Miscelánea, salud y política / Tragedia migrante

Si fuera la patria como una madre cariñosa que da abrigo y sustento a sus hijos, si se les diera tierras y herramientas para sembrar, nadie abandonaría su patria para ir a mendigar el pan a otros países en donde se les desprecia y se les humilla: Librado Rivera

La política migratoria del gobierno mexicano en los últimos cuatro años pasó de la invitación abierta a extranjeros para inmigrar a México, con promesas de trato humanitario y empleo, a la persecución policiaca, trato delincuencial e inhumano, secuestro, violencia sexual, robo y muerte.

El incendio en la Estancia Provisional Migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, la madrugada del 28 de marzo, con saldo de 39 migrantes muertos y 29 heridos, «es consecuencia de las restrictivas y crueles políticas migratorias que comparten los gobiernos de México y Estados Unidos», sentenció Amnistía Internacional.

Y no hay evidencia que la contradiga. Lo vimos en un desgarrador video: tres de los trabajadores de la «estancia» que operaba como celda, corren para proteger su vida y dejan en estado de indefensión a 68 migrantes encerrados tras las rejas, en un espacio donde llamas y humo dan cuenta de un incendio. Nada hacen los empleados en el exterior para abrir la puerta con candado.

¿Por qué procedieron de esa manera inhumana los trabajadores? Cientos de organizaciones defensoras de derechos humanos esta vez coinciden en culpar al gobierno mexicano cuando menos de negligencia, y le exigen una investigación a fondo y transparente de los hechos para castigar a los responsables.

No nos conformemos porque se enjuicie y castigue a chivos expiatorios, quienes generalmente son empleados de más bajo nivel jerárquico, hay que seguir la cadena de mando y llegar a los funcionarios superiores, recordemos que el Instituto Nacional de Migración es operado en la mayoría de los estados de la República por militares, como es el caso de Chihuahua, donde el contraalmirante Salvador González Guerrero es el titular del INM en esa entidad.

La presencia militar en el control migratorio ha sido ampliamente cuestionada por activistas de organizaciones debido a que no sólo no se han controlado los actos de corrupción y los abusos de los agentes migratorios, sino van en aumento, debido a que la formación castrense por su propia naturaleza de defensa de la soberanía y territorio nacionales no contempla temas de respeto a los derechos humanos. Un defecto más de la militarización del país.

Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa mañanera culpabilizó a las personas migrantes de los hechos, pues dijo que cuando supieron que serían deportadas prendieron fuego a los colchones. Hoy, luego de la andanada de críticas por la política migratoria de su gobierno y su posición personal, mostró cierta empatía con las víctimas al ofrecerles condolencias a sus familiares y comprometerse a actuar en contra de los responsables y hacerlo de manera justa.

Los asuntos migratorios figuran como tema de creciente importancia en la compleja relación bilateral México-Estados Unidos, desde mediados del siglo XX, siempre con desventajas para nuestros connacionales, especialmente ante el flujo creciente de emigrados que figuran en la economía estadunidense como trabajadores indocumentados.

Actualmente el problema presenta otras características globales y regionales. El detonante del aumento coincide con el intento del entonces bisoño mandatario López Obrador de convertirnos en atractivo migratorio y paraíso regional de los derechos humanos y laborales. Luego nos arrasó la realidad de ser el vecino vulnerable del principal receptor mundial del flujo migratorio internacional. De acuerdo a registros históricos de Naciones Unidas, Estados Unidos duplicó la cantidad de inmigrantes que alberga en los últimos 25 años, pasó de 23,3 millones en 1990 a 46,6 millones en la última medición de 2015.

El gobierno mexicano tuvo que ceder a las presiones del presidente Donald Trump, y aceptó convertirse en el «tercer país seguro» en los hechos, sin acuerdo ni apoyos concretos a cambio, sólo para evitar la imposición unilateral de aranceles a sus exportaciones. Esta política se ha mantenido con el gobierno del presidente Joe Biden.

México aceptó frenar con elementos de su Ejército, apostados en su frontera sur, la migración masiva hacia la Unión Americana y alojar en municipios fronterizos del Norte a quienes esperan respuesta a sus anhelos de vivir el sueño americano o son deportados por aquella nación, sumados a quienes llegan hasta aquí para ser repatriados a sus naciones de origen.

