Los desarrollos in-house como opción ante restricciones presupuestales

La Tercer Columna

El desarrollo tecnológico y la innovación son elementos fundamentales que han logrado ser efectivos para alcanzar la competitividad internacional, regional, nacional o local y, con ello, obtener crecimiento económico, sustentabilidad ambiental, bienestar social así como la creación de alto valor público.  Los gobiernos, no importando el nivel del que hablemos, que han logrado desarrollar y utilizar estas herramientas, hoy en día cuentan con una amplia ventaja tecnológica para mejorar las condiciones socioeconómicas y de sustentabilidad de sus ciudadanos y de la población en general.  En un mundo globalizado es preciso reconocer que los gobiernos deben adaptarse y seguir el ritmo que han marcado las potencias mundiales, pero, ¿qué medidas están tomando los líderes políticos y gobernantes  ante un panorama de innovación tecnológica gubernamental de gran escala?

Bajo este contexto, donde el ahorro en el gasto público es parte de la realidad que vivirán las entidades públicas, pero considerando que no se deben detener los esfuerzos iniciados en términos de innovación pública para la creación de valor público, es imperativo que las instituciones rediseñen sus procesos para impulsar -aún más- y promover -en mayor medida- el diseño e implementación de desarrollos tecnológicos internos, tradicionalmente denominados “in-house”, con el objeto de adaptarse al contexto y afrontar los desafíos que representa el hacer más con menos o, en algunos casos, con prácticamente nada,  para garantizar puntualmente la atención de las necesidades de la población.

Las organizaciones deben volver la mirada al recurso humano de tecnologías de la información (TI) al interior de las organizaciones, establecer esquemas de capacitación y fortalecimiento de habilidades para reactivar el motor de la innovación y el desarrollo propio, aprovechando la gama de herramientas libres de desarrollo que existen actualmente y que son notoriamente mayores en comparación de hace 30 años, así como darle cara al reto de, interinstitucionalmente, crear soluciones que tengan como pie de crecimiento la interoperabilidad y la replicabilidad dentro del sector público, bajo la premisa de la transferencia de tecnología e innovación intragubernamental.

En este escenario surgen organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que dentro de los procesos de asesoría y propuestas estratégicas que integran su portafolio integra el concepto de Compra Pública de Innovación (CPI) (BID, 2016)^[1], que se ha convertido en una herramienta de política pública que utiliza el poder de compra del Estado para estimular la innovación, el desarrollo tecnológico y la creación de ecosistemas de innovación para generar valor público. Cabe señalar que Chile y México ya han emprendido iniciativas orientadas bajo la CPI.

La CPI determina cuatro factores clave que deben seguirse para lograr un ecosistema de innovación exitoso, los cuales han sido denominados la “teoría de las 4D”, y que deben estar presentes en los desafíos de innovación de las instituciones públicas de los países latinoamericanos.  La teoría de las 4D está conformada por los siguientes factores:

1.- Decisión – claridad por parte del tomador de decisiones de la entidad pública sobre la aplicación y beneficios de la CPI;

2.- Disposición – generar una “actitud CPI”, es decir, contar con un equipo comprometido, convencido, habilitado y capacitado, para diseñar y ejecutar un proceso de innovación o desarrollo tecnológico dentro del sector público;

3.- Definición – definir una metodología enfocada en la innovación con sentido; en otras palabras: planificar, gestionar y evaluar las iniciativas de innovación pública, y;

4.- Dinero – contar con el fondeo necesario y suficiente para la puesta en marcha de iniciativas de innovación pública bajo los criterios de CPI.

Es precisamente en este último factor que centramos nuestra atención, ya que, debemos reconocer que los presupuestos son considerablemente menores año tras año.  Esta reducción se fundamenta en los lineamientos de racionalidad y austeridad presupuestaria, la cual establece en el acuerdo sexto, número VII, ”Los nuevos proyectos quedarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria, conforme al acuerdo correspondiente de los Órganos de Gobierno”.

Finalmente, es de suma importancia mencionar que en México es imprescindible incrementar el nivel de inversión, tanto pública como privada para fortalecer los desarrollos tecnológicos y de innovación que propicien una economía sustentable en este sector, ya que, es innegable la relación entre la economía, la competitividad y el ecosistema de innovación; actuar en sentido contrario, limita nuestra ventaja competitiva y como consecuencia disminuye nuestro valor tecnológico e incrementa nuestra dependencia en este factor crítico del éxito de las políticas públicas y la generación de valor social.

Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Quadratín.