde el Plan Global de Desarrollo 1979 hasta la puesta en marcha del TCL en enero de 1994. Y al dejar su proyecto bien atado en lo constitucional, el actual sistema/régimen/Estado neoliberal carece de mecanismos para operar de manera eficiente como Estado populista.

Sin una profunda reforma del Estado, la Cuarta Transformación quedará como una frase en el imaginario colectivo. Ya transcurrió año y medio y los resultados de la 4T han sido escasos, y no tanto por falta de voluntad o pasión, sino por estar desprovisto de instrumentos operativos en el actual Estado neoliberal. Reasignar presupuesto a obras insignia y a subsidios direccionados no modifica la estructura neoliberal de producción ni la mala distribución de la riqueza.

La clave del Estado de la 4T radica en la liquidación del Estado de economía de mercado que introdujo Salinas y la constitucionalización del sector privado que vive de la utilidad o plusvalía y no del servicio social; y sin llegar al Estado absolutista en lo económico, la Constitución sí requiere una definición del Estado productivo para no quedarse en la fase del Estado providencial que sobrevive de apoyos no-productivos.

En los hechos, el Estado lopezobradorista está marginando a los empresarios de ciertas áreas productivas de función exclusiva del Estado, pero hasta ahora no ha definido un nuevo modelo de desarrollo, ni nuevas políticas industrial y agropecuaria. El problema no es la acción del Estado en puntos sensibles del proyecto sexenal, sino que la complicación se profundiza y amplía cuando el Estado actual no define el rumbo del desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo 2029-2024 redactado en Palacio —el único legal porque se publicó en el Diario Oficial— es doctrinario y político, pero no productivo.

El Tratado ha quedado al garete y se reformó a partir de las exigencias de Trump, sin que haya habido un proyecto de desarrollo industrial y agropecuario mexicano para reordenar beneficios. Aquí se ha escrito que la participación nacional mexicana en los productos de exportación ha bajado de 58% al comenzar el Tratado a 38% en 2019, lo que indica que las plantas industriales, agropecuarias y de servicios no aprovecharon la oportunidad para reorganizarse.

De acuerdo con el reformado y neoliberal artículo 25 Constitucional, el Estado tiene la facultad de ser el rector del desarrollo a través del PND; sin embargo, en los meses de la 4T no se existen los programas sectoriales que pudieran indicar el papel del Estado en la conducción del desarrollo.

Sin un reforma del Estado, del artículo 25 constitucional para regresar al Estado como pivote del desarrollo, sin un partido-sistema (era el PRI, no es Morena) para canalizar y administrar demandas, sin un programa para los nuevos modelos de desarrollo industrial, agropecuario y de servicios, en suma sin un programa de desarrollo para la competitividad, al final la 4T quedará sólo en temas desarticulados de subsidios a sectores vulnerables que no dinamizan la economía productiva y en obras insignia que tendrán poco efecto en la planta productiva general.

El presidente López Obrador cumplió la fase de las acusaciones retóricas, pero no ha entrado en el nivel de las reformas constitucionales para desmontar el Estado neoliberal salinista. Sin esas reformas, el modelo lopezobradorista pudiera quedarse estancado en un sencillo proyecto populista y no es una propuesta económica de Estado productivo de desarrollo con bienestar social.

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BC. Como era de esperarse, el gobierno bajacaliforniano de Jaime Bonilla encontró una cloaca de corrupción en los gobiernos panistas anteriores. Una línea de investigación involucra al antecesor panista Francisco Kiko Vega (2013-2019) por contratos a su compadre Fernando Beltrán por casi 2 mil millones de pesos en varios rubros, entre ellos agua para la planta cervecera Constellation Brands recientemente cancelada. La Unidad de Inteligencia Financiera ya tomó cartas y se espera que el caso pase a la Fiscalía.

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@carlosramirezh

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