Ayotzinapa entre sombras: La deuda de AMLO
PACHUCA, Hgo., 27 de julio de 2026.- Todos recordamos un gol de último minuto. Ya sea jugando o viendo un partido donde una anotación en los segundos finales cambió la historia. Incluso el último minuto tiene sesenta segundos. Así debería ser en todos los ámbitos. Sin embargo, hace poco escuché a una persona servidora pública afirmar que no era viable corregir algunas cuestiones porque el cierre de una administración estaba próximo. Ese comentario me hizo mucho ruido por diversas razones.
Por ejemplo, desde una visión de innovación pública, las soluciones se diseñan, implementan y ajustan de manera ágil, corrigiendo los aspectos que surgen durante su ejecución para mantener el ciclo de mejora continua. Se sabe que un error menor resulta menos costoso que no implementar las soluciones propuestas, pues el propio proceso está diseñado para identificar y corregir los obstáculos que se presenten.
Desde la perspectiva de la gobernanza, resulta ineficiente reconocer que existen procesos que requieren corregirse y, aun así, decidir no hacerlo cuando todavía resta poco más de un año de administración. Si una empresa detecta procesos ineficientes, busca adecuarlos porque representan pérdidas de recursos o debilidades en los mecanismos de control que pueden derivar en problemas futuros.
Una visión ciudadana exigiría resultados, ya que el gobierno existe para resolver problemas. Difícilmente sería aceptable responder que no se corregirá algo únicamente porque una administración está por concluir. Incluso desde una lógica política, si se pretende demostrar mejores resultados y refrendar la confianza ciudadana, resulta contradictorio mantener procesos que se sabe son incorrectos y que podrían perfeccionarse.
Una perspectiva de responsabilidades administrativas incluso podría advertir una posible omisión, ya que existe un deber específico de actuar, se cuenta con la posibilidad material de hacerlo y la falta de acción puede generar una afectación al interés público.
Ante estos escenarios, en los que existen razones suficientes para actuar y adecuar procesos, surge una pregunta: ¿por qué se elige la inacción? Sobre todo cuando, en la mayoría de los casos, los costos de no hacer cambios son mayores que los de implementarlos. Las instituciones y quienes las integran suelen mostrar resistencia al cambio, prefiriendo mantener un proceso aun cuando saben que presenta deficiencias, antes que asumir el reto de corregirlo. Pienso que vale la pena echar toda la carne al asador, buscar ese gol de último minuto y darlo todo por el interés público que, al final, constituye la razón de ser de cualquier gobierno.
Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Quadratín.