Filosofía sin escrúpulos
PACHUCA, Hgo., 8 de septiembre de 2025.- La Ley Orgánica Municipal estipula que hoy es el último día con que cuentan los presidentes municipales para presentar sus leyes de ingresos ante sus respectivos ayuntamientos, los cuales tienen como plazo hasta el 22 de septiembre para aprobarlas.
Hace unos días consulté las 84 leyes de ingresos vigentes, con el propósito de revisar los conceptos que se generan desde el área de cultura y que sería deseable se mantuvieran o fortalecieran.
Los hallazgos resultaron interesantes y a la vez retadores: de los 84 municipios, solo 11 contemplan conceptos vinculados a cultura. Estos se concentran en dos rubros principales: la impartición de talleres y el arrendamiento de espacios culturales.
En cuanto a los talleres, los municipios que tienen conceptos definidos son: Actopan, Huichapan, Mineral de la Reforma, Pachuca, Tepeji del Río, Tezontepec de Aldama, Tizayuca y Tulancingo. Por su parte, en el arrendamiento de inmuebles figuran: Mineral de la Reforma, Mixquiahuala, Pachuca, Tezontepec de Aldama, Tula y Villa de Tezontepec. En suma, 8 municipios contemplan cobros por talleres y 6 por arrendamientos, aunque únicamente 3 incluyen ambos aspectos.
De inmediato se buscó cambiar este panorama con acercamiento a las áreas municipales de cultura, pues si están limitadas en sus posibilidades de cobro, también lo están en su capacidad de gestión cultural.
En lo relacionado con cursos y talleres, el hecho de que no esté estipulado el cobro puede implicar la falta de promoción de estas actividades o bien que las cuotas no estén vinculadas a la Ley de Ingresos. Asimismo, existen municipios con teatros o espacios culturales que no son arrendados, lo que reduce la posibilidad de generar más eventos y obtener recursos para el mantenimiento y mejora de los recintos.
Es posible que en algunos casos los talleres o espacios culturales se ofrezcan de manera gratuita, lo cual también constituye un esfuerzo valioso; sin embargo, fortalecer la hacienda municipal permite impulsar de manera más sostenida al gobierno y sus acciones culturales.
Reconocer a la cultura como un bien público implica dotarla de recursos para crecer, diversificarse y garantizar su acceso. Si los municipios asumen con seriedad este reto, podrán transformar los ingresos en inversión cultural, y con ello, en mejores oportunidades de desarrollo y cohesión social.
Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Quadratín.