Ráfagas: Voracidad panalista
PACHUCA, Hgo., 22 de agosto de 2016.- Desesperados ante su incierto futuro laboral, algunos servidores públicos estatales de primer nivel aseguran su futuro económico y el de sus familias, sabedores de que la guillotina les llegará después del 5 de septiembre cuando se renueve el Poder Ejecutivo.
Ejemplos sobran del llamado “Año de Hidalgo” implementado por algunos servidores públicos en la recta final del actual gobierno; otros (muy contados) fueron destituidos en medio de la sospecha de haber incurrido en desvíos millonarios, razón por la cual se abrió una investigación a nivel federal.
Un ejemplo palpable de esta corrupción y de desvíos millonarios se da en la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) encabezada por Miguel Ángel Cuatepotzo Costeira, aunque quien realmente manda y manipula ahí, es el sub secretario de Administración y Finanzas, Pablo Pérez Martínez.
Resulta que en días pasados, unos “recomendados” llegaron hasta las oficinas de la SEPH para cerrar los trámites y adquirir más de una concesión para tiendas escolares en el municipio de Tula de Allende.
El asunto no tendría nada de extraordinario de no de ser porque estas dos personas cometieron la indiscreción de revelarle a la secretaria que les recibió sus documentos, que eran sobrinos de la contralora interna de la SEPH, Mirna Suárez Zarco.
“Venimos de parte de ella”, soltaron a la recepcionista a modo de presión para que acelerara sus trámites; el resto de trabajadores que se encontraban en dicha oficina fueron testigos de la petición de los familiares de la contralora.
En menos de tres meses, la dirección de Tiendas Escolares cambió titular en tres ocasiones, luego de la salida de Ricardo Zárate Rodríguez en mayo pasado se designó a Amelia Mota Ángeles, quien fue despedida un mes después al ser exhibida pidiendo moches de hasta el 50 por ciento a los concesionarios, y en su lugar se nombró a Arturo Almaraz, quien tras su llegada se les rescindió el contrato a varios concesionarios que llevaban desde 5 años hasta más de dos décadas operado tiendas escolares en diversos municipios, lo cual incluso generó la inconformidad de los directivos de dichos planteles educativos.
Se desconoce quién o quiénes dieron la orden para quitarles las tiendas escolares a concesionarios que llevaban años en el negocio, aunque las evidencias apuntan que estas serán operadas a partir de ya por familiares y amigos de funcionarios de primer nivel que se están despachando a lo grande ante el fin de sexenio.
Twitter: @AlexGalvezQ