
Ráfagas: Frente de alcaldes contra Gil Borja
En la más reciente entrega del Itinerario Político se documentó que el regreso a clases presenciales, decretado por el gobierno federal, era lo más parecido a un crimen de Estado.
Un decreto del jefe del Estado y del gobierno para que, a partir del 30 agosto del 2021, regresen a clases presenciales en todo el país los niños, adolescentes y jóvenes.
Es decir, que por decreto del Estado, se pone en riesgo la vida de niños, adolescentes y jóvenes –además de maestros y familias completas--, ya que la vacunación en México es de las más bajas del mundo, mientras que “la tercera ola” de contagios supera por mucho a las dos primeras en nuestro país.
Eso sin contar con la más reciente revelación de la Universidad Johns Hopkins, que reportó a México como el país del mundo con el mayor número de muertos por Covid, por cada 100 mil habitantes.
Además, según Sipinna, en México han muerto casi 600 niños y jóvenes en los que va de la pandemia y se han contagiado al menos 57 mil 500 menores; 11 mil de ellos entre 0 y 5 años; 14 mil entre 6 y 11 años y 34 mil entre 12 y 17 años.
Por tanto miente el gobierno de AMLO cuando dice que la pandemia no daña a menores de edad.
Pero volvemos al tema porque la política de salud pública implantada por López Obrador experimentó un cambio de 180 grados en la atención a la niñez y la juventud; un viraje que no sólo ofende a la sociedad sino que rechaza una de las mayores responsabilidades del Estado mexicano; la obligación de atender de manera prioritaria la salud de los ciudadanos.
Y es que de manera irresponsable, el presidente Obrador no sólo tiró a la basura la “Cartilla de Vacunación” --instrumento fundamental que permitió garantizar la salud de la niñez mexicana durante medio siglo--, sino que para el regreso a clases propuso una suerte de “Cartilla de Defunción”.
Sí, lo más parecido a una carta de suicidio: “¡Que no se haga responsable a nadie de mi muerte!”.
En los hechos, la “responsiva” que la SEP propone que firmen los padres para que sus hijos acudan a la escuela no es otra cosa que el aval de los padres para exonerar a las autoridades escolares --del sector educativo y al gobierno federal--, del daño potencial a los niños acausa de la pandemia.
¿Y cuál podría ser ese daño?
Todos lo saben; el riesgo que va desde el contagio del niño en la escuela, al peligro para toda la familia, a la enfermedad grave y, sobre todo, a la muerte del niño y/o de uno o más de sus familiares cercanos.
En castellano puntual, López Obrdor le avisa a los mexicanos que su gobierno “se lavará las manos” por el contagio y eventual muerte de niños en las escuelas y que los padres serán los únicos responsables
En efecto, la exigencia del gobierno es que todos los niños, adolescentes y jóvenes que regresan a clases, lleven consigo, todos los días, su certificado de que ante la eventualidad de un contagio o, incluso la muerte, no se hará responsable a ninguna autoridad escolar o federal.
Insistimos, lo más parecido a una carta de suicidio: “¡Qué no se haga responsable a nadie de mi muerte!”.
Pero el mayor crimen es que con tal documento, el ciudadano renuncia --por presión oficial--, a la obligación del Estado a garantizar derechos humanos como los de la salud, el bienestar y la vida.
Es decir, que en la práctica, los ciudadanos son obligados al pago de impuestos pero el Estado --el gobierno y sus instituciones--, no asumen su responsabilidad de garantizar los derechos propios de quienes pagan impuestos; derechos humanos a la salud, el bienestar y la vida.
Y ese cambio radical de la responsabilidad del Estado con la salud pública contrasta de manera extrema con la implantación --por decreto presidencial del 20 de octubre de 1979--, de la Cartilla Nacional de Vacunación.
Desde entonces, la “Cartilla de Vacunación” se convirtió no sólo en una garantía de salud para los mexicanos de 0 a 17 años, sino el equivalente a la credencial del INE para esa población.
La “Cartilla de Vacunación” es herencia de Alfredo Heredia Duarte, pediatra y maestro en salud pública, mientras que la “Cartilla de Defunción” podría ser la macabra herencia de López Obrador.
Al tiempo.
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