La impunidad, tragedia nacional

MÉRIDA, Yuc., 17 de junio de 2025.-Reveladora la respuesta frente los asesinatos de este fin de semana de Melissa Hortman y su marido Mark, una congresista local demócrata, quien había sido presidenta del Congreso de 2019 a principios de 2025, así como el atentado por el mismo sujeto contra el legislador demócrata John Hoffman y cónyuge del que resultaron gravemente heridos. En menos de 48 horas el sospechoso fue detenido. A lo largo del proceso las autoridades informaron sobre los hechos. La tecnología aportó lo suyo y fue crucial para identificar al sospechoso, ubicarlo y aprehenderlo, a pesar de que estaba armado en el momento de la detención y que había disparado a la policía en la segunda acción criminal.

El hecho ha sacudido a la opinión pública norteamericana. Minnesota no es un estado con violencia política. Pero la ola de polarización ha cambiado el entorno, como también ha ocurrido en otras comunidades. El trumpismo ha encendido pasiones y odio. El criminal era ultraderechista exasperado por los acontecimientos, según una prédica religiosa pública del inculpado que reprodujo el NYT. Una sociedad armada, como es la norteamericana, propicia que las diferencias o las patologías sociales pasen a la criminalidad. Le ha sucedido a Trump y a otros prominentes políticos, sin que hayan tenido éxito los delincuentes, con la excepción del esposo de la líder demócrata de California Nancy Pelosi, que casi fue herido gravemente en su propio domicilio por un criminal con motivación política.

A la distancia mucho se puede aprender; en nuestra circunstancia lo más relevante a destacar es la inexistente impunidad; las autoridades actúan, los medios participan y la sociedad se involucra y así los responsables son llevados a la justicia para que enfrenten las consecuencias de sus acciones criminales. Una lección de civilidad; la actuación y coordinación de las policías municipales, estatales y federales, hasta la detención y la información subsecuente, incluso las imágenes actualizadas de ese último momento. También, hay que decirlo, la cobertura mediática precisa y oportuna y ajena al morbo, sentimiento propio de tales asuntos.

México es el país de la impunidad. Sólo Coahuila y Yucatán registran cifras de éxito para esclarecer delitos graves; en las demás entidades la situación es de oprobio. En más del 87% de homicidios dolosos sables no hay sentencia que condene al responsable; en Jalisco, Oaxaca y Colima la tasa de impunidad es superior a 97. Los casos que se resuelven como el atentado contra Ciro Gómez Leyva son excepciones, que revelan que cuando hay considerable presión social las autoridades actúan, aunque en ese caso no se ha llegado de manera fehaciente con el autor intelectual. Otro crimen resuelto es el del homicidio del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, degollado y su cabeza exhibida. El autor intelectual y los ejecutores del crimen fueron detenidos y están bajo proceso. Sin embargo, estos casos son excepción, a pesar de que los homicidios de funcionarios municipales aumentan de manera alarmante.

Este fin de semana se conoció el asesinato de Lilia Gema García Soto, alcaldesa de San Mateo Piñas, ejecutada a balazos ayer por un comando en la región Costa de Oaxaca en su oficina municipal. Es indispensable que las autoridades actúen con acierto y den con los responsables materiales e intelectuales para someterles a proceso y sancionar con severidad. La única manera de reducir la violencia es abatiendo la impunidad.

Un caso emblemático que demanda esclarecimiento es el que aconteció hace cuatro semanas en el que fueron ejecutados Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, dos muy cercanos colaboradores de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. A diferencia de lo que aconteció con el atentado de Ciro Gómez Leyva, las autoridades se han reservado información o posiblemente es porque no tienen mucho que decir. Lo relevante, finalmente, es que se esclarezcan los hechos y que los responsables enfrenten a la justicia. Difícil que en este tipo de situaciones las policías o fiscalías sean indolentes; no resolver el caso es tanto como constatar la incapacidad de las autoridades para llevar a los criminales a la justicia, aun en los homicidios de alta prioridad y de destacado interés público por el perfil de las víctimas. Como dijera el Senador demócrata Alex Padilla cuando fue esposado ilegalmente en Los Angeles California por policías, si eso le sucede a un habitante del Olimpo, que no habrá de acontecer con los seres terrenales.