Laboratorio Público: Auditoría y fiscalización

Hace unos días el Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Hidalgo Francisco Xavier Berganza Escorza, recibió el segundo informe de auditoria y fiscalización a la cuenta pública 2020, por parte del Dr. Armando Roldán Pimentel, Auditor Superior del Estado.

Este informe sería el último que se realiza a las administraciones municipales 2016-2020 y con ello podrían resultar diversas denuncias contra las y los presidentes municipales que las presidieron.

Si se trata de posibles denuncias no graves estas serán revisadas por los Órganos Internos de Control Municipales, en este supuesto cae el propio Congreso en la administración del ex Diputado Ricardo Baptista. Las Contralorías ya no dependen de las y los presidentes y podrían entre las posibles sanciones imponer amonestaciones públicas o privadas o inhabilitar a personas servidoras públicas.

En caso de detectar posibles irregularidades que se consideren como graves se dará vista a los Tribunales correspondientes.

En este sentido algunos ex presidentes y ex presidentas ya tienen procesos iniciados por los resultados de ejercicios anteriores, sin embargo, la revisión de este último ejercicio podría terminar con más denuncias a quienes ya tienen una o sumarse más ex ediles a la lista.

Los informes de la Auditoría se entregan de manera desfasada de acuerdo a su revisión, por lo que las observaciones que se hagan en años posteriores a las actuales administraciones municipales  podrían darse por una Auditoría que probablemente sea nombrada bajo un gobierno diferente al PRI si se presenta la transición del Gobierno del Estado.

La labor que hagan los municipios en control del gasto público y su alineación a las leyes en materia de fiscalización, así como los mecanismos de control interno  será importante más con la transición política que se puede presentar en el Estado.

Mientras el ejercicio del gasto y su control estén alineados a lo establecido en las diversas disposiciones legales no habrá observaciones a los municipios, sin embargo, las observaciones y posibles denuncias podrían incrementarse en los siguientes años. En dicho escenario la Auditoría serviría como una herramienta política más que de fiscalización.