Laboratorio Público: Repensar las políticas para la creatividad

PACHUCA, Hgo., 5 de enero de 2026.- El informe Re|pensar las políticas para la creatividad de la UNESCO (2022) nos presenta una lectura necesaria para la gestión pública cultural: la cultura ya no puede seguir tratándose como un sector accesorio ni como un conjunto de programas aislados, sino como un bien público global que exige arquitectura institucional, regulación coherente y mecanismos efectivos de garantía de derechos.

El documento es claro al señalar que las políticas culturales tradicionales han quedado rezagadas frente a transformaciones estructurales: digitalización acelerada, concentración de mercados culturales, precarización del trabajo artístico y asimetrías territoriales persistentes. Desde un enfoque técnico-jurídico, esto interpela directamente a los marcos normativos estatales y sectoriales, que suelen centrarse en la promoción de actividades sin atender de manera integral la gobernanza, la sostenibilidad y la rendición de cuentas del ecosistema cultural.

Uno de los aportes más relevantes del informe es su énfasis en los derechos culturales como eje operativo y no solo declarativo. Para las instituciones públicas, esto implica pasar de políticas de oferta a políticas de garantía: asegurar condiciones para la libertad artística, la diversidad de expresiones culturales, la participación social y el acceso equitativo, particularmente en contextos subnacionales donde la centralización sigue siendo la regla. En términos administrativos, se traduce en revisar atribuciones, simplificar trámites, fortalecer instrumentos de fomento y articular políticas culturales con desarrollo social, económico y territorial.

El informe también introduce un punto crítico para el diseño programático: la economía creativa no puede abordarse únicamente desde la lógica del mercado. Sin regulación, sin protección laboral y sin políticas fiscales y de financiamiento adecuadas, la creatividad se vuelve un recurso explotable más, no un motor de desarrollo sostenible. Para los gobiernos estatales, esto exige alinear planes sectoriales, presupuestos y marcos legales con estándares internacionales, particularmente la Convención UNESCO 2005.

Repensar las políticas culturales, como propone la UNESCO, no es un ejercicio retórico. Es una tarea técnica y política que demanda capacidad institucional, coherencia normativa y voluntad de asumir la cultura como un bien público estratégico, con obligaciones claras para el Estado y efectos medibles en la vida cultural de la población.

Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Quadratín.