La sospecha aniquila

MÉRIDA, Yuc., 01 de julio de 2025.-El derecho a la sospecha es indiscutible, cada cual tiene derecho a sus fantasmas, a sus preocupaciones reales o imaginarias. Se puede sospechar de todos y de todo, además la paranoia se ha instalado en la vida pública desde que se volvió recurso para expiar culpas propias o para explicar lo inexplicable o abonar consenso a la causa propia. La sospecha en exceso enferma y provoca más daño que beneficio si no es bien administrada.

Es difícil tener claridad sobre qué es peor, el que sospecha por convicción o el que sospecha por interés. Lo peor es la combinación de ambos, que es justo lo que sucedió con López Obrador candidato y presidente. Su tesis del llamado complot o la presunta embestida de la mafia del poder fue parte de su larga campaña opositora; lo que era parcialmente cierto fue elevado a proporciones mayores y as justificar sus tropiezos, resultados adversos y abuso. Peor ocurrió como gobierno, pasarse por víctima de los medios (en su mayoría sometidos) a grado tal de asumirse como el presidente más criticado en la historia o la de aludir a los conservadores o los corruptos embozados a partir de las decisiones judiciales adversas por sus actos de gobierno o decisiones legislativas del régimen. Todo tropiezo o merecido señalamiento por errores y excesos es descalificado como campaña opositora. En lugar de asumir la realidad y las malas decisiones, todo fue trasladado a una maquinación de los conservadores. También así argumentaba ante toda crítica a su gobierno, según él, motivados porque ya no se les daban los dineros del pasado.

La presidenta Sheinbaum pide pruebas al departamento del tesoro norteamericano por los señalamientos que se hacen a tres instituciones financieras de ser funcionales al narcotráfico. Acierta, no se pueden afectar derechos ni prestigios sin pruebas y hay que decirlo, sin oportunidad a la defensa al imputado; en todo caso que haya un debido proceso para determinar responsabilidad. La cuestión es que lo que hace el gobierno norteamericano ha sido la práctica regular de la presidencia desde 2017; inició con Peña Nieto cuando la PGR señaló al candidato Ricardo Anaya como responsable de la comisión de un delito que resultó en una fabricación de la que se tuvieron que desistir después del daño infligido; ya con López Obrador en la presidencia fue abrumadora, recurrente y generalizada la práctica de imputar sin probar, tampoco denunciar. La presidenta Sheinbaum va por donde mismo, aunque con mejores formas y particularizado a objetivos específicos como ha sido el señalar como corruptos de manera generalizada a los funcionarios judiciales y a los ministros de la Corte para justificar la destrucción del Poder Judicial o más recientemente, acusar de parcialidad por razones partidarias a los consejeros del INE que no avalaron la indefendible y fracasada elección del Poder Judicial Federal.

Lo peor de pedir pruebas es que las den y lo que es peor que se demuestre que el mismo demandante sea quien debió proveerlas y que por complacencia, impericia o indolencia no hizo la tarea. Es posible que en eso quede el diferendo con el departamento del tesoro norteamericano. Queda por ver si la acusación se funda en una simple y frívola sospecha o si hay elementos para ella, esto es, si se trata de una presunción razonada o fundada.

Lo cierto es que el valor intangible de la confianza ha sido dañado gravemente para las tres instituciones aludidas. Prácticamente imposible que las autoridades norteamericanas se retracten y mucho menos se disculpen. Como tampoco lo hacía Santiago Nieto en la UIF, quien públicamente acusaba y en lo corto se desdecía de sus señalamientos con un daño irreparable a las personas y empresas afectadas. Imposible una disculpa formal a pesar del agravio. En otras palabras, lo que ahora ocurre con las autoridades norteamericanas es lo que se ha hecho el obradorismo desde que se instaló en el poder y que hizo de la tribuna presidencial ejecución sumaria y sin defensa de acusados fueran periodistas, representantes de organizaciones civiles que denunciaban la corrupción, empresas o adversarios políticos, incluso la principal candidata presidencial opositora. Uso faccioso de los recursos del Estado, entre otros, la divulgación de información legalmente protegida como las de corte fiscal o las de transacciones financieras por parte de la UIF.

La sospecha se vuelve en contra del régimen obradorista. El tiempo dirá la validez de los señalamientos del departamento del tesoro. El daño es irreversible.