Instalados en el cinismo

La impunidad en cualquiera de sus formas lleva a la reiteración de conductas ilegales o indebidas y a una degradación de la vida pública. Al no haber sanción social o legal se elimina toda razón para cambiar, para revisar críticamente lo que se hace. Este es el signo de los tiempos y deviene desde la más alta oficina pública. Para quienes están en el poder no hay razón para cambiar a pesar de los evidentes errores, las fallas y sus nocivas consecuencias. Ni siquiera la remoción de funcionarios ha servido de didáctica para mejorar. Quien se siente impune, sea un delincuente convencional, de cuello blanco o un simple infractor administrativo, también se sabe por encima de cualquier consideración.

La actitud de guerra en que el régimen se ha instalado mucho tiene que ver con la degradación de la vida pública. Lleva a la polarización y valida cualquier conducta a partir de los objetivos del enfrentamiento. La primera baja es la verdad; la segunda, la legalidad. Bajo esta apreciación, la ley se plantea como trampa, como una fórmula del enemigo para socavar la elevada causa. La moral propia se impone a cualquier otra consideración.

Entre los casos emblemáticos de quebrantamiento del orden legal, muchos son públicos y generalizados, como la publicidad ilegal que acompañó a la consulta para la revocación de mandato. Al amparo de un derecho ciudadano a pronunciarse se financió una campaña publicitaria nacional que llegaría a una cifra muy baja de participación que, en sí misma, invalidó a la consulta; además de la indebida participación del partido gobernante en todo el ejercicio supuestamente ciudadano, desde el levantamiento de firmas, su promoción y el activismo antes, durante y después de la fallida jornada.

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