Poco después, el 20 de septiembre de 2019, entró en vigor un decreto presidencial, que creó con carácter transitorio la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria, presidida por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, encargada de coordinar políticas, programas y acciones gubernamentales en la materia. Sin embargo, administrativamente sigue dependiendo de la Secretaría de Gobernación.

Quizá lo anterior explique por qué el titular de Gobernación, Adán Augusto López, en entrevista con Joaquín López Dóriga de bote pronto se deslindó de la responsabilidad sobre el incendio: «eso le toca a Marcelo» dijo desmarcándose, en tanto que el canciller realizaba otra comisión presidencial ajena a su cargo –estaba en Nuevo León viendo dónde se establecerá Tesla–, luego informó que ya se presentaron ante la Fiscalía General de la República a los responsables. Qué eficiencia, ¿estarán todos los involucrados o se trata de cerrar pronto el asunto?

La detención migratoria se utiliza de manera sistemática como parte una estrategia que busca frenar la migración hacia Estados Unidos y Canadá, por ello las autoridades mexicanas han facultado a la Guardia Nacional en materia migratoria y han militarizado las fronteras.

Tan solo en 2022, las autoridades migratorias recluyeron al menos a 318 mil 660 personas en estaciones migratorias y expulsaron a más de 106,000, entre las que se siguen encontrando niños, niñas y adolescentes.

Estas detenciones, asegura Edith Olivares Ferreto, directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, se realizaron sin cumplir con los estándares de excepcionalidad, proporcionalidad, necesidad e idoneidad de la detención, ni con los más altos estándares relativos a condiciones de detención dignas, incluyendo la prohibición de hacinamiento y el contar con agua y alimentos suficientes.

Recordó que el pasado 15 de marzo de 2023, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México estableció que la reclusión de personas migrantes en centros de detención migratoria no debe exceder de 36 horas, periodo en el cual las personas deben llevar sus procesos en libertad. Esta resolución debe ser de urgente aplicación.

La política migratoria nacional enfrenta una crisis agravada por las excesivas demandas de vestido y sustento, vivienda o alojamiento de los migrantes en municipios fronterizos donde los gobiernos municipales y estatales presentan graves insuficiencias de recursos para atender estos requerimientos y por ello claman por ayuda del gobierno federal, muchas veces sin respuesta debido a la austeridad o fallas operativas. Y si a eso sumamos la presencia de la delincuencia organizada en esas zonas, pues hablamos de zonas minadas.

Tyler Mattiace, investigador de Human Rights Watch (HRW) México en declaraciones a EFE, afirmó: «es muy difícil explicar cómo mueren 38 personas en un incendio en un centro de detención migratoria sin que haya una gran negligencia criminal por parte de las autoridades mexicanas». La pregunta que debemos hacernos todos es: ¿qué hará el gobierno para evitar que esto se repita?

Es realmente doloroso este drama que involucra a personas que huyeron de sus países de origen para buscar protección internacional al enfrentar riesgos a su vida y otras violaciones a sus derechos humanos, y es inadmisible que en la búsqueda de un mejor destino sufran de tratos crueles e inhumanos. que les cueste la vida, como ocurrió con las 39 víctimas en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Lamentablemente esta tragedia no es un incidente aislado, en 2010 el cartel de Los Zetas asesinó a 72 migrantes, y desde entonces se han presentado seis casos con pérdidas de vidas. Por eso creo que es momento de decir ya basta, corrijamos errores u omisiones, especialmente si se trata de políticas públicas, evitemos que se conviertan en horrores para más seres humanos y sus familias, en detrimento de nuestra nación.

Es deseable que el gobierno se avoque a enfrentar la problemática migratoria que amenaza el futuro del país y busque el diálogo con Estados Unidos y Canadá, sus socios comerciales, para acordar una política común que respete los derechos humanos de las personas migrantes.

Y, sin dilación alguna, debe implementarse la aplicación en los centros migratorios del país de la reciente decisión de la SCJN para acabar con detenciones arbitrarias de migrantes, así como empezar con establecer protocolos de actuación del personal del INM frente a posibles siniestros, entre otros.

Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Quadratín.