Indicador Político | Militarización, estabilidad y PIB y el Estado de seguridad interior

Desde que se inició la ofensiva gubernamental contra el narcotráfico en diciembre de 2006, el país ha venido arrastrando un pasivo conceptual que contribuye a lecturas equivocadas de la seguridad: el temor al diseño de una doctrina de defensa nacional que abarque las tres seguridades, la pública, la interior y la nacional.

El discurso del general secretario Luis Cresencio Sandoval González y el acuerdo para declarar de interés público y seguridad nacional los proyectos insignia del gobierno federal cayeron en ese vacío de definición de las funciones gubernamentales que tienen que ver con las tres seguridades.

La doctrina legal existente tiene clara la dimensión de la seguridad pública como protección de los bienes y existencia de los particulares y la seguridad nacional que protege las fronteras de acosos extranjeros.

Sin embargo, por temores políticos y por incomprensión conceptual la clase política gobernante se ha negado a encarar la necesidad de reglamentar la seguridad interior; el último intento frustrado ocurrió en 2018 con la aprobación e inmediata abrogación de la ley de seguridad interior.

Aunque existe en los hechos a partir del funcionamiento de las áreas de las fuerzas armadas, en realidad no se ha fijado con claridad la doctrina de defensa nacional que involucre no solo a las cuatro armas vigentes, sino que ya debe de articular la política exterior como geopolítica de equilibrios de poder civiles y militares, el fortalecimiento del Estado democrático de derecho y la estabilidad social-política-económica para garantizar el nivel de bienestar en la población.

La doctrina militar asume ya la seguridad interior, aunque sin reglamentación legal: “condición que proporciona el Estado mexicano para salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos y el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del Estado de derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional”.

Y la Estrategia Nacional de Seguridad pública del Gobierno actual fijó, entre muchos otros, dos compromisos todavía no reglamentados: “fortalecer y mantener la seguridad interior del país y garantizar la defensa exterior de México, con la participación de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional” y “promover el concepto de cultura de seguridad nacional postulado por el gobierno de México, para contribuir al conocimiento colectivo sobre el tema y fortalecer la toma de conciencia sobre los principales riesgos y amenazas, así como su posible impacto en la forma de vida de los mexicanos”.

El vacío en las doctrinas de seguridad reglamentadas a nivel de leyes explica la tergiversación de pronunciamientos de las fuerzas armadas y las decisiones en materia de seguridad nacional, además de nutrir las pasiones coyunturales que quieren convertir el concepto de militarización como actividad legal de las fuerzas armadas reguladas por las cinco misiones especificas de la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea en un militarismo como sistema sustituto del régimen político civil que mandata la Constitución.

El discurso del general secretario el 20 de noviembre y el acuerdo sobre obras estratégicas del gobierno actual del lunes 22 tendrían justificación si existiera el marco jurídico que determinará el funcionamiento del Estado de seguridad interior.

Y queda claro que el ánimo presidencial ha acudido a la fortaleza y valores de las fuerzas armadas en áreas civiles que tienen mucho que ver con la seguridad nacional por el fracaso ético de los civiles y el auge de la corrupción. Además, queda el hecho irrefutable de que las fuerzas armadas están formadas por ciudadanos con derechos claramente delineados y no representan ninguna casta de privilegios.

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LA CRISIS, PRESENTE. varios elementos se han entrelazado para configurar una situación que dibuja escenarios de inestabilidad social: la depauperación de la clase media, el escenario de PIB promedio anual sexenal de 0%, el crecimiento de la inflación y el rebote productivo que ha revelado un nuevo auge de la informalidad laboral por la falta de un programa ordenado e integral de reactivación productiva.

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