Intolerancia y fanatismo religioso en México

Twitter: @OswaldoRamirezG

Desde hace unos días circula en redes sociales un video en el que se muestra a un ministro protestante destrozar con un hacha en pleno acto frente a sus feligreses dos figuras religiosas; una de la Virgen de Guadalupe y otra de la Santa Muerte. El video ha conmocionado la opinión pública, particularmente la comunidad de fieles católicos que señalan que este tipo de actos trasgrede la fe y la cultura de todo un país, señalando incluso que es un acto simbólico de terrorismo religioso. Otros van más allá previniendo y han puesto fecha de caducidad a dicho pastor, alegando que bien podría ser linchado o desaparecido por ejercer este tipo de violencia. Si bien es cierto que estos actos se realizaron al interior de las instalaciones de esta comunidad evangélica, cabe señalar que al momento de subirlo a redes sociales además de abrir una caja de pandora e indignación por la aún mayoría según el último Censo del INEGI, la comunidad católica apostólica romana supera los 97 millones de habitantes, mientras que la de cristianos/protestantes practicantes ronda en poco más de 14 millones,  junto a estos el tercer puesto significativo en la encuesta es el grupo que no profesa ninguna religión con poco más de 10 millones de habitantes, mientras que más de tres millones declararon ser creyentes a secas sin definir en qué o a quién (Panorama de las Religiones en México; INEGI, 2020).

Con todo lo que implica, merecerá un análisis aparte el movimiento estadístico antes señalado en el que, si bien el catolicismo practicante sigue estando en primer lugar, su valor porcentual ha bajado significativamente frente a los tres grupos señalados; cristianos/protestantes, sin religión y creyentes. Sea como fuere, el meollo del asunto que nos trae a cuestión es lo concerniente al radicalismo de las prácticas, así como a esa indignación y doble moral por los actos del reverendo Kevin Wynne, ministro religiosos estadounidense perteneciente a la Iglesia Bautista Fundamental Monte Sion quien recientemente arribo a nuestro país junto con su familia y un grupo de misioneros; el acto donde destroza las imágenes religiosas lo realizó dentro del orden de culto en una congregación de dicha denominación ubicada en el estado de Tamaulipas. Esto obliga poner en contexto histórico este caso a fin de dilucidar de manera amplia el problema real.

Históricamente la presencia del cristianismo católico tiene su origen en la conquista y colonización española. El arraigo cultural y sincretismo religioso que esta creencia dejó en lo que después sería nuestro país, llegó a su clímax con la “aparición” de la virgen de Guadalupe. Pese a que la gran mayoría de los habitantes de la Nueva España, después llamado México profesaron esta devoción, ello no evitó la introducción de otros grupos religiosos; hay registros de judíos desde la época colonial, y de algunos piratas y corsarios holandeses procesados por el Santo Oficio acusados de herejes y luteranos, además de ladrones de la corona española. La presencia de metodistas en el territorio de Texas y en Real del Monte, Hidalgo, y de presbiterianos en Zacatecas durante la primera mitad del siglo XIX fue marginal en tanto las condiciones constitucionales permitieron desarrollar leyes que detonaran en una plena libertad religiosa. Curioso que en 1824 se promulgara la que se considera la Constitución política más conservadora que ha tenido en la historia nuestro país y en la que se señala al catolicismo como oficial y única religión permitida. Será en cartas magnas posteriores en las que se definirá al artículo 24 al que señale como pleno derecho la libertad de practica y credo religioso en México. No obstante, será hasta la Constitución de 1857 y de manera concreta con el presidente Sebastián Lerdo de Tejada (1872-1876) en el que se dará de manera oficial cause a la libertad de credo. A pesar de ello, la persecución y difamación por parte de las cupulas católicas instigaron a sus feligreses a frenar la entrada de grupos misioneros protestantes a México, en gran parte motivados por temor a perder su influencia política, económica y social. Lo que derivó que en varias partes del país hubiera asesinatos de pastores, destrucción de templos evangélicos y desplazamiento hostigamiento político y social de sus feligreses, para lo que en pocas ocasiones el Estado Mexicano fue capaz de ejercer justicia en contra del fanatismo católico.

Estos hechos se replicaron tiempo después con la Guerra Cristera (1926-1929), en las que parte del clero secular de los estados de la región del Bajío (Querétaro, Guanajuato, Jalisco y Michoacán, principalmente), le declararon la guerra al gobierno revolucionario constitucional, debido a que la aplicación rigurosa de la Constitución de 1917 tocaba fuertemente sus intereses. En este contexto, las minorías protestantes ubicadas en aquellas entidades fueron las más afectadas al no tener garantía del respeto de sus derechos fundamentales, el asesinato de hombres, la violación de mujeres y la prohibición a la educación de los infantes fueron algunas de las secuelas, mismas que no terminaron cuando termino dicho conflicto. Ni siquiera las reformas constitucionales en materia religiosa de 1992-93 han garantizado un trato igualitario entre las minorías religiosas y la iglesia católica, esta última que pese a no contar con reservas legales que la amparen, siempre ha sido respaldada por funcionarios que la profesan y que entorpecen o hacen de la vista gorda aplicar los decretos constitucionales. Lo anterior queda reflejado en las carpetas de investigación pendientes actualmente en las que un sin número de casos de abuso de autoridad, acoso y violencia han obligado al desplazamiento de comunidades evangélicas de entidades como Oaxaca, Chiapas e Hidalgo.

Pudiéramos pensar que la solución está a la vuelta de la esquina, pues existe mayor participación de algunos sectores evangélicos e incluso partidos como Encuentro Social (PES) fueron construidos desde el ala de algunas de estas denominaciones. Pero es mentira, la brecha de respeto e igualdad se reduce en la medida en que los intereses fraccionados de las minorías apelan a un cristianismo burgués, las autoridades a una simulación en tanto que solapan con el argumento de “usos y costumbres” en algunas comunidades las prácticas católicas en perjuicio de quienes habitan en aquellos lugares, pero ya no profesan esa creencia. En suma, lo que hizo el Rvdo. Wynne fue atroz y grotesco en su afán de reivindicar la fe de sus creyentes, pero mayor es la hipocresía y omisión de las autoridades, los medios de comunicación y los que profesan la aun religión predominante. En suma, si lo políticamente correcto dicta hoy la defensa de elección de genero son pena del rigor de la ley, ¿Por qué no se actúa de la misma manera en pro la defensa real de creencia religiosa?

